Como ya abordamos en un artículo anterior, la coalición de gobierno representados por el ministro de Hacienda (Mario Marcel) y del Trabajo (Jeannette Vega) y los dirigentes de la Mesa del Sector Público (CUT), muchos pertenecientes a los mismos partidos, acordaron un reajuste por debajo de la inflación dejándonos con una pérdida del – 1.3% del poder adquisitivo.

Esto, sin mediar la más mínima resistencia como lo hubiesen sido las movilizaciones de los casi un millón de funcionarias y funcionarios empleados del Estado.

Tras la oposición del sector de profesionales de los colegios médico, de cirujanos dentistas y la FENPRUSS tras verse relegados por el punto de corte salarial (el 12% de rajuste es aplicable hasta los 2.2 millones y para el resto un aumento fijo de $ 264 mil), este acuerdo se mantuvo en los salones del Congreso hasta que recién el 21 de diciembre fue totalmente aprobado. Pero al día de hoy, aún no está el “visado” del presidente y el poder ejecutivo y, por ende, la publicación en el Diario Oficial (hoy, 27 de diciembre!) aún no se ha hecho efectiva.

Esto trae consigo que peligre el reajuste aplicado al sueldo de diciembre, así como los aguinaldos o bonos de negociación con lo que los trabajadores cuentan para tener un mínimo adicional para pasar un fin de año merecido junto a sus seres queridos o simplemente pagar cuentas: al día de hoy hay muchos sectores, por ejemplo de la salud hospitalaria y municipal que no tenemos certeza de recibir un atrasado aguinaldo o cualquier otra asignación acordada.

Fueron cientos de familias que no contaron con la mísera cifra de 60 mil pesos antes de la cena de navidad o con el Bono Trato Usuario (que legalmente se paga en noviembre pero que también fue retrasado por los retrasos del método burocrático del gobierno y las dirigencias sindicales). Todo lo anterior repercute en el bolsillo de nosotros como trabajadores, donde además, en mayor proporción corresponden a mujeres trabajadoras que sustentas hogares.

Responsable de esto tanto el ministerio de Hacienda como el de Salud, en específico, de la Subsecretaría de Redes Asistenciales a cuyo mando se encuentra Fernando Araos, del círculo frenteamplista de Boric e Izkia Siches y de ahí la cadena de mando que maneja los dineros: las direcciones de los servicios de salud y de las direcciones o corporaciones municipales.

Esto (el no pago del Bono Trato Usuario) llevó a que los días previos a las elecciones de la CONFUSAM, la directiva nacional sacara una declaraciónpresionando con el siempre inocuo e inefectivo estado de “Alerta Nacional” de movilizaciones, pero que como vimos en la MSP y ante este tema, no fue más que un “saludo a la bandera” y, una vez más, la desidia de las dirigencias nos llevó a que finalizando el mes aún no lleguen dichos montos a las familias y el Estado se regodee en controlar los tiempos.

En el sur de Chile esto se reflejó en que en Ancudy Pucónse dieron breves pero sintomáticas muestras de protesta ante la situación que no viene para nada bien en medio de una situación inflacionaria que registró un IPC interanual del 13.3% (dic 21- nov 22).

O que en otras comunas como San Bernardo ¡se les adelantara 200 mil pesos del propio sueldo! El cual ya se resta un salario a fin de mes que no ha sido complementado ni con los bonos, ni con el aguinaldo e incluso sin la confirmación del reajuste negociado, obligando al endeudamiento, préstamos o la terrible resignación a no poder terminar el año merecidamente en concordancia con el trabajo realizado en un sistema exigido por la falta de recursos y tras 3 años de pandemia, donde pasamos de los aplausos a ser relegados por la indolencia del gobierno y de los dirigentes nacionales y regionales que no han movido un dedo por imponer algo que es totalmente justo.

Desde la Agrupación Abran Paso compartimos el descontento con el gobierno de Boric, los parlamentarios de los partidos de estos 32 años y con las geniales “cabezas” de los gremios que han cedido sin lucha a todo lo que le impone el “patrón Estado”, el “patrón Alcalde” y sus partidos. Por esto mismo creemos que se requiere de una unidad y coordinación de las y los trabajadores, contra la fragmentación corporativa actual, servil al gobierno, para exigir lo que se nos debe, mediante asambleas de base y la movilización.

Por un reajuste mensual automático según IPC (escala móvil de salarios), por la transparencia y control por parte de trabajadores y la comunidad, de la contabilidad de los recursos asignados a las instituciones, por sobre las autoridades ministeriales, municipales y direcciones que mantienen en decadencia la salud pública y que buscan hacer pagar a sus propios trabajadores los costos de administraciones irregulares o corruptas con que han enriquecido a empresarios y personeros de los partidos del régimen de los últimos 32 años.