El pasado 1 de diciembre, el Rectorado de la Universidad Autónoma de Madrid presentó el borrador del nuevo reglamento de convivencia de la universidad. Dichos estatutos se tenían que rehacer debido a la aprobación de la Ley de Convivencia Universitaria, por el “gobierno progresista” a comienzos de 2022. Esta ley impulsada por el exministro de universidades, Manuel Castells, abre la posibilidad de sancionar “cualquier acto que impida el normal desarrollo de la vida universitaria”, otorgando plena potestad al Rectorado de turno para imponer la sanción que le plazca hasta un máximo de expulsión de tres años. Esta ley supone, por tanto, la criminalización de cualquier actividad de ocio o lucha estudiantil que se lleve a cabo en nuestras universidades.

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El nuevo reglamento de la UAM no hace más que consolidar esta situación de represión en los centros universitarios. Vemos cómo la nueva normativa otorga a la rectora la potestad de elegir las sanciones que se deben aplicar a toda aquella actividad que “vaya en contra del normal funcionamiento de la universidad”, tal y como se contempla en la LCU, que ha servido de base para su elaboración. Es decir, se pretende que la universidad sea un espacio al que solamente se va a clase, en el que no está permitido cuestionar nada, hacer política o desarrollar otras actividades.

De esta manera, la nueva normativa intenta asentar en la legislación vigente de la UAM el aumento radical en la represión que hemos visto en los últimos años. Establece todo un nuevo marco para avalar sanciones al estudiantado organizado o a las actividades de ocio. Aprovechando la pandemia y el comienzo de nuevos cursos con alumnos que no llegaron a conocer la vida universitaria prepandémica, se pretende convertir a las universidades en lugares totalmente asépticos, en los que no quepa el pensamiento crítico, se persiga al movimiento estudiantil, la policía pueda entrar con total libertad a nuestros campus y el ocio autoorganizado, como las sangriadas, forme parte del pasado.

Por si fuera poco, estos estatutos han sido elaborados de manera totalmente antidemocrática y sin haber consultado a los miembros de la comunidad universitaria. Para más inri, en esta ocasión la universidad ni siquiera ha consultado a sus propios organismos de representación. Es decir, el Rectorado pretende aprobar un nuevo reglamento sin haber consultado ni a lxs estudiantes, ni a lxs trabajadorxs, ni a la mayoría de docentes, ni al claustro universitario; sino que lo ha elaborado a partir de la creación de una comisión ad hoc desde el Consejo de gobierno de la universidad.

Además, desde el Rectorado de la UAM, en un intento por hacer parecer que la aprobación de este reglamento tiene un atisbo de democracia, han abierto un canal a través del cual lxs estudiantes pueden proponer modificaciones en el reglamento. Sin embargo, esto no es suficiente y es solo una medida formal, solo informa por un triste correo institucional sin ninguna campaña y no abre ningún debate al respecto. Además solo se propone hacer pequeños cambios a artículos individuales a ciertos artículos, y no existe ninguna garantía de que estas modificaciones vayan a llevarse a cabo.

Pero este carácter profundamente antidemocrático de las universidades está en su propio ADN. Las universidades están al servicio de una casta universitaria atornillada a sus sillones y a empresas como el BBVA, el Banco Santander o Repsol. Por eso los estudiantes no podemos decidir ni opinar sobre nuestra universidad o forma de educación, nuestro voto vale 34 veces menos que el de un catedrático en elecciones universitarias y donde las trabajadoras de limpieza o cafetería no pueden elegir a los rectores que deciden su sueldo. Hace unos días se aprobaba la LOSU, otra ley del ministro Castells que quiere aumentar precisamente la injerencia de empresas privadas en las universidades y reducir la ya escasa democracia interna.

Sin embargo, los estudiantes organizados también hemos visto cómo las instituciones universitarias se esfuerzan cada vez más en frenar nuestra actividad. En la UAM, sin ir más lejos, hay que pelear hasta por poder repartir panfletos, mientras que Amazon o Samsung pueden campar a sus anchas por el campus para promocionar sus productos. También hemos visto cómo el Decanato de derecho trata de impedir que los estudiantes puedan organizar charlas. Y esto no ocurre solo en la UAM, sino que es una situación que está al orden del día en otras universidades, como la UCM, que se encargó de censurar una charla de temática LGTB y de amenazar con la expulsión a los organizadores y asistentes de la misma.

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Por esto, la comunidad universitaria tiene que decir que NO a las normas redactadas por el Rectorado, NO a la represión estudiantil y NO a convertir las universidades en espacios en los que los estudiantes seamos solamente sujetos pasivos. Necesitamos construir un movimiento estudiantil autoorganizado que luche por defender las demandas del estudiantado y en contra de las reformas que se están aplicando al sistema universitario. No podemos esperar a que las instituciones universitarias que aprovechan cada oportunidad que tienen para reprimirnos decidan escucharnos. Peleamos por una universidad gestionada por el conjunto de la comunidad universitaria, en grandes asambleas de estudiantes y trabajadores docentes y no docentes; en lugar de por organismos de gobierno que no elige nadie y en los que se encuentran directivos de grandes empresas como el Banco Santander o El Corte Inglés. Tenemos que organizarnos no sólo para tumbar estas leyes, sino para conseguir una universidad al servicio de la clase trabajadora.

Alexandru Tanasescu, representante estudiantil de la Universidad Autónoma de Madrid.