Carla Lacorte, luchadora contra el gatillo fácil y miembro del Ceprodh declaró: “La incansable lucha de las Madres de la Masacre de la Comisaría Primera de Quilmes dió sus frutos: la subcomisaria Guaquinchay fue condenada e inhabilitada por omisión de evitar torturas. Ahora Berni y Kicillof la tendrían que sacar de La Bonaerense, en la que la sostuvieron. Aún así creemos que es una pena que no tiene comparación con los 18 años que tuvieron que pasar para concretarse. La pena es de cuatro años, prisión efectiva. Tiene que ser de cumplimento inmediato en cárcel común. ¡Basta de impunidad! ¡Basta de matar a nuestros pibes!”
El nombre de Marina Guaquinchay Bogado surgió en el juicio por la Masacre de la Comisaria Primera de Quilmes, realizado recién en 2015. Allí varios sobrevivientes señalaron la presencia de “una policía embarazada en el cordón de uniformados que golpeó con palos a los jóvenes que salían agonizando del calabozo”. Pero el silencio cómplice de la Policía Bonaerense y el Poder Judicial habían evitado que se la identificara.
En 2017, tras ser citada a una declaración indagatoria, la mujer quedó imputada por “omisión de evitar tormentos”, delito que prevé una pena de entre tres y diez años de cárcel e inhabilitación para ejercer cargos públicos por más de cinco años. El caso se elevó a juicio, pero sufrió varias postergaciones por la pandemia hasta que se estableció como fecha la de diciembre de 2022.
Ya siendo conocida la imputación que pesaba sobre Guaquinchay, la policía siguió revistando en la Bonaerense durante el segundo tramo del gobierno de María Eugenia Vidal y continuó en el de Axel Kicillof, incluso ascendiendo al cargo de subcomisaria.
En este marco, en junio de 2021 el ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires Sergio Berni designó a Guaquinchay nada más y nada menos que al frente de la Secretaría de la Estación de Policía de Quilmes, no solo coronando una trayectoria de impunidad que atraviesa dos gestiones sino ejecutando una verdadera provocación al nombrarla en el distrito donde pesan sobre la agente semejantes acusaciones por hechos de tortura y muerte. El accionar es propio del jefe de una policía responsable de cientos de casos de gatillo fácil y torturas en las comisarías. Pero más aún, ningún funcionario del distrito de Mayra Mendoza repudió el hecho en aquella oportunidad. Solo ante la acción decidida y la oposición de las mamás de los chicos víctimas de la Masacre y las organizaciones que las acompañan se logró frenar la medida.
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