Este jueves un incendio forestal en la región de Valparaíso afectó a la comuna de Viña del Mar. La Oficina Nacional de Emergencias (ONEMI) activó la alerta roja y decretó la evacuación de algunas zonas ante la imposibilidad de contener las llamas. El fuego aún no se puede controlar y ya hay un saldo de 500 viviendas afectadas y dos fallecidos.

El gobierno decretó Estado de Catástrofe, el cual fortalece la autoridad de las Fuerzas Armadas para proteger las ganancias del gran empresariado como el puerto de los Von Appen. Mientras que, desde distintos lugares de trabajo y organizaciones sociales de la región de Valparaíso han activado puntos de acopio de alimentos y centro de atención médica animal.

El incendio habría afectado preliminarmente unas 110 hectáreas. Sin embargo, la superficie urbana afectada es de 15 hectáreas, de éstas la mayor parte ha sido campamentos, como la toma "Felipe Camiroaga" y viviendas edificadas de manera provisoria.

El gobernador regional de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, anunció la entrega de cerca de $2.800 millones en recursos frente al megaincendio forestal: "Pedimos un decreto especial que facultara a la autoridad electa a destinar recursos de emergencia, precisamente para paliar lo que significa hoy día que tengamos muchas familias damnificadas".

Por un plan de vivienda con impuestos extraordinarios a las grandes fortunas

La región de Valparaíso tiene un historial de incendios catastróficos producto de la pobreza estructural y la crisis de la vivienda. Tanto el Estado como los actuales gobiernos locales de Valparaíso y Viña del Mar han criminalizado la pobreza decretando desalojos a los asentamientos bajo el argumento de las normativas de planificación territorial y urbana. Mientas que para las inmobiliarias hay permisos de edificación sin restricciones.

Es sabido que en la gran mayoría de estas situaciones, empresas y magnates de la industria forestal e inmobiliaria son los más interesados en la propagación de estos incendios que golpean de manera brutal a las familias más pobres, quienes permanentemente tienen echarse las miserias del sistema capitalista en sus espaldas, y en base a la unidad con sus vecinos, y distintos sectores del pueblo trabajador, conscientes y sensibles a esta clase de situaciones, solidarizan.

La crisis habitacional necesita ser frenada, y frente al gran negociado de empresarios y magnates, es necesario luchar por un plan de emergencia para la vivienda que dé una respuesta concreta a las miles de familias que se encuentran en las peores condiciones. Para que este plan se materialice, se debe exigir a las grandes fortunas impuestos extraordinarios y que sea controlado bajo la dirección de los sindicatos de la construcción y los comités de vivienda.