La Fiscalía da carpetazo a su investigación sobre la masacre de Melilla del pasado 24 de junio. Se exculpa en la opacidad de las fuentes marroquíes, justo lo que busca el Ejecutivo español al externalizar la gestión de las fronteras. No sólo no ve indicios de homicidio imprudente, sino que tampoco ve delito de omisión de socorro por parte de los agentes españoles. Cámaras, drones y helicópteros demuestran todo lo contrario. La complicidad entre el Gobierno español y la externalización de fronteras en las autoridades marroquíes es blanco sobre negro en esta farsa de investigación.

La fiscal de la Sala Coordinadora de Extranjería, Beatriz Sánchez, ha emitido un decreto de archivo de las diligencias de investigación de la actuación de los agentes españoles. Tan solo ha dado traslado a la Guardia Civil de la "actuación de varios agentes que lanzaron piedras contra las personas migrantes, por si fuera constitutiva de infracción disciplinaria", algo que, por supuesto, quedará en agua de borrajas.

La investigación se ha prolongado durante el plazo máximo de seis meses. Respecto a los más de 25 asesinados la fiscal da por válidas las explicaciones marroquíes, recogidas en el informe dirigido a la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humano. La fiscal compra la explicación marroquí y achaca las muertes a una supuesta “avalancha mortal” que se produjo debido a que los propios migrantes lograran forzar las puertas de acceso a la zona de control policial español.

La fiscal considera que nada tuvieron que ver los bombardeos con gases lacrimógenos durante cuarenta minutos desde los dos lados de la frontera, y tampoco tuvieron nada que ver los lanzamientos continuados de piedras sobre las personas que trataban de cruzar la valla. Para despejar toda sospecha la fiscal puntualiza que la “avalancha mortal” tuvo lugar en territorio marroquí, y que "aunque los agentes hubieran procedido en ese momento a la apertura total de las puertas fronterizas, la avalancha y el embudo posterior se hubieran producido igualmente". ¿Por qué? Según la fiscal ¡¡porque se trataba una "oleada incontrolada de personas"!!. Ante la no asistencia sanitaria durante todo el tiempo en que estuvieron los heridos amontonados al sol, más de tres horas, plantea que no hay problema ninguno porque no hubo petición de socorro. Inaudito.

Las conclusiones de la fiscalía podrían haber sido escritas por el mismo ministro de Interior, Fernando-Grande Marlaska, ya que plantean que todas estas acciones fueron “proporcionales” y que se deben a la actitud de las personas que intentaban cruzar “en todo momento hostil y violenta, tanto hacia los agentes marroquíes como hacia los españoles". A pesar de la existencia de cámaras, de un dron y de un helicóptero que sobrevoló la zona todo el día, también considera que el dispositivo policial español “no tenía visión de la zona” y justifica con ello toda falta de asistencia médica del millar de personas.

En su escrito, la fiscal también da por buenas las devoluciones en caliente. En total unas 470 devoluciones en caliente a lo largo de ese día. Y esto a pesar de que da por hecho que eran con toda probabilidad merecedoras de protección internacional. Los agentes españoles actuaron "en cumplimiento y en el ejercicio de sus funciones" y siguieron el procedimiento para ejecutar "rechazos en frontera". De este modo Marlaska es protegido por el propio encaje legal que dio el PP a las devoluciones en caliente en Ceuta y Melilla cuando aprobó la ley mordaza. El PSOE prometió derogarlo cuando llegara al Gobierno, pero en realidad lo está utilizando para defender una gestión criminal de las fronteras. La propia Amnistía Internacional acusa a España y Marruecos de "crímenes contra el derecho internacional" en la tragedia de Melilla.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, durante una sesión plenaria en el Congreso de los Diputados afirmaba que "No hubo ningún hecho trágico en suelo español". A pesar de los malabares discursivos, no hay diferencia en los hechos entre las acciones criminales del ministerio de Marlaska y las intenciones del propio partido ultraderechista Vox. Los socios de Gobierno, Podemos y PCE, al igual que con el Sáhara y la acogida de la cumbre de la OTAN, guardan un silencio criminal. Se confirma, una vez más, que los ministros neorreformistas de un gobierno imperialista son, ante todo, ministros del imperialismo español.