El lunes por la noche, el Tribunal Constitucional (TC) español ordenó suspender la votación en el Senado de una reforma legal promovida por el gobierno de Pedro Sánchez que pretendía cambiar el método de elección de los magistrados de esta corte
El Tribunal Constitucional, está formado por 12 miembros, en su mayoría elegidos a dedo por los partidos que forman parte del régimen político español. El Tribunal toma una medida antidemocrática inédita ya que no había intervenido antes para evitar una votación del Parlamento.
El Senado iba a legislar sobre la renovación del organismo judicial, en el que dos de sus miembros tienen mandato caducado, y fue justamente el voto de esos dos jueces el que ha definido la votación. Un verdadero “golpe judicial” contra el poder legislativo, avalando la petición del derechista Partido Popular (PP).
La votación se ha impuesto por 6 votos contra 5 (uno de los miembros del Tribunal está de baja) en un organismo dividido por su adhesión al opositor PP o el oficialista PSOE, ya que la mayoría de sus integrantes son elegidos directamente por los miembros de esos partidos.
La votación parlamentaria que iba a forzar la renovación de los magistrados con el mandato caducado queda en suspenso entre el Congreso y el Senado: la cámara baja votó el texto el jueves pasado, pero la alta no tendrá opción de debatirlo en comisión ni de someterlo a votación en el pleno luego de la decisión del Tribunal.
Esta crisis abierta llega luego de varios años de disputas entre el Gobierno y la oposición sobre la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), órgano encargado de nombrar a los jueces, entre ellos la mayor parte de los que integran el TC y el Tribunal Supremo.
Los miembros del CGPJ debían haber sido renovados en 2018, pero todavía no tienen reemplazo debido a la falta de acuerdo entre izquierda y derecha. Ambas deben entenderse, ya que 12 de los 20 integrantes de este órgano deben ser nombrados por la mayoría cualificada de tres quintas partes de las dos Cámaras del Parlamento.
A pesar de esto, desde el Gobierno de coalición del PSOE y Unidas Podemos han dejado claro que acatarán la decisión. Es que el PSOE nunca va a cuestionar la legitimidad del Tribunal Constitucional, una institución reaccionaria, pilar clave del régimen surgido de los acuerdos luego del fin de la dictadura franquista, que ha sido utilizada tanto por unos como por otros para defender los intereses de la burguesía, la monarquía y sus propios privilegios de casta política.
El Senado se apresta ahora a seguir con la tramitación de las reformas en el Código Penal, según el pacto entre el Gobierno y ERC (Esquerra Republicana de Catalunya), para modificar los delitos de sedición y prevaricación. Este acuerdo ha sido atacado por la derecha como una cesión inaceptable a los independentistas catalanes. Sin embargo, se trata de una reforma que, lejos de avanzar en elementos democráticos, incluye el aumento de las penas para la protesta social, ya que, si bien con el nuevo Código Penal se podría rebajar algunas penas de los presos y procesados del proceso independentista catalán, deja intactas las más de 4000 causas y endurece las penas de cárcel contra la protesta social.
Al mismo tiempo sectores “progresistas” del PSOE y Podemos denuncian un “golpe contra la democracia”. Está claro que el Poder Judicial busca imponer su autopreservación mediante un verdadero golpe institucional, con una decisión que no tiene ninguna legitimidad y no debería acatarse, por eso suena cínica la defensa de esta “democracia” por parte del PSOE y los partidos “progresistas” del régimen.
El Tribunal Constitucional es una institución que tiene la “última palabra” en la preservación de los valores reaccionarios que defiende la monarquía, garantiza el centralismo españolista, niega el derecho a la autodeterminación de los pueblos y garantiza la defensa de la propiedad privada de los capitalistas.
Justamente, fue el TC, el organismo que, en 2017, a petición del gobierno de Mariano Rajoy, del PP, y junto con el PSOE, suspendió la Ley de Referéndum y la de Transitoriedad Jurídica solo a 24 horas de su aprobación. Es el mismo TC que decidió que el Parlament catalán no podía votar la investidura de Carles Puigdemont en 2018 y el que prohibió que la Cámara catalana pudiera votar resoluciones sobre el derecho de autodeterminación y la monarquía. El Tribunal ha sido una pieza clave en la persecución del independentismo. Es el mismo TC que avaló de forma definitiva la “Ley mordaza”, considerando como delitos graves la “perturbación de actos públicos”, ya sean “espectáculos deportivos o culturales, solemnidades y oficios religiosos”.
La casta judicial actúa como un verdadero "partido de la toga", bloqueando ahora la actividad parlamentaria, o siendo la avanzada de la criminalización del independentismo y de la protesta social. Los jueces, con mandatos vitalicios y salarios siderales actúan como verdaderos reyes, decidiendo sobre cuestiones fundamentales contra el pueblo trabajador. Son una verdadera casta judicial, que defienden sus privilegios, y viven como ricos, amigos de los grandes empresarios y de los políticos del régimen.
Contra eso no bastan los lamentos mediáticos de Podemos e Izquierda Unida, ni el recurso a otra casta, la de la justicia europea. Es necesaria la disolución de estos organismos reaccionarios, y que todos los jueces sean elegidos por el voto directo y proporcional de todos los habitantes mayores de 16 años. Que sus mandatos sean revocables por sus electores y que no ganen más que el salario de un trabajador medio.
Junto con estas medidas, será necesario terminar con otras instituciones reaccionarias amparadas en la Constitución surgida de los pactos luego del fin de la dictadura franquista, como la monarquía, y el propio Senado, elegido de forma antidemocrática. ara poder imponer estas demandas democráticas, hará falta retomar la movilización en las calles. | 
