A las afueras del Juzgado de Garantía de Arica, se concentraron más de 150 mujeres, compañeras de trabajo, amigas, familiares y personas que han sentido la necesidad de acompañar la pelea por justicia para Fabiola, en una jornada de formalización de Ricardo Yévenes.

Como resultado de la formalización se decretó la medida cautelar de prisión preventiva para el imputado, el tiempo que dure la investigación que serían 150 días, por considerarlo un peligro para la sociedad y una amenaza para el desarrollo con la misma investigación, esto como parte de la solicitud del Ministerio Público.

A la espera de este resultado, el ánimo de decenas de mujeres que al grito de ¡Justicia para Fabiola! vieron la necesidad de salir a la calle, donde existe una contradictoria sensación con el proceso judicial, con desconfianza a las instituciones del Estado, que como vimos recientemente donde se busca anular la condena para Martín Pradenas, mostrando como quienes gozan de dinero y poder, gozan también de impunidad. Porque lejos de ser una vía en la cual las mujeres podamos confiar, los jueces y todo el sistema penal, no han hecho más que revictimizarnos.

Tras este lamentable hecho, han surgido diversas iniciativas desde distintos centros de salud como el hospital y los distintos CESFAM de la ciudad, donde principalmente las trabajadoras han buscado repudiar el hecho, exigiendo justicia.

Esto abre a pensar más claramente, qué se puede hacer en los lugares de trabajo para decidir cómo enfrentar la violencia machista, no como un problema por separado de la intimidad de cada sujeto, sino más bien de un conflicto estructural, que se expresa en distintas aristas.

Frente a hechos como lo sucedido con Fabiola, hace falta preguntarse ¿cómo enfrentar esto? Se hace clave impulsar comisiones de género en los lugares de trabajo, que sean espacios deliberativos, donde trabajadoras y trabajadores, puedan decidir cómo enfrentar el problema de la violencia machista, articulando con otros sectores para buscar organizarse contra un problema donde el Estado también es responsable.

Es por eso que se hace clave pelear por un plan de emergencia contra la violencia machista, que ponga al centro el dar refugio y garantizar, con acceso a créditos con tasa 0%, para que las mujeres quienes necesiten opten a la casa propia, el derecho al trabajo y un sueldo equivalente a la canasta familiar. Acceso a redes de atención en salud integral y programas de prevención y reparación, financiado con un impuesto a las grandes empresas y peleando por impulsar comisiones de género en los lugares de trabajo y estudio, para que las y los trabajadores puedan decidir cómo enfrentar la violencia patriarcal y al sistema capitalista que la sostiene.