Reproducimos el siguiente artículo de Julia Gerlo, Guillermina French y Ariel Slipak (integrantes del Área de Investigación de FARN) denunciando el impacto ambiental de las operaciones de Vista Oil & Gas en Vaca Muerta, la petrolera dirigida por Miguel Galuccio, ex CEO de YPF entre 2012 y 2016. El objetivo de Estados Unidos en financiar los proyectos extractivistas.
En las cercanías de Añelo y en el transcurso de 20 días se detectaron en dos ocasiones nuevos sismos. Según información elaborada por los especialistas Javier Grosso y Guillermo Tamburini (tomando referencias del Instituto Nacional de Prevención Sísmica, INPRES) los mismos se produjeron los días 22 de noviembre y 12 de diciembre. Lo particular de ambos sismos es que han ocurrido en el área de explotación hidrocarburífera del yacimiento de Vaca Muerta en la zona denominada Bajada del Palo Oeste que opera la empresa Vista Oil & Gas desde el año 2018.
Como exponen las cartografías elaboradas por Grosso y Tamburini, los sismos se producen en las cercanías a un área en la cual se encuentra realizando operaciones un set de fractura de la empresa mencionada desde el día 15 de noviembre, lo que nos permite inferir que se trata de episodios de sismicidad inducida.
El episodio del 22/11 se produjo a 5 km del área fracturada por Vista Oil & Gas y tuvo una magnitud de 2.9 ml a 6 km de profundidad. El del 12/12 se localiza a tan solo 2.400 metros, con una magnitud de 2.7 ml a 3 km de profundidad.
No podemos dejar de mencionar, que acorde a consultas realizadas a Javier Grosso, con posterioridad al inicio de operaciones de la empresa en la zona de Bajada de Palo Oeste, desde 2019 a la fecha ya se detectan aproximadamente 40 de estos episodios de sismicidad inducida, con efectos sobre los hogares de la población.
La reiteración de este tipo de episodios nos lleva necesariamente a formularnos varias preguntas: ¿Qué estudios de impacto ambiental se realizaron oportunamente? ¿Se hacen evaluaciones que contemplen los impactos acumulativos y sinérgicos de la totalidad de pozos en operación y diversas actividades que se llevan adelante en la zona? ¿Se revisa dicho proceso a la luz de los acontecimientos? ¿Se realizan acciones que permitan evaluar los daños de la sismicidad? ¿La firma se hace responsable de eventuales reparaciones?
Por cierto, también es importante tener en cuenta una mirada en la cual los daños socioambientales de determinadas actividades económicas no sean tomadas en cuenta con un criterio de compensación económica exclusivamente sino más bien de sostenibilidad de la vida.
Sin embargo, en esta ocasión queremos poner el foco en otro aspecto: ¿Qué responsabilidades asumen los financistas de estas actividades?
Las operaciones de Vista Oil & Gas en Vaca Muerta tienen la particularidad de haber recibido en el año 2019 un importante financiamiento de la US International Development Finance Corporation (DFC) - ex Overseas Private Investment Corporation OPIC-, una Agencia de Crédito a la Exportación del gobierno de EE.UU. Esto nos lleva a preguntarnos sobre el tipo de estándares y evaluaciones socio ambientales que realizan este tipo de agencias al momento de llevar adelante una operación. Para ello necesitamos algunos elementos de discusión.
¿Qué son las ECA? ¿Por qué financian este tipo de operaciones?
Aunque para una gran mayoría las agencias de crédito a la exportación (ECA) puedan resultar desconocidas, las ECA son agencias gubernamentales o respaldadas por gobiernos que se abocan a dar apoyo en el extranjero a las operaciones de compañías de su mismo país de origen con el fin principal de facilitar que las compañías puedan expandir su volumen de negocios en el extranjero, reduciendo sus riesgos.
Rodeadas de misterios, los financistas silenciosos otorgan préstamos, garantías y seguros respaldados por sus respectivos gobiernos a exportadores nacionales o empresas inversoras que trabajan internacionalmente en algunas de las industrias más volátiles, controvertidas y dañinas del planeta, la industria fósil no es la excepción. Concretamente, las ECA están detrás del financiamiento de proyectos, que de otro modo no podrían prosperar, además de ser una fuente importante de deuda nacional para países del Sur Global.
La mayor parte de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) poseen una ECA que opera con fondos públicos. Según la red ECA Watch [1], estas agencias tienen un tamaño y rol mucho más relevante del que el público general conoce, ya que son las instituciones financieras de mayor peso en el financiamiento de proyectos del sector privado de los países desarrollados. En conjunto, su volumen de operaciones supera al de todo el Grupo Banco Mundial. Asimismo se caracterizan por la falta de transparencia y de consideración por las comunidades afectadas.
De cara a las elecciones presidenciales del 2023, la avidez por la obtención de divisas en un contexto de crisis es cada vez mayor, buscando principalmente atraer inversiones provenientes del sector público como del sector privado - las ECA son un actor relevante y juegan un rol importante al momento de otorgar créditos o garantías- en sectores claves como energía (petróleo, gas, y nuclear) y la minería (con el litio y el cobre como estrellas) que presionan las fronteras extractivas de los territorios y obstaculizan una transición socioecológica integral.
En el marco en la Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático número 26 en Glasgow (COP 26), 34 países y 5 instituciones crediticias incluidos Canadá, Estados Unidos, Italia y Alemania firmaron el Apoyo Público Internacional para la Transición a la Energía Limpia (conocido como “Declaración de Glasgow”), en donde, se comprometieron a acelerar y priorizar los flujos internacionales del sector público y privado y apoyar el desarrollo de tecnologías limpias para impulsar una transición energética limpia y justa poniendo fin al nuevo apoyo extranjero directo a los combustibles fósiles para fines de 2022. El acuerdo hace una mención especial a las ECA e instituciones financieras públicas a implementar compromisos similares en la COP 27 y más allá, incluyendo el impulso en particular en la OCDE, para revisar, actualizar y fortalecer sus marcos de gobernanza para alinearse con los objetivos del Acuerdo de París. Sin embargo, las velocidades a las cuales las ECA redireccionan sus carteras de operaciones de las fósiles hacia las renovables es variable, y en algunos casos excesivamente lenta.
¿En qué consistió el préstamo a Vista Oil & Gas?
En 2019, la junta directiva de la Corporación de Inversión Privada en el Extranjero de Estados Unidos OPIC (actualmente DFC) aprobó una erogación de US$300 millones por diez años a Vista Oil and Gas Argentina S.A.U para financiar el desarrollo del shale oil en su bloque Bajada del Palo en el yacimiento petrolífero de Vaca Muerta en la provincia de Neuquén. También, la OPIC otorgó otro prestamos por US$150 millones en financiamiento para Aleph Midstream S.A., para desarrollar infraestructura independiente de transporte y procesamiento de petróleo y gas [2] [3].
Uno de los aspectos más importantes es que en Vaca Muerta se carece de una evaluación de impacto ambiental acumulativa que refleje las posibles afectaciones al ecosistema y sus habitantes si no que cada pozo contó con su EIA lo que no refleja una foto integral de la situación [4]. El método de extracción a través de la fractura hidráulica -fracking- utilizado por Vista Oil&Gas en Vaca Muerta es una de las técnicas más cuestionadas por los impactos y riesgos socioambientales como la afectación del suelo, la contaminación de tierra y agua, la sismicidad y la generación de residuos peligrosos, como también los impactos sociales, de salud y las afectaciones a las comunidades originarias de la zonal que requiere [5].
Los incidentes ambientales en Vaca Muerta se incrementaron junto a la expansión de la actividad. Según Esteban Martine y OPSur a partir de datos de la Subsecretaría de Ambiente de la provincia, desde 2015 y hasta marzo de 2022, se registraron 9242 incidentes ambientales en la industria del petróleo y el gas de Neuquén sin incluir nada relacionado con la inyección de agua contaminada en pozos sumideros, la aparición de sismos inducidos o el desastre de los basureros petroleros que acumulan millones de metros cúbicos de residuos tóxicos contaminando el suelo y el aire [6]. Acorde a este informe de OPSur y Martine, el 2021 arroja nada más y nada menos que 5,6 accidentes diarios, una cifra sumamente elevada.
Las ECA, financistas silenciosas, parecen operar desde las sombras, apoyando proyectos que calan en los territorios y comunidades, dejando al margen el acceso a la información sobre los proyectos que financian y, por ende, sin garantía de participación popular o la auditoría y el control. Para poder hacer frente a la crisis climática actual, las instituciones financieras internacionales- ECA incluida- en este contexto global de crisis energética, climática y ambiental, deben acelerar sus desembolsos a proyectos basados en energías renovables y baja en emisiones de carbono.
Acorde a información pública que suministra la propia DFC sobre el proyecto y la evaluación realizada, la Agencia de Crédito de Exportación en cuestión consideró el proyecto “elegible” a pesar de que evaluaba que los impactos ambientales podrían ser “significativos y diversos”. En esa diversidad la entonces OPIC y hoy DFC ya conocía que podían generarse impactos sísmicos en áreas cercanas a los sitios de perforación [7] . Entre otros impactos que la Agencia también encuentra que podrían generarse y aún así resulta “elegible” podemos encontrar derrames de petróleo crudo y diesel en lugares cercanos, inadecuada disposición del agua, desechos sanitarios y otros efluentes, desechos sólidos peligrosos, impactos en aguas superficiales y subterráneas asociados con las operaciones de perforación, óxidos de nitrógeno y óxidos de azufre, riesgos para la salud seguridad ocupacional asociados con el manejo de sustancias peligrosas, entre una larga lista. Calcula además un estimado de emisión de Gases de Efecto Invernadero (GEI) de 420.000 toneladas anuales de dióxido de carbono equivalente por año. Aún así el proyecto resulta “elegible”, cuando además de los riesgos mencionados claramente tampoco se alinea con los objetivos del Acuerdo de París.
Desde la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) instamos a la DFC como a otras Agencias de Crédito de Exportación a acelerar su política de desfinanciación a los fósiles y su redireccionamiento a las renovables. Aún así esto tampoco nos resulta suficiente. Sería deseable que esta agencia que depende nada más y nada menos que del Gobierno de Estados Unidos evalúe críticamente cómo puede mejorar sus evaluaciones socio-ambientales a la luz de las evidencias. Desde FARN instamos a las firmas, gobiernos y también financistas a considerar herramientas de análisis que realmente tengan en cuenta impactos sinérgicos y acumulativos de lo que sucede en un área en lugar de Estudios de Impacto Ambiental aislados, y que la participación de las comunidades para evaluar todo tipo de proyecto sea genuina y no un mero paso administrativo. Los acontecimientos demuestran que el rol de las Agencias de Crédito de Exportación -como cualquier otra entidad que financia, asegura o garantiza operaciones- también debe dar respuestas.
