A través de una historia de IG, la Senadora universitaria Catalina Luffin (Juventudes Comunistas), justificaba la decisión, argumentando que "La propuesta que llevábamos como estudiantes era reducirlos 8% pero no fue aceptada. El 10% es un acuerdo "en la medida de lo posible" porque las Universidades Estatales deben actuar con un presupuesto muy reducido y sin apoyo contundente del estado".

Dentro de la misma instancia, se aprobó el reajuste de remuneraciones, continuando una lógica de autofinanciamiento universitario, es decir, que los costos de la universidad lo paguemos los estudiantes. Uno de los pilares indiscutibles de la educación de mercado, pero no el único presente en esta situación.

El Senado Universitario, como muestra la militante de las juventudes del gobierno, decidió unilateralmente hacer una propuesta de migajas en el antidemocrático Consejo Universitario, es decir, exigir la reducción de los aranceles en un 8%, demanda no discutida en ninguna facultad (lxs estudiantes nos declaramos totalmente en contra del alza) ni espacio de organización universitario como por ejemplo, el Congreso Fech, dónde hay compañeros suyos de militancia.

En esta instancia, se deciden autoritariamente, temas importantes como el sueldo de académicos y funcionarios y los aranceles de estudiantes y sin embargo, solamente integran el espacio 27 académicos (que se encuentren en condición de contrato a planta y con una antigüedad definida) 7 estudiantes y dos representantes en funcionarios.

Es por esto que el año 2011 una demanda importante frente a estas instituciones antidemocráticas de la Universidad era un Co-gobierno triestamental, es decir, delegados de los estamentos universitarios votados en cada facultad por sus asambleas de base.

La lucha actual contra las alzas de arancel y el sueldo precario

El objetivo de la Rectoría de la universidad de Chile es separar la lucha entre trabajadores y estudiantes, resolviendo una demanda a costa de otra, pero esta situación revela una lucha más profunda.

La compañera de militancia de Catalina Luffin y presidenta de las Juventudes Comunistas Daniela Serrano (también diputada que integra la comisión de educación) reflexiona en una columna en el Desconcierto que "¿No será tiempo de considerar la aplicación de un solo arancel que ponga fin a este esquema de mezquindades en que la única perjudicada final es la educación pública?".

También propone; "Urge una propuesta de sistema de financiamiento para la educación superior que no solamente se haga cargo del financiamiento basal, sino que también reabra debates como, por ejemplo, la gratuidad en la educación superior.

Mientras su compañera propone una miserable "rebaja del arancel" mientras estudiantes y trabajadores nos unimos en la movilización. La propuesta de las juventudes del gobierno es totalmente insuficiente para enfrentar la educación de mercado, mientras Daniela Serrano propone "debatir" sobre gratuidad en la Educación Superior plantea que el Estado siga financiando los aranceles en el mercado de la educación, en otras palabras, sin decir cuánto porcentaje de la matrícula debería ser responsable de financiar, que el Estado siga entregando recursos a universidades privadas y públicas (Estado subsidiario neoliberal) y continuar el sistema de autofinanciamiento implementado en dictadura.

Hacia una educación gratuita con acceso universal

Lo que necesitamos es acabar con el negocio de la educación, para que este sea un derecho garantizado, esto entre las Juventudes Comunistas y el Frente Amplio es un "acuerdo común", sin embargo es en el "cómo" cuando muestran su rostro pro empresarial.

Primero, la política subsidiaria del negocio de la educación debe terminar. El estado subsidia de manera directa o indirecta a todas las universidades, independiente de si son estatales o empresas privadas. Proponemos redirigir estos montos millonarios al aporte basal a las universidades del estado, y un aumento que les permita salir del autofinanciamiento y asegure una educación gratuita y la universalidad de la matrícula. Este podría ser financiado con un impuesto a las ganancias de las grandes mineras del cobre, quienes actualmente no pagan prácticamente nada por el mineral vendido en los mercados financieros y a costa de la sequía y el saqueo.

Es decir, en Chile hay dinero para financiar la educación gratuita y derechos sociales, pero los partidos tradicionales respetan más el bolsillo de las grandes empresas que la situación económica de las grandes mayorías, de hecho, subsidian a las primeras y a las segundas ajustan el sueldo mínimo por debajo de la inflación acumulada anual. (13%).

Lo segundo es, que necesitamos abrir las puertas de la educación superior a la clase trabajadora, un gobierno "progresista" como Apruebo Dignidad, ni siquiera ha cuestionado las pruebas de selección universitaria incluso celebra sus nuevas formas, otro ejemplo de un gobierno pro educación de mercado. En un contexto de recesión a nivel mundial necesitamos desarrollar la industria y los servicios y esto sólo podrá lograrse bajo gestión de sus trabajadores y las comunidades.