El Rector, Emilio Rodríguez se niega al reajuste del 12% negociado en la Mesa del Sector Público y busca entregar un miserable 6%, golpeando las condiciones de vida de las y los funcionarios y sus familias en un contexto de crisis económica con la inflación aumentando cada vez más.

A raíz de la ley de presupuesto para el año 2023 del Gobierno de Gabriel Boric, efectivamente hay una disminución del aporte para Universidades estatales y hoy pagan las consecuencias los funcionarios que empeoran sus condiciones laborales y los estudiantes quienes probablemente sufrirán el alza de aranceles.

Esta situación no exime de responsabilidad al Rector, Emilio Rodríguez, ya que por más que pose de defensor de la educación, se enriquece a costa de trabajadores y estudiantes. Manteniendo una gran cantidad de funcionarios a contrata, que deben enfrentar la inestabilidad laboral, las condiciones precarias y el autoritarismo dentro de la institución.

Las autoridades, como siempre utilizan como chantaje la amenaza de despidos para no aceptar el 12% de reajuste, buscando así instalar temor ante la posibilidad de perder la fuente laboral. En este sentido es importante no ceder ante el amedrentamiento y defender en unidad todos los puestos de trabajo. Porque incluso si efectivamente las autoridades adoptarán esta medida, se traduciría por un lado en dejar trabajadores en la calle y por otro mayor precarización para todos los funcionarios y funcionarias, ya que el mismo trabajo se distribuirá en menos personal. Este tipo de medidas golpea directamente la vida de los trabajadores y la educación pública. Por esto es importante que los organismos de trabajadores, como las asociaciones de funcionarios, vayan en defensa de las y los trabajadores y todos sus derechos.

No se puede apelar a la buena voluntad de las autoridades que hoy se niegan a un 12%, que con el aumento IPC y la inflación, ya es insuficiente. Dado que son quienes concretamente buscan empeorar las condiciones de vida de las y los trabajadores, mientras ellos siguen ganando sueldos de gerentes empresariales. Se debe apostar por conseguir un reajuste que enfrente el alza del costo de la vida, sin ningún despido y salarios mínimos igual a los 650.000. Solo siendo protagonistas y tomando en sus manos la pelea, se podrá avanzar no solamente a conquistar las demandas salariales, si no también el paso a planta, acabando con contratos precarios.

En ese mismo sentido los organismos estudiantiles deben solidarizar con la pelea de las y los trabajadores por el reajuste. Es fundamental como comunidad universitaria, estudiantes, académicos y funcionarios ir en defensa de la Educación pública, que el Estado se haga responsable y exigir el financiamiento integral de las universidades del Estado en base a aportes basales directos sacados del impuesto a las grandes fortunas o de la renacionalización del cobre. Ningún alza arancelaria para estudiantes y gratuidad total de la educación pública.