Como señalamos en la presentación de este dossier, los días 16, 17 y 18 de diciembre, se llevará a cabo en París el congreso fundacional de una nueva organización revolucionaria en Francia. A continuación presentamos la traducción de las principales partes de uno de los documentos del congreso, en el cual se abordan las coordenadas de la situación económica y política de Francia en la actualidad en el marco de la guerra en Ucrania, así como los diversos procesos que se vienen desarrollando en la lucha de clases, y los principales fenómenos políticos que atraviesan la situación por derecha y por izquierda.

Como el resto de Europa, Francia ha sido golpeada por la crisis económica y el agudizamiento de las tensiones entre potencias en el marco de la guerra en Ucrania. Esta situación ha agravado los elementos del declive de su poder. Por ejemplo, su posición en Europa, que ha sufrido el contragolpe del vuelco alemán hacia una política cada vez más unilateral. Este cambio de estrategia ha sido simbolizado por la decisión de Alemania de remilitarizar el país. El refuerzo de Alemania en el plano político internacional no solo pone en duda el rol de Francia como líder europeo en el terreno militar, también debilita el eje franco-alemán que era un punto de apoyo esencial para la influencia francesa en Europa.

La inestabilidad mundial aumenta mientras el régimen francés sufre una profunda crisis política, que muestra las contradicciones del intento de resolver la crisis de hegemonía por parte del macronismo en 2017. Beneficiándose de acusaciones recibidas por el candidato de UMP François Fillon (candidato de la derecha francesa) y el hundimiento del Partido Socialista (PS), Macron supuso una solución de recambio de la burguesía francesa frente al enorme descredito que sufría el bipartidismo PS-LR, que había estructurado la vida política durante más de 40 años. Su mandato prometía asegurar una serie de contrarreformas destinadas a corregir el atraso competitivo de la burguesía francesa de cara a su rival alemán: reforma de las pensiones, profundizaciones de los cambios de la ley del trabajo, continuación de las políticas de regalos a la patronal puesta en marcha por Hollande, continuar el giro bonapartista del régimen iniciado en 2014.

Enseguida, el proyecto nació marcado por una serie de importantes contradicciones. Si el macronismo ha permitido reunificar políticamente la burguesía y las capas superiores de la pequeña burguesía (cuadros superiores de empresas y profesiones liberales), su base social de partida era muy minoritaria, excluía a las clases populares y sectores de las clases medias. Además, este “bonapartismo débil” se desgastó rápidamente por las distintas explosiones sociales que provocó (de la huelga de los ferroviarios en 2018, la lucha contra la reforma de las pensiones, al movimiento de los Chalecos Amarillos, que ha constituido el pico de estas tendencias), así como las distintas crisis que ha tenido que afrontar, incluyendo la pandemia.

Este desgaste del macronismo ante las pruebas de lucha de clases muestra las dificultades estructurales de estabilizar un bloque hegemónico que apoye la transformación neoliberal “hasta el final” del modelo socioeconómico francés. En 2022, esto se ha traducido en el resultado de Renaissance (marca electoral macronista) en las elecciones legislativas, una humillación histórica tras una reelección ganada gracias al voto del cordón sanitario contra la extrema derecha. El inicio del quinquenato está marcado por esta profunda crisis política, frente a la que el macronismo busca una forma de aplicar su programa para evitar un inmovilismo con múltiples implicaciones económicas, con un endeudamiento público que aumenta y una fuerte presión de los mercados financieros, y también presión política, con rivales a la derecha buscando imponerse como posibles sucesores.

Debido a esto, el gobierno se apoya en varios elementos. Para empezar, en los mecanismos más bonapartistas del régimen de la V República, empezando por el artículo el 49.3 de la Constitución (que da al gobierno el poder de aprobar una medida sin someterla a votación del Parlamento), que permite aprobar proyectos esenciales como el Presupuesto. Además, se dan alianzas en la Asamblea Nacional con la derecha y la extrema derecha, que le han permitido aprobar su ley del poder adquisitivo antes del verano y su reforma del paro en primera votación. No obstante, el reciente voto de RN (Rassemblement National, encabezada por Marine Le Pen) a una moción de censura de la NUPES (Nueva Unión Popular Ecológica y Social liderada por Jean-Luc Mélenchon) muestra hasta qué punto el equilibro actual es frágil y este modo de gobernar precario. Si la derecha se comprometió a no votar las mociones de censura fue por miedo a una profundización de la crisis política que pudiera aumentar las explosiones sociales, pero también por una incapacidad de capitalizar una disolución de la Asamblea Nacional actualmente, un cúmulo de circunstancias podría abrir la posibilidad a una caída del gobierno y una crisis institucional.

Frente a estas contradicciones, Macron aspira a una alianza solida con los Republicanos, apoyada también por Nicolas Sarkozy, que permitiría una mayoría presidencial estable. No obstante, dicha alianza ha sido rechazada por ahora por los dirigentes de LR que ven en ella el riesgo de disolución. En caso de una profundización de la crisis, un traspaso de cuadros de la derecha a la órbita macronista no se puede excluir, aunque la debilidad de Macron por el momento hace poco probable este escenario, e incluso que dicho traspaso sea suficiente para estabilizar el macronismo. En general, lo que predomina “por arriba” es la inestabilidad y la crisis política. Esta podría acelerarse brutalmente en los próximos meses, con la posibilidad de disolución de la Asamblea, mientras que el espectáculo de la fragilidad del macronismo, empeñado en su voluntad de hacer pagar la crisis a las clases populares y de imponer contrarreformas, abre brechas por debajo.

Frente al temor de las calles: diálogo social y ofensiva autoritaria

La crisis política actual limita los márgenes de maniobra del macronismo en caso de acentuación de las tensiones sociales. Ahora bien, esta perspectiva enmarcada en la situación constituye la principal preocupación del gobierno y de la burguesía francesa, traumatizada por el movimiento de los Chalecos Amarillos. El apoyo de los Republicanos a Macron en la Asamblea y las futuras decisiones de la derecha deberían leerse no solo desde el punto de vista de tácticas parlamentarias, sino también de intereses estratégicos de la burguesía en evitar agravar la crisis institucional. Especialmente porque si la derecha, el gobierno y el MEDEF (principal sindicato patronal del país) convergen en la necesidad de avanzar en las contrarreformas, en un clima de crisis donde la cuestión de los salarios está presente y donde un clima anti-ricos hace difícil llamar a la “sobriedad” o la “austeridad”, son todos conscientes del peligro.

A lo largo de su primer quinquenato, Macron ha respondido al aumento de la lucha de clases con un salto en la ofensiva autoritaria. Este se ha traducido en un aumento de la legislación que extendía el margen de maniobra de las fuerzas represivas (Ley de seguridad global, plan nacional de mantenimiento del orden, el proyecto nacional de mantenimiento del orden, proyecto para doblar la presencia policial en el terreno en diez años), el aumento de la represión a la protesta social, la inscripción en la ley de 2017 de disposiciones del estado de urgencia o la sistematización del uso de modos de gobernanza de excepción como los de los Consejos de defensa para gobernar.

En paralelo, Macron, elegido en torno a un perfil liberal en el terreno religioso, ha buscado enzarzarse rápidamente en una ofensiva islamófoba (con la ley del separatismo y la disolución de organizaciones musulmanas y antirracistas) y xenófoba con el endurecimiento de la política migratoria. Estos ataques racistas han constituido un salto en la islamofobia de Estado con el objetivo de polarizar el debate político alrededor de la cuestión del Islam y ampliar la base social del macronismo hacia la derecha tradicional. Estas políticas han jugado un rol en el reforzamiento de la extrema derecha y la emergencia de un fenómeno como la candidatura de Eric Zemmour, y se continuarán e incluso se amplificarán pronto bajo la egida de Darmanin, un ministro de Interior fanático y candidato a suceder a Macron.

Al mismo tiempo, tras haber hecho frente a las consecuencias por haber eludido al rol de los cuerpos intermediarios [1] al principio de su primer mandato, Macron ha intentado desde las legislativas formular un “nuevo método” que le permita ampliar sus apoyos y poder gobernar desde la derecha. Por ahora, el símbolo de esta política, el Consejo Nacional de la Refundación, que ha dado lugar a debates sobre la Sanidad o la Educación en el próximo periodo, ha sido un fracaso. Pero, en paralelo, el gobierno ha tratado también de revivir el “dialogo social” para poder apoyarse sobre las direcciones sindicales. Estas aceptaron en un primer momento el marco de las concertaciones sobre la reforma de las jubilaciones. Sin embargo, la debilidad del macronismo y la importante rabia social hacía costoso a las direcciones sindicales sentarse a negociar, como expuso el volantazo de la CGT sobre las “concertaciones” tras la huelga de las refinerías.

Las tensiones que teme actualmente no pueden más que acrecentarse con las consecuencias de la crisis sobre la clase obrera que podría transformarse en crisis social con la próxima recesión. Tensiones que no solo se dan en la clase obrera, sino que golpean también de lleno a las clases medias, enfrentadas a un miedo a la pauperización que podría aumentar próximamente. Una fuerte subida de la lucha clases aparece ahora como perspectiva creíble en el corto y medio plazo, y eso no hace más que inquietar al gobierno.

Tras la pandemia, una fase de la lucha de clases marcada por la multiplicación de conflictos dispersos

Hasta el final de 2019, Francia se encontraba inmersa casi anualmente en grandes conflictos nacionales; en marzo de 2020, la pandemia del Covid-19 interrumpió esta sucesión de grandes movimientos. Durante estos dos últimos años, la lucha de clases se llevaba a cabo al nivel de empresa, de forma aislada, con tres fenómenos principales.

Por un lado, luchas por el cierre de fábricas no esenciales y por las condiciones de trabajo frente al virus durante el primer confinamiento, a las cuales podríamos sumar luchas por protocolos sanitarios en la educación nacional. A continuación, movilizaciones contra las supresiones de empleo (Daher, TUI France, Grandpuits, AAA, Cargill, Cauquil, SKF, etc.). Posteriormente luchas por el salario, al principio por obtener primas en sectores con bajos salarios, después para aumentos de salarios, que se han extendido con el aumento de la inflación.

Estos movimientos han puesto en pie amplios sectores de la clase obrera: obreros del sector privado de la gran distribución (Carrefour, Décathlon, Auchan, Sephora, etc.) y de la industria (tercerizadas de la aeronáutica, agro-alimentaria), que habían sido globalmente externos a los grandes movimientos de la lucha de clases entre 2017 y 2020, pero también de obreros de “servicios esenciales” públicos o para-públicos, en los transportes (RATP, Transdev, SNCF), la limpieza (basureros en París, Marsella, Toulouse, Poitiers o Valenciennes) o de la energía (EDF, RTE), y finalmente de la educación y la sanidad pública.

Alrededor de los salarios, de manera emblemática, la dinámica de la movilización comenzó por los sectores en primera línea durante la pandemia después del primer confinamiento, en las empresas del sector privado poco habituadas a conflictos (Décathlon, Leroy Merlin, subcontratas de la aeronáutica). Como señalamos recientemente, se pusieron en pie “sectores de trabajadores que en muchos casos realizan su primera huelga, especialmente en el sector privado” sobre bases reivindicativas limitadas al mantenimiento de los salarios frente a la inflación, y de manera desincronizada a lo largo del país. Estas luchas se han extendido progresivamente a sectores públicos más estratégicos, pero de forma dispersa, especialmente en la SNCF y la RATP. Posteriormente, han llegado recientemente a empresas estratégicas del sector privado, como el automóvil (Stellantis), el transporte aéreo (Aeropuerto de Roissy y sus subcontratas) y la petroquímica.

A pesar de su heterogeneidad, estos movimientos comparten una serie de características comunes. Para empezar, estas luchas han estado marcadas por elementos de espontaneidad, con huelgas impuestas a veces desde la base y poniendo en movimiento a sectores y empresas poco habituadas a la pelea, creando huelgas inéditas, en especial en el sector de las subcontratas de la aeronáutica. Después, estos movimientos se dan especialmente sobre un terreno defensivo, con reivindicaciones ligadas a combatir la inflación para no perder salario. Finalmente, son movilizaciones aisladas, sin intentos de coordinación, y que por tanto han tenido corta duración.

Sin embargo, su surgimiento en los últimos dos años muestra elementos de recomposición subjetiva de la clase. Sobre esta perspectiva, la política audaz de la Unión Local de la CGT Roissy, preparando una huelga por toda la plataforma incluyendo las subcontratas, muestra la aparición de elementos de vanguardia que muestran una disposición a métodos de lucha ofensivos, que chocan fuertemente con la pasividad instaurada por la dirección de CGT.

La huelga de los refineros: una movilización reconductible que pone sobre la mesa el método de la huelga

Inscribiéndose en la continuidad de estas dinámicas, la huelga en el sector petroquímico ha supuesto un salto en la vuelta al curso político, con una larga lucha en un sector de la aristocracia obrera con un fuerte poder de bloqueo que ha puesto al gobierno en dificultades.

Frente a la inflación, los trabajadores de ExxonMobil y Total han confrontado en común a las patronales milmillonarias, inicialmente en lo que concierne a los famosos “superbeneficios” que han aparecido en el debate público de los últimos meses. Una cólera frente al desprecio de la dirección que ha provocado el inicio de estos movimientos de huelga reconductible [2] en ambas empresas. En ExxonMobil, la huelga reconductible surgió de la base el 20 de septiembre frente al rechazo de la dirección a aceptar la reivindicación de un aumento del salario del 7,5 %. Muy rápidamente esto provocó el bloqueo de dos refinerías francesas, de la empresa en Seine-Maritime y en Fos-Sur Mer. En Total, los tres días de huelga convocados el 27 de septiembre por la CGT en continuidad de la huelga del 24 de junio para el conjunto del grupo acabó en una huelga reconductible y el paro de la refinería de Normandía, la principal del país.

Las empresas presentan tradiciones de lucha distintas. En ExxonMobil, la refinería no se paraba desde 1993 y la huelga ha sido espontánea, alrededor de una reivindicación de aumento de salarios para 2022 un poco superior a la inflación (7,5 %). Total, que ha tenido un rol motor en múltiples conflictos nacionales, en particular en 2010, tiene por el contrario un largo historial de luchas, y la CGT Total forma parte de la FNIC, sector opositor dentro de la CGT, que se implicó en el movimiento, en parte con la voluntad de visibilizarse a unos meses del congreso confederal.

La capacidad de bloqueo de los refineros en un marco de largas huelgas reconductibles ha generado problemas durante tres semanas a la economía. En el punto álgido de la huelga, el 31 % de los depósitos de combustible no tenían ni gasoil ni gasolina y el 47 % de las gasolineras de servicio estaban fuera de servicio. Una escasez de combustible inédita desde 2010, que ha puesto al gobierno a la defensiva al mismo tiempo que ha puesto sobre la mesa la cuestión de la huelga y el bloqueo de la economía en el centro de las discusiones sobre el movimiento obrero, como fue el caso en su momento de la huelga de transportes durante la lucha contra la reforma de las pensiones el invierno 2019-2020.

Sin embargo, y es necesario remarcarlo, si la fuerte correlación de fuerzas creada por los huelguistas ha abierto una brecha por la lucha por los salarios, ha desembocado en el plano reivindicativo con un resultado moderado, con una victoria parcial que no permite recuperar todo lo perdido en 2022 debido a la inflación. Desde este punto de vista, el rol del gobierno y de los sindicatos traidores ha sido decisivo. Tras haber negado la escasez, el gobierno buscó tomar el control de la situación intentando reventar la huelga desde el exterior aumentando la importación de combustible. Frente a la determinación de los huelguistas, el gobierno buscó resolver la crisis a través del “diálogo social” y las requisiciones.

Contra las huelgas dirigidas por CGT, la solución de las direcciones de Exxon y Total han sido en efecto hacer acuerdos a la mínima con organizaciones “reformistas” y de directivos para cortarle los pies a la huelga y justificar la represión. Esta última ha sido llevada a cabo por el gobierno a través de las requisiciones de huelguistas, medida bonapartista que ha sido ratificada por los tribunales administrativos y que ha permitido desmoralizar a los huelguistas al privarles de una parte de su poder de bloqueo. El rol de la CFDT (Confederación Francesa Democrática del Trabajo), cuyo secretario general se ha opuesto abiertamente a la huelga, ha sido decisivo. No obstante, la ofensiva gubernamental también aprovechó una serie de limitaciones de las huelgas.

El balance de la dirección de la huelga y la necesidad de una política hegemónica en el movimiento obrero

Discutir el balance de la huelga de los refineros implica recordar no solo la política de las direcciones sindicales, sino también los límites que ha tenido la dirección de la huelga. Si la huelga de los refineros ha polarizado objetivamente la situación debido a la posición estratégica de los huelguistas, estos últimos no se han dotado de una política que les permitiera posicionarse subjetivamente a la cabeza de una generalización del movimiento. Con esto no solo habrían facilitado a la obtención de sus reivindicaciones, sino que también podrían haber arrancado demandas para el conjunto de los trabajadores.

Sin embargo, especialmente en Total, la estrategia de la huelga ha permanecido in fine en una lógica de “presión”, polarizada por el objetivo de abrir las negociaciones. En lugar de encontrar medios para construir la correlación de fuerzas a lo largo del conflicto, sobre el terreno de la huelga pero también en los medios o construyendo alianzas políticas, esta estrategia ha llevado a ceñirse a los elementos iniciales de movilización, terminando por aceptar un marco de “negociación” parcial en las condiciones deseadas por Total. Como en ExxonMobil, esto ha dado luz a un acuerdo que desarma a los huelguistas. Incluso en el momento de las requisiciones, la dirección de la huelga, declarando estar en contra de este enorme ataque, no ha tratado de aumentar la correlación de fuerzas, intentando por ejemplo preparar a los huelguistas para este problema o llamando a ampliamente a otros sectores a oponerse, inclusive físicamente, a las requisiciones.

Siguiendo con esta lógica, la dirección de la huelga no ha llevado adelante una política hegemónica. A lo largo del movimiento, los refineros han hecho huelga sin dirigirse a la población y a otros sectores. Una decisión consciente por parte de un sector corporativista de la dirección de CGT Total ayudado por una falta de interés por esta cuestión de otra parte de esta, lo que ha permitido marginar a un tercer sector, favorable a dicha política, que hemos encarnado junto a otros. Si los dirigentes de la huelga han podido responder a las mentiras de la dirección de Total o dirigirse muy puntualmente al sector del automóvil, en ningún momento se han dotado de una política activa para generar un espíritu solidario con los refineros: intervenciones en los platós de televisión con discursos no corporativistas, dirigiéndose a la población, acciones simbólicas, llamados a la solidaridad financiera.

El rechazo a dicha política está ligado a elementos de corporativismo de las direcciones de la huelga de la CGT Total y de la CGT ExxonMobil. Ahora bien, esta limitación ha dejado el campo abierto al gobierno y a la patronal de la petroquímica para atacar a los huelguistas una vez que los acuerdos mayoritarios han sido firmados, mientras que un apoyo espontáneo a los huelguistas se daba en el país y podría haber sido la base de una política alternativa. En ese momento donde los superbeneficios generaban rechazo y frente a gigantes como Total y Exxon, existía un espacio para dicha política que habría permitido a la huelga extenderse y plantar cara a la ofensiva del Estado. Una gran victoria de las huelgas de los refineros habría permitido inspirar huelgas radicales por los salarios en más lugares al dar un ejemplo al conjunto de la clase obrera.

El muy débil nivel de auto-organización no ha facilitado el desarrollo de estas políticas o de estrategias alternativas a la dirección de la huelga, encerrando a los huelguistas en una cierta pasividad. A lo largo de la huelga, no ha habido acciones simbólicas, ni presencia significativa en las manifestaciones del 29 de septiembre y el 18 de octubre (con excepción de los refineros de Normandía en la manifestación de Havre) ni tendencias al desbordamiento en el momento de las requisiciones en ExxonMobil Gravenchon o Total Flandres, donde los refineros de Total, aparte de los de Normandía que lo intentaron parcialmente, no han llevado una política ofensiva de coordinación con los de ExxonMobil, que podría haber sido la palanca para mantener a los huelguistas de este centro en la lucha.

La ausencia de estas iniciativas ha sido perjudicial para los refineros, pero también para el conjunto de la clase obrera, ya que una política de solidaridad con la huelga podría haber sido el punto de salida de una llamada a la extensión del movimiento alrededor de un programa de reivindicaciones que desborde el límite de los conflictos por empresas. La popularidad de la caja de resistencia de ExxonMobil que ha recogido más de 50.000 euros, o el eco de las intervenciones de Adrien Cornet sobre los salarios de los refineros, muestran que tal espacio existía y que una política más amplia de solidaridad se habría beneficiado de un importante espacio. Sn embargo, la dirección de la huelga no ha jugado dicho rol, que habría permitido tejer lazos con otros sectores, dirigirse a los trabajadores más precarios y ejercer presión sobre las direcciones sindicales.

Las direcciones sindicales frente a las contradicciones de la situación

El anuncio de diversas convocatorias por parte de la dirección de CGT rompió con dos años en los que, tras haber permanecido pasivos frente al cierre de fábricas y a lo más duro del Covid, las direcciones sindicales no habían llamado más que a jornadas de acción espaciadas en el tiempo a lo largo de meses. Durante un año de huelgas locales por los salarios, nunca propusieron un plan que buscase hacer converger la rabia, adaptándose en cambio al marco neoliberal de negociación individual de cada empresa.

Desde el punto de vista de la CGT, que mantiene una influencia mayoritaria en el movimiento obrero, esta secuencia de hechos pone a la luz sus contradicciones. Los llamados a la movilización sucesivos se explican en parte por la presión desde la base, pero también por la voluntad de la confederación de no aparecer demasiada pasiva comparado a otras federaciones opositoras, como la FNIC (federación de la industria química, que dirigió la huelga de los refineros), teniendo en mente el congreso confederal de marzo de 2023. Para dicha fecha, Martinez (actual Secretario General de la CGT) ha designado ya a Marie Buisson, dirigente de la FERC-CGT (Educación) y creadora del colectivo “Plus jamais ça”, cuyo perfil busca encarnar una CGT más abierta, en especial ecologista y feminista, contra el sector opositor que defiende líneas abiertamente más obreristas. Este último, a cuya cabeza se encuentra UD 13 y FNIC, ha lanzado reciente su propia web, unitecgt.fr, e inició en abril de 2021 un llamamiento “para una CGT a la altura de las circunstancias”, firmado por más de 1.200 dirigentes de la CGT. Defendiendo una postura radical, no representan en los hechos una alternativa a la dirección, de la cual reproducen orientaciones (corporativismo, llamamientos a jornadas aisladas de lucha, etc.).

Sin embargo, en un periodo de tensiones sociales exacerbada, la ruptura de las negociaciones ha probado que Martinez debía dar alguna garantía en el terreno de las luchas para imponerse ante una oposición que asume, incluso públicamente, su distanciamiento de la dirección confederal. Esta decisión podría conllevar a otros sindicatos a reposicionarse. Siguiendo el ejemplo del sindicato Solidaires, que si bien recorrió el camino del “dialogo social” en la anterior fase (firma del comunicado intersindical del 4 de octubre aceptando negociar con Macron las pensiones, diálogo con el ministerio de Educación Nacional durante la jornada de huelga del 13 de enero), busca ahora posicionarse como el ala pro-huelga reconductible tras el cambio de postura de CGT. Una postura que no busca realmente construir la huelga reconductible, sino dialogar contra la presión desde las bases, de cara a las próximas elecciones sindicales. Contradicciones que podrían también reforzarse en otros sindicatos, como Force Ouvrière. Este sindicato, más heterogéneo políticamente, oscila desde hace tiempo entre una posición CFDT o CGT. Tras el boicot a la manifestación del 29 de septiembre que fue una novedad, su dirección finalmente llamó al 18 de octubre –a pesar del rechazo público por parte de su principal federación, la metalúrgica–, a la participación. Esta última encarna un ala de colaboración de clase abierta, que se encuentra en ciertos sectores de FO, pero que podría verse presionada por la situación, como demuestra la huelga de Airbus en las cadenas de A320 donde el 70 % de los huelguistas eran afiliaos a FO, una huelga en contra de la voluntad de su sindicato.

Por parte de la CFDT, el posicionamiento público de su dirección, que expone las declaraciones brutalmente antihuelgas de Laurent Berger hacia los refineros, no han tenido aún una respuesta abierta. Sin embargo, las contradicciones de la base, especialmente en los sectores de la segunda línea donde se prevé una “revuelta”, no deben subestimarse. Mientras que Berger quedó en minoría en el último congreso sobre una cuestión clave, los delegados reafirmaron su oposición a todo atraso en la edad de jubilación; no es descartable que las tensiones internas no puedan exacerbarse –lo que explicaría su postura distante sobre la cuestión de la edad de jubilación– o los movimientos que se desarrollan en las empresas donde el sindicato está implantado.

Los giros bruscos de la CGT muestran, en todo caso, cómo en un contexto de crisis económica y de crisis de los cuerpos intermedios, exagerada por la puesta en marcha del CSE [3] desde 2020 y la línea dura de Macron durante su primer quinquenato, las direcciones sindicales tratan de orientarse y oscilan entre la colaboración abierta y la obligación de llamar a la movilización. Elementos de debilidad que pueden favorecer expresiones de rabia no controladas en las empresas y que abren el espacio para corrientes de la lucha de clases en los sindicatos.

La NUPES: una nueva mediación política y sus contradicciones

La constitución de la NUPES a iniciativa de Mélenchon constituye el intento de la izquierda institucional de capitalizar “de forma retardada” sobre la secuencia de la lucha de clases que, de la primavera de 2016 con el movimiento contra la Ley El Khomri (reforma laboral) a las huelgas y manifestaciones de 2019-2020 en defensa de las pensiones, así como las marchas por el clima y las movilizaciones contra la violencia policial, ha estado marcadas por un surgimiento de grandes movimientos sociales. El congelamiento de la lucha de clases durante el confinamiento ha ayudado a la Francia Insumisa (LFI) en este sentido. Para Mélenchon, el horizonte de la NUPES es construir una oposición parlamentaria e institucional, con la LFI a la cabeza, apostando en el corto y medio plazo por una profundización de la crisis política que llevará a la convocatoria anticipada de elecciones legislativas.

Al mismo tiempo, frente a la situación social, Mélenchon se ve obligado a hacer incursiones tácticas sobre el terreno social. Esto se expresa en las últimas semanas por la manifestación del 16 de octubre, que se anunciaba entre otras formas como un apoyo a las huelgas locales o a la huelga de los refineros. Estos elementos vienen a completar una estrategia parlamentaria que respondía a varios objetivos: por un lado, tomar la iniciativa tras el periodo electoral que no ha permitido a LFI consolidarse tanto como Mélenchon deseaba; posteriormente, ocupar de forma preventiva el terreno social en un momento donde este podría devenir explosivo rápidamente. Jean-Luc Mélenchon asume por tanto que no es posible contentarse con la lucha parlamentaria, y LFI ha probablemente hecho balance del 1.º quinquenato donde los episodios de la lucha de clases lo han dejado en un segundo plano de la política, en especial durante el movimiento de los Chalecos Amarillos que la LFI no pudo capitalizar.

Como se trata de permitir a Mélenchon aparecer como el principal opositor a Macron, este esfuerzo sobre el terreno social está acompañado de un rechazo, más o menos explícito, de los métodos tradicionales del movimiento obrero. El ejemplo de la huelga de los refineros es clave en esto. En plena promoción de la marcha del 16 de octubre, las principales figuras de LFI ignoraron abiertamente la huelga de los refineros durante las primeras semanas; Mélenchon trató de invisibilizar la huelga en los canales de televisión cuando se le preguntaba por la escasez de combustible. Finalmente, cuando el conflicto se nacionalizó y el gobierno comenzó a actuar, sus diputados realizaron un giro para posicionarse como los portavoces en medios de comunicación y en la Asamblea de la lucha de los refineros, sin por otro lado tomar en cuenta el programa de la huelga.

Si Mélenchon quiere jugar en ambos tableros, y movilizar como Aurélie Trovué la mitología reformista construida entorno al “frente popular”, la estrategia por ahora se basa menos en articular huelgas y luchas parlamentarias y más en presentar su apoyo a todas las formas de lucha, institucionales y sociales, subordinando las segundas a las primeras. En los hechos, esto lleva a rechazar objetivamente todo desarrollo autónomo de la lucha de clases y de las huelgas obreras y a oponerse a que la clase obrera se desarrolle como sujeto político hegemónico, capaz de tomar en sus manos, en alianza con el conjunto de los oprimidos, la lucha por un programa que haga frente a la crisis, al gobierno y también a todas las formas de dominación, y plantee la abolición del capitalismo.

Esta oposición pasa por mantener la división entre huelgas en las empresas, por un lado, y la lucha política –necesariamente parlamentaria e institucional para Mélenchon– por otra parte, pero también por diluir en el sujeto pueblo a los trabajadores. Mélenchon asume esta lógica tendiendo a formular y a teorizar, de forma ciertamente ambigua, una distinción entre “pueblo” que quiere movilizar y los “trabajadores” capaces de hacer la huelga. Una dilución que a veces llega a distinguir “trabajadores” de pueblo. En un texto reciente, Mélenchon expone: “la estrategia del Frente Popular es la que busca reunir en una misma movilización dos actores fundamentales que son el Pueblo y los trabajadores”, distinguiendo así entre dos actores y sus métodos, explicando que “el pueblo, formado por trabajadores, pero también por todos los demás. Tenemos el deber y la responsabilidad política de llamar a la lucha de las pensiones, de los desocupados, de los precarios, de los estudiantes de secundaria y de universidad. No son trabajadores, pero forman parte del pueblo”.

No es una coincidencia que las categorías “no-trabajadoras” asociadas al “pueblo” expuestas aquí constituyen una parte importante del electorado de Mélenchon en las presidenciales. El desarrollo del “pueblo” va, por otro lado, de la mano de un desinterés por la cuestión estratégica de unificación de la clase trabajadora. Mientras que los resultados de las presidenciales son elocuentes sobre la manera en que el voto de estos últimos se repartía actualmente entre la extrema derecha, la izquierda y la abstención, como mostró Jérôme Fourquet:

Se comenta como si el candidato “insumiso” se beneficiase de un mayor apoyo en los sectores más modestos y precarios, cuando Marine Le Pen toma ventaja en segmentos más incorporados de los sectores populares. El análisis por nivel de renta neto mensual confirma este diagnóstico, Mélenchon solo superó a su adversario entre las personas que ganan menos de 900 euros netos al mes, entre los cuales sin duda un gran número se benefician de ayudas al alojamiento; estos últimos son menos numerosos entre la capa que gana 1,300 euros y que vota menos a Mélenchon. A este clivaje económico y de estatus entre las clases populares, se añade en los asalariados un clivaje sindical. Mélenchon gana a Le Pen entre los trabajadores que se afirman cerca de un sindicato (35 % vs. 22 %), mientras que pierde claramente entre los que no simpatizan con sindicatos (19 % vs. 28 %).

A pesar de esta influencia de RN en ciertos sectores obreros, la falta de entusiasmo para resolver este problema central abre una brecha para que figuras como François Ruffin o Fabien Roussel, provenientes del norte de Francia, lo puedan aprovechar para defender la constitución de un bloque electoral más centrado en los obreros blancos, los “cabreados no fachas” y la necesidad de arrancar estos sectores a la extrema derecha. Un problema que estos últimos resuelven en un terreno electoralista, con una lógica a menudo reaccionaria, buscando obviar cuestiones como el racismo o las violencias policiales por parte de Ruffin, o tomando a favor elementos de discursos asociados a la derecha como la seguridad, la inmigración o las ayudas sociales por parte de Roussel. Este debate debería continuarse en los próximos años, e incluso reforzarse con los eventos de la lucha de clases así como de las próximas elecciones.

La organización: una cuestión no resuelta a propósito por parte de LFI

La orientación estratégica de LFI va por el momento de la mano con la renuncia a estructurar una organización que permita consolidar una base militante duradera. La hipótesis de un intento de avanzar sobre el terreno organizativo para consolidar la posición obtenida por LFI en la izquierda, estructurar una fuerza militante duradera y preparar el momento post-Mélenchon, terminando con la dirección “de camarilla” que permanece desde la creación de LFI, fue abierta tras las legislativas. Parece haber sido socavada por las orientaciones que han prevalecido en los últimos meses.

En este sentido, la propuesta formulada por Clémentine Autain de elaborar una “nueva etapa organizativa” buscando “ un equilibrio que permita mantener la capacidad de reacción, una capacidad de tomar iniciativas rápidamente, manteniendo en todo momento la mejor colegialidad de las decisiones y un mayor peso a escala local” no ha sido únicamente ignorada sino percibida como una ofensiva interna. Lo que prevalece por el momento es una voluntad de conservar fuerzas militantes en torno a las circunscripciones, lo que permite estar preparados para futuras elecciones, pero sin estructuración real, permaneciendo abiertos a dirigentes ad hoc “que unifican sindicatos, partidos y asociaciones” como señalaba Mélenchon.

Para ampliar sus apoyos en la sociedad y mantener movilizada a una parte de su base, LFI trata no obstante de estructurar una fuerza universitaria cooptando a la dirección de L´Alternative, federación de sindicatos estudiantiles de izquierda, y dirigiéndose de manera importante a la juventud estudiante con un giro en las universidades. Pero lo que prevalece mayormente son cooptaciones individuales, de figuras ecologistas (Alma Dafour de Amis de la Terre), feministas (Caroline De Haas), o alter-mundistas (Aurélie Trouvé de ATTAC), sin voluntad de construir mediaciones que permitan intervenir en el interior de las movilizaciones por el momento. Por otro lado, el declive actual del Parlamento de la Unión Popular, dirigido por Aurélie Trouvé, que constituía un intento de forjar una articulación entre LFI y los movimientos sociales, muestra cuánto esta no es una prioridad, y permanece limitada a una política electoralista.

Una dinámica que vuelve más frágil potencialmente a LFI, como demuestra el affaire Quatennens, donde el apoyo unilateral de Mélenchon tras la revelación de violencias conyugales, ha abierto una crisis interna. Este affaire, que sigue a otros ligados a violencias sexistas y sexuales en las organizaciones de la NUPES, ha sacudido tanto a LFI como a EELV, generando un repudio a Jean-Luc Mélenchon a escala de vanguardia y en la juventud y un enfriamiento del espíritu post-legislativas. En ausencia de competencia, la coalición formada en junio parece a pesar de todo mantenerse estos meses, con una predominancia del acuerdo estratégico entre fuerzas políticas a pesar de las divergencias tácticas internas. Actualmente, las principales dinámicas que recorren la NUPES son por tanto la consolidación de un núcleo de dirección hegemonizado por LFI en alianza con el Partido Socialista, un intento del PCF de existir a través de polémicas públicas pero sin romper con la NUPES, y un debilitamiento de los Verdes debido al affaire Bayou que afecta al secretario general de la organización.

Todo esto no quita las divergencias públicas, con el ejemplo de las diferentes mociones de censura sucesivas de LFI que no han sido apoyadas por PS o los Verdes, pero en todo momento dentro del marco de la coalición electoral. Desde este punto de vista, la perspectiva de una disolución de la Asamblea ayuda a mantener la coalición electoral. Por otro lado, hay que esperar y estar atentos a las dinámicas de los próximos congresos de ELLV (diciembre), PS (finales de enero) y PCF (abril) donde se expresaran las contradicciones de los sectores de estos partidos que defienden la independencia frente a LFI y/o un proyecto más liberal de centroizquierda, siendo estos últimos los más fuertes en el seno del PS. Las discusiones en torno a las elecciones europeas podrían también poner a prueba la alianza electoral.

Si las NUPES continúa siendo una conquista desde el punto de vista de la izquierda institucional que le ofrece una importante representación, y ha multiplicado la aparición de nuevas figuras en especial del lado de LFI, la lucha de clases en el próximo periodo podría poner a prueba a la coalición. Mientras que el Parlamento de la Unión Popular está gravemente debilitado y que el centro de gravedad de la NUPES es parlamentario, su capacidad de orientar los movimientos de protesta es limitado, sin un equivalente al de las antiguas organizaciones reformistas. Un hecho que no impide una canalización a posteriori de fenómenos de la lucha de clases, siguiendo el modelo chileno, y que subraya la actualidad de la batalla política contra la orientación defendida por la izquierda institucional.

Todos estos elementos permiten responder de forma clara a la pregunta planteada por la dirección mayoritaria del NPA en un reciente artículo: “¿La Francia Insumisa y la NUPES pueden jugar un rol clave en la construcción de las movilizaciones? ¿Los lazos tejidos entre militantes en el marco de las últimas elecciones legislativas podrían contribuir a ello?”, pero también a la idea de que habría una “reconstrucción de la conciencia de clase que opera a través del voto a Mélenchon”. Actualmente la construcción de “movilizaciones” permanece subordinada a manifestaciones desconectadas de la construcción de una correlación de fuerzas, en una lógica que, lejos de favorecer la reconstrucción de la “conciencia de clase”, tiende a trabajar activamente en la disolución de la centralidad de la clase obrera y su pasivización. Al mismo tiempo, LFI está lejos de ser el crisol de la reconstrucción de mediaciones de cara a confrontar con el gobierno y la patronal fuera del terreno parlamentario.

La extrema derecha en la crisis del régimen y la cuestión del “frente republicano”

En las presidenciales, Mélenchon pudo beneficiarse en parte del miedo suscitado por el crecimiento de la extrema derecha. Pero las elecciones legislativas han terminado con la explosión probablemente definitiva del “frente republicano” como política histórica de los partidos del régimen frente a la extrema derecha, con Renaissance rechazando tomar una orientación nacional en este sentido y colocando frecuentemente como “extremistas” a RN y a NUPES al mismo nivel. Una política que permite visualizar futuras coaliciones “a la italiana” con la extrema derecha. De la misma forma, el bloqueo “por abajo”, en el seno de una parte del electorado de izquierdas que, por anti-macronismo, se abstuvo masivamente en la segunda vuelta de las legislativas en los duelos entre Renaissance y la extrema derecha.

Ahora que las legislativas han dado un importante grupo parlamentario a la extrema derecha, con la victoria inédita de 89 diputados en la Asamblea, y que la extrema derecha se beneficia con la ofensiva autoritaria y racista del gobierno, como expresa el surgimiento de figuras como Zemmour con la cuestión del quinquenato de Macron, esta preocupación está lejos de desaparecer. Lo que prima en la izquierda y en la extrema izquierda ante la perspectiva de un retorno de la extrema derecha es la idea de que esta es un sinónimo de un retorno del “fascismo”. En la extrema izquierda, especialmente en el NPA, la conclusión de esta concepción –que confunde orientaciones ideológicas y la naturaleza del régimen–, es la predominancia de una lógica “malmenorista” que hace de la elección de reformistas un asunto prioritario a corto plazo y conduce a una subordinación política a su estrategia.

Contra estas concepciones, nosotros en 2017 y 2022 insistimos en el hecho de que la oposición entre Marine Le Pen y Macron no era una oposición entre fascismo y una forma degradada, incluso autoritaria, de democracia burguesa, sino la oposición entre dos tipos de bonapartismo. Como afirmábamos en una nota entonces:

En relación al estado actual de la correlación de clases, el posicionamiento de la burguesía así como el estado del movimiento obrero, y del tipo de apoyos socio-electorales compuesto que tienen, si bien Marine Le Pen ha ocultado sus raíces neofascistas al igual que otros sectores del FN (que trata de ocultar), y si bien su estratégica de des-demonización no significa el abandono de objetivos políticos ultra reaccionarios y destructores (por los cuales podríamos decir que FN tiene rasgos neo-fascistas combinados con rasgos “simplemente” ultra-conservadores), incluso en la hipótesis de su victoria en las presidenciales, el régimen de la V República no se transformaría sin embargo en un régimen “fascista”. Marcaría sin duda un importante avance en el sentido de un giro bonapartista ya presente en el régimen. Por un lado, es evidente que dicho giro es el objetivo de Marine Le Pen, lo que exacerbaría todas las potencialidades xenófobas, racistas, antisociales y anti-obreras ya presentes en las instituciones de la V República, radicalizando además lo más posible sus tendencias nacionalistas.

Este hecho se refuerza por la tendencia actual de RN, que las legislativas han impulsado a un nuevo lugar en el seno del régimen. El partido de Marine Le Pen se encuentra avanzando en su integración en el régimen, y se transforma tendencialmente en una fuerza potencialmente de alternancia. Esta transformación cualitativa en curso es el producto de una serie de transformaciones que tienen su origen en la política de des-demonización lanzada por el tándem Marine Le Pen- Florian Philippot a principios de los años 2010. Bajo iniciativa del segundo, esta rearticuló el proyecto xenófobo y racista de FN en un discurso gaullista-soberanista, marcado por la crítica a la Unión Europea y al euro (particularmente en el periodo 2010-2016) y reforzó su llamamiento a las clases populares en el terreno social. Al mismo tiempo, la organización se presentó como “anti-sistema” para canalizar la protesta social y la rabia frente a las políticas de austeridad.

Sobre la base especialmente de un balance del debate de la segunda vuelta, donde la elección de un discurso ofensivo que reforzó los rasgos más populistas de RN fue vista como el motivo del fracaso frente a Macron, la FN tomo un giro y se “refundó” con la creación de RN en 2018. Marine Le Pen destituyó a su brazo derecho, Philippot, abandonó la oposición a la UE y construyó una nueva etapa de “recentralización” del partido. Estuvo marcada por el abandono de la salida del euro, el compromiso aceptado en L´Opinion de pagar las deudas públicas o el echarse atrás en la promesa de la jubilación a los 60.

Este giro al centro, que se expresó de forma clara en el debate cara a cara con Macron, ganó fuerza por el lugar ocupado por RN en el régimen tras la crisis abierta por las elecciones legislativas. La crisis política abierta ofrece un rol de bisagra a la extrema derecha, que busca aprovechar para reforzar su legitimidad institucional, tratando de encarnar una oposición responsable, capaz de votar con el gobierno, como hizo con la ley del poder adquisitivo. Esto no impide a la RN jugar sus cartas, mantener una postura de oposición y jugar el rol populista en la Asamblea, como hizo votando la moción de censura poniendo a la defensiva al macronismo e incluso a la NUPES, dejando a LR como pro-Macron.

Si bien RN está lejos de tener por el momento el apoyo de sectores significativos de la burguesía, estos elementos dan pie en el corto plazo a que la extrema derecha llegue al poder en Francia. Al mismo tiempo, el trabajo de legitimización institucional de RN intensifica la tensión entre su postura “populista” de extrema derecha y su anclaje dentro del “sistema”.

Perspectivas de la lucha de clases y el rol de los revolucionarios

Como hemos visto, el miedo a la extrema derecha ha favorecido el apoyo de figuras de la extrema izquierda y de colectivos y figuras del anti-racismo a la candidatura de Mélenchon en la primera vuelta de las presidenciales, y a la idea más amplia de que la lucha contra la extrema derecha implicaría colocarse tras la dirección de la izquierda neo-reformista. Es por ello que la dirección mayoritaria del NPA está en proceso de capitulación y se prepara para liquidar toda independencia política, expresando:
“negarse a actuar para no comprometerse es un privilegio que no podemos permitirnos en estos tiempos donde la crisis ecológica o el ascenso del fascismo hacen actual nuevamente la alternativa ‘socialismo o barbarie’”.

Al contrario de esta lógica que lleva a subordinarse a la estrategia institucional de la NUPES, nosotros consideramos que la clave frente a las múltiples crisis actuales, a la exacerbación de tensiones entre potencias, y a todos los elementos que forman los pilares del endurecimiento de los regímenes y de la extrema derecha, se encuentra en el terreno de la lucha de clases. Es la clase obrera, movilizada con sus métodos, en alianza con el conjunto de los oprimidos y en torno a una política revolucionaria lo que puede construir una respuesta solida frente a la crisis, contra el gobierno, la extrema derecha y este sistema.

Para ello, la unidad de la clase obrera es decisiva. Las huelgas de los últimos meses, comenzando por la de los refineros, y las de los últimos años, han mostrado cuánto son capaces de hacer la patronal y el gobierno con tal de no acceder a nuestras demandas. Para crear una correlación de fuerzas capaz de hacerlos ceder hay que poner en marcha al mismo tiempo a los diferentes sectores de nuestra clase que han acumulado estos últimos años numerosas experiencias de lucha, sin jamás haber convergido para golpear todos juntos. Para ello, hay que defender un programa adaptado a la situación actual, tomando en cuenta todos los aspectos de la crisis, y los problemas de la clase obrera, de la cual forman parte precarios, parados, y jubilados, y dirigirse de forma más amplia al resto de sectores explotados y oprimidos. Un programa que, para proponer una respuesta a la crisis, deberá necesariamente “ir más allá de los límites de la propiedad capitalista y del Estado burgués”, inspirándose en la lógica del “programa de acción” desarrollado por Trotsky en los años 30 y articulándolo con las reivindicaciones inmediatas en el sentido en que hemos propuesto la campaña que hemos comenzado este inicio de curso.

Como ha demostrado la huelga de los refineros y los movimientos nacionales anteriores a ella, la batalla por la unidad de la clase se dará en lucha contra la política de las direcciones sindicales. Estas han instaurado sistemáticamente el corporativismo y la división de nuestra clase estos últimos años, imponiendo estrategias de la derrota. Contra sus estrategias de presión, hay que construir una huelga reconductible sobre la base de un programa que permita movilizar al conjunto de sectores de la clase obrera, dirigiéndose a todos aquellos y aquellas que podrían ser ganados contra las ofensivas anti-huelguistas del gobierno y de la extrema derecha o a la política de dialogo social de la CFDT.

Para defender esta orientación hay que comenzar desde ya a coordinar y reagrupar desde la base los sectores de vanguardia que comprenden la necesidad de esta política. De dichos reagrupamientos, sobre el modelo de coordinación durante la huelga, deberían promoverse una solidaridad activa con las huelgas en curso, poniendo encima de la mesa la necesidad de un plan de lucha, pero también a encarnar una orientación alternativa a la de las direcciones sindicales.

Una orientación que defiende un programa ofensivo para rechazar pagar la crisis, pero que no se limite al terreno económico. Contra la ofensiva autoritaria y el endurecimiento del régimen, utilizado para atacar nuestros derechos, hay que exigir acabar con la V República y sus dispositivos de excepción y defender un programa democrático radical, comenzando por la supresión de la institución presidencial, del senado y la creación de una cámara única que concentre los poderes Legislativo y Ejecutivo, cuyos miembros serían elegidos por dos años y revocables.

En un periodo de crisis donde los ataques no cesan sobre los colectivos minoritarios, el movimiento obrero debe tomar de forma clara y contundente las reivindicaciones de quienes luchan contra las opresiones, aliándose con los movimientos antirracistas, feministas, LGTB, así como las de la juventud, organizada en el movimiento estudiantil o el movimiento ecologistas. Estos movimientos, de cuyo seno se desprenden alas radicales, tomando la cuestión de la huelga aplicada a sus luchas, han jugado y jugarán un rol importante en la oposición al gobierno. Que lleven en su seno una política pro-obrera pero también revolucionaria será decisivo.

Un movimiento obrero que recupere confianza en sus fuerzas, que luche por la unidad, que forme una alianza con el conjunto de sectores oprimidos y comience a combatir para rechazar pagar la crisis constituiría una fuerza inmensa, capaz de arrancar importantes reivindicaciones y de arrasar a la extrema derecha. Una dinámica de este estilo podría abrir la posibilidad de una lucha revolucionaria que solo podrá triunfar a escala internacional pero que constituye la única forma de derrotar definitivamente a Macron, a la extrema derecha y a las amenazas inmensas que suponen la crisis ecológica o el aceleramiento de la militarización de las grandes potencias sobre el destino de la humanidad.