En el 2014 el entonces Alcalde UDI de Valparaíso Jorge Castro, respondió ¿Te invité yo a vivir aquí? a un poblador de “El Vergel alto” que lo increpaba por las terribles condiciones habitacionales que se vivían en el sector desde antes del mega incendio.

Esta frase esconde el total desden con que las autoridades regionales y nacionales han abordado el problema habitacional en una región que se caracteriza por poseer los campamentos más grandes del país y el mayor número de familias viviendo en ellos.

Un cocktail de especulación, alto valor del suelo y ser una ciudad “jardín” ha llevado a Viña del Mar a transformarse en una de las ciudades donde de forma más brutal se puede apreciar la segregación. Mientras en el cuadrante entre 1 y 15 norte y 5 oriente y San Martín la mayor parte de quienes habitan la zona lo hacen en condiciones lujosas o muy acomodadas, en las zonas altas de los cerros en Forestal (donde se produjo el último incendio) o Glorias Navales la precariedad se vive de forma cotidiana.

Ahora, luego del incendio que afectó a varios cenentares de hogares y dejó a cientos de familias sin navidad ni fiestas de fin de año, las autoridades junto a expertos replican el diagnóstico de que “nadie debería vivir ahí” por razones geográficas o de otro tipo.

Pero si el diagnóstico es tan claro ¿por qué sigue gente viviendo ahí? pues porque no hay más donde vivir. Para una familia trabajadora vivir en el plan es casi imposible.

El coste de un arriendo en el plan de Viña del Mar bordea los 700-800 mil pesos mensuales ni hablar de la posibilidad de comprar una vivienda ya que desde los últimos 10 años la mayoría de los proyectos inmobiliarios “accesibles” tienen una clara orientación a familias de clase media alta.

Por otro lado, las zonas tradicionales como achupallas, o Gomez Carreño han visto como año a año los arriendos suben y también dejan de ser una opción.

Para esas familias que viven de allegadas la mejor alternativa se volvió construir una pequeña casa al borde de una quebrada y esperar junto a la comunidad la regularización de la construcción y la llegada de los servicios básicos.

En esa latente espera se encuentran campamentos como el Felipe Camiruaga que por años ha luchado contra las administraciones municipales para que se les reconozca como propietarios y así puedan mejorar sus condiciones de habitabilidad.

Según Cesar Cáceres, geógrafo e investigador de la UVM, entrevistado por La Tercera, señala que uno de los problemas que enfrentan las comunidades en durante estas emergencias es la falta de urbanización de las zonas ya que el acceso al agua es deficiente así como de caminos para la rápida llegada de bomberos, pero también pone énfasis en la falta de planificación territorial por parte de los municipios, sobre todo en lo que a incendios se refiere.

Pero en realidad las administraciones municipales si tienen claros los proyectos que les interesa trazas y cuales no y en ese sentido el enviar a los pobres a las partes altas de los cerros es parte de la desidia con la que la clase empresarial trata a la clase trabajadora más precarizada.

Esto es porque un importante número de recursos estatales se gastan en “hermosear” y “mantener” el casco turístico de la ciudad, o que la aprobación de proyectos inmobiliarios solo se realiza en las zonas bajas de la comuna o en zonas ya muy urbanizadas en torno al troncal o el camino internacional, pero hay que considerar que en Viña del Mar así como en Valparaiso, aun siguen existiendo calles de tierra así como zonas sin alumbrado público o acceso a alcantarillado.

Mientras en av Libertad con 8 norte o en San martín con 8 norte un departamento puede estar sobre los 1500 millones de pesos, miles de familias viven en el barro al costado de una quebrada.

Un plan de viviendas bajo control de los trabajadores y pobladores.

Hoy después del terrible incendio, los canales de TV y diarios están brindando una amplia y morbosa cobertura a la tragedia, pero en unos días, cuando los reporteros y sus preguntas insidiosas se hayan ido, las cientos de familias afectadas deberán comenzar la lenta y tortuosa reconstrucción.

Desde ya las demostraciones de solidaridad se han visto y ya se cuentan por miles las iniciativas de organizaciones sociales y sindicatos que están yendo en ayuda de quienes lo perdieron todo.

Estas muestras de solidaridad de clase deben extenderse y ponerse al servicio de un plan de reconstrucción donde sea el Estado quien provea de los medios necesarios para levantar nuevamente los hogares de las familias trabajadoras, pero que de un paso más allá y permita discutir de conjunto el problema de la vivienda en la región, para anteponer las necesidades de la clase trabajadora y no las inmobiliarias que seguro intentarán hacer negocio con la tragedia. Todo eso deberá ser financiado con impuestos progresivos a las grandes fortunas para que la crisis la paguen los grandes capitalistas.