Como informó La Izquierda Diario , el 11 de octubre el juez Diego Olivera Zapiola, titular del Juzgado de Garantías N° 4 de Mar del Tuyú, ordenó la elevación a juicio de la causa por la muerte de Alejandro Martínez, quien murió la madrugada del 18 de noviembre de 2021 en una comisaría de San Clemente. La decisión del juez se produjo luego de que el fiscal Martín Prieto, de la UFID 2, cerrara la instrucción tras diez meses de investigación.
Los acusados en la causa son nueve policías bonaerenses. Se trata de los oficiales José Pereyra (35), Christian Rohr (31) y Maximiliano Munche (48), hoy detenidos en Batán, a quienes se juzgará por ser “coautores” del “homicidio triplemente agravado por alevosía, ensañamiento, por el concurso premeditado de más de dos personas y por haber sido cometido por miembros de una fuerza de seguridad abusando de sus funciones”. Los otros seis, oficiales Laura Chiarullo (36), Evelyn Garófalo (28), Jaqueline Mansilla (30), Carla Cantarella (30), Sandro Mujica (35) y Miguel Boulos (54) serán juzgados por “partícipes secundarios” del crimen y se encuentran en libertad.
Tras la resolución del juez Olivera Zapiola, los abogados de los imputados apelaron ante la Cámara de Apelaciones y Garantías de Dolores. Fieles al relato creado por los policías, sus superiores y el ministro de Seguridad Sergio Berni, los defensores argumentaban que en el expediente no había elementos que demostraran culpabilidad alguna en la banda de uniformados y que, por lo tanto, era más que obvio su “sobreseimiento definitivo”.
Para ellos, no parecen suficientes los resultados de dos autopsias, un testigo clave (de identidad reservada) que contó todo lo que pasó esa noche, las mentiras dadas por la Policía a la familia de Martínez y demás evidencias que, de conjunto, demuestran que hubo un accionar común de una decena de efectivos para “sacar” al hombre del Hotel Fontainebleau esposado (y hasta ese momento sin heridas) y llevarlo a la comisaría, donde horas después aparecería muerto.
Finalmente este jueves la Sala II de la Cámara de Apelaciones y Garantías de Dolores, a cargo de los jueces Lía Raggio y Daniel Rezzonico, resolvió acompañar el fallo de primera instancia, ratificando la elevación a juicio contra los nueve policías, con la misma calificación legal tanto para los coautores como para los partícipes secundarios del homicidio.
En su escrito, que ya hicieron llegar a las partes intervinientes en el caso, los camaristas afirman que “a diferencia de lo sostenido por los empeñosos Defensores Particulares de los imputados e imputadas”, las pruebas valoradas por el juez Olivera Zapiola “permiten sostener indudablemente, el avance de este proceso hacia el amplio debate que garantiza el juicio Oral y Público, encontrándose abastecidas las exigencias legales requeridas en esta instancia procesal”. Mal que les pese a los abogados policiales (les dicen “particulares” pero están totalmente consustanciados, a cambio de suculentos honorarios, con las fuerzas represivas), habrá juicio oral y público. La fecha aún no se sabe.
“Estamos muy conmovidos, creemos que es posible que se haga justicia y que Alejandro pueda descansar en paz”, dijo Laura Laganá Santillán a La Izquierda Diario tras recibir la notificación de la Cámara de Dolores. La expareja de Martínez y madre de su pequeño hijo viene luchando junto a la familia del hombre para que “todos los culpables paguen su condena, por todo lo que hicieron”.
Laganá Santillán fue una de los primeros seres queridos en recibir las mentiras de la Policía. A horas del fallecimiento del hombre, cuando ya empezaba a ponerse en funcionamiento la trama de encubrimiento oficial y el relato cambiado de los hechos, una mujer policía la llamó para decirle que Alejandro había muerto en la calle, de un paro cardíaco y por una sobredosis de drogas. Nada que ver con lo que se halla en el expediente y por lo que serán juzgados los principales sospechosos.
La familia de Martínez llega al final de 2022 con el mismo dolor de hace un año. Pero el fallo de la Cámara de Apelaciones y Garantías de Dolores les renueva las fuerzas para luchar por justicia y la convicción de que a Alejandro, pese a las mentiras de los asesinos y sus cómplices, lo mató la Policía.
Resta saber si el Poder Judicial se dignará, al menos en este caso, a imputar a Sergio Berni por su comprobada actitud cómplice hacia los criminales de uniforme. ¿Habrá un desafío tal al gobernador Axel Kicillof, quien sostiene a su ministro aún tras la represión brutal de la Bonaerense contra miles de hinchas de Gimnasia y Esgrima La Plata, donde la fuerza asesinó a César “Lolo” Regueiro e hirió a decenas de personas? |
