Pasada la medianoche de este domingo, la presidenta ilegítima de Perú, Dina Boluarte, anunció a través de un mensaje a la nación que ella junto a su consejo de Ministros, compuesto mayoritariamente por técnicos al servicio de los sectores empresariales, habían decidido coordinar con el Congreso de la República para que las elecciones generales se adelanten para el mes de abril del año 2024.
De esta manera, Boluarte pretende distender el escenario social marcado por fuertes movilizaciones y enfrentamientos de la población con las fuerzas represivas, sobre todo en las regiones del interior, donde sectores importantes del pueblo cuestionan la asunción de Dina Boluarte como presidenta y también cuestionan el accionar del Parlamento que destituyó a Pedro Castillo la semana pasada. Para esto, y en sintonía con la represión desatada sobre los manifestantes, Boluarte también anunció el estado de emergencia para las zonas donde las protestas son más fuertes. De esta manera busca intentar separar a los manifestantes con un anunció de elecciones anticipadas negociadas con el Parlamento, mientras sigue reprimiendo en las zonas donde se reclama su caída.
Boluarte dijo también que las nuevas elecciones se darán en el marco de un proceso de reformas políticas, las mismas que se harán a partir de iniciativas planteadas desde el Parlamento y el Ejecutivo. Considerando las posiciones mayoritariamente conservadoras y reaccionarias que priman en estos poderes del estado, no sorprendería que estas “reformas” busquen limitar aún más la ya precaria participación de los sectores populares en las actividades políticas.
El anuncio llega en medio de la convocatoria de nuevas movilizaciones para esta semana, las cuales incluirán paros nacionales de campesinos y docentes, y un paro general para el jueves 15, y una brutal represión que dejó al menos tres manifestantes muertos. Es por esto que el adelantamiento de las elecciones y las reformas anunciadas por Boluarte no representan una salida real a la presente crisis política, al menos para los trabajadores y los sectores populares, sino más bien, es una maniobra orientada a descomprimir el escenario social y a desmovilizar al pueblo con la finalidad de ganar tiempo para que los sectores conservadores mantengan sus privilegios, alejando a los sectores que se empiezan a movilizar en distintos puntos del país de una salida propia e independiente de la institucionalidad del régimen fujimorista instaurado en la constitución de 1993, que hasta el día de hoy ningún Gobierno modificó.
Dina Boluarte opta por esta salida a última hora y presionada por las movilizaciones sociales que se iniciaron desde que la vicepresidenta de Castillo fue juramentada el pasado miércoles 7 de diciembre, inmediatamente después que el Congreso de mayoría derechista destituyo a través de un golpe parlamentario a Pedro Castillo.
Desde ese momento, diversas movilizaciones, cortes de carreteras y violentos enfrentamientos entre los pobladores, fundamentalmente de las regiones del interior del país y las fuerzas represivas, se han hecho recurrentes.
Como ya se mencionó, los manifestantes rechazan de plano la asunción de Dina Boluarte como presidenta del país y cuestionan el nefasto accionar del Parlamento, al cual acusan de estar comprometido en actos de corrupción y de buscar prolongar su vigencia hasta el 2026, a pesar de tener una popularidad tan ínfima que no supera el 6%.
A la fecha, estas acciones de lucha se han cobrado la vida de tres manifestantes en la zona de Andahuaylas-región Apurímac. Los responsables directos de las muertes fueron las fuerzas policiales, quienes actuaron por órdenes de la nueva presidenta Boluarte. Sin embargo, y a pesar de la violenta represión, los manifestantes no han cejado en sus manifestaciones de rechazo al gobierno, por esa razón las acciones de lucha se han ido extendiendo a otras regiones del país.
Diversas organizaciones campesinas agrupadas en torno al Frente Agrario y Rural del Perú han anunciado que el martes 13 y miércoles 14 de diciembre realizaran un paro nacional. A decir de las organizaciones convocantes, que tienen presencia en las diversas regiones andinas del país, se declaran en “insurgencia popular frente al golpe de estado planificado y perpetrado por el Congreso de la República, la cúpula de las FFAA, la gran prensa, el Poder Judicial-Ministerio Público, en calidad de operadores de los poderes fácticos o grandes grupos de poder económico”.
Por otro lado, y para no quedarse por fuera de este proceso de lucha, la Confederación General de los Trabajadores del Perú, CGTP, controlada por la burocracia del Partido Comunista Peruano, que colaboró muy estrechamente con el gobierno de Pedro Castillo, ha convocado para una jornada nacional de lucha a realizarse el próximo jueves 15 de diciembre a nivel nacional. Dentro de las principales demandas de la CGTP se encuentran: el cierre del Congreso, elecciones generales y nueva Constitución.
Así mismo, la Federación Nacional de Trabajadores en la Educación del Perú, FENATEP, gremio de docentes de la educación básica que tiene mucha cercanía al expresidente Castillo, hizo público también que el jueves 15 de diciembre iniciaban un Paro Nacional en su sector en rechazo a la presidenta Dina Boluarte y exigiendo la liberación de Pedro Castillo.
Frente a estas jornadas de lucha, hay que impulsar que sean lo más amplias y masivas posibles. Trabajadores, campesinos, pueblos originarios aprovechando el llamado de la CGTP y la FENATEP, que querrán controlarlas o solo usarlas como método de presión, podemos salir a las calles, en primer lugar exigiendo justicia por los jóvenes asesinados por la represión policial.
Masivas movilizaciones y extender los paros más allá del gremio docente, discutiendo un plan de lucha de manera democrática por las bases, pueden ser el punto inicial para la lucha por imponer una Asamblea Constituyente libre y soberana, donde podamos discutir todas las cuestiones que verdaderamente aquejan a nuestra clase.
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