El próximo martes 08 de septiembre se discutirá una vez más el Proyecto de aborto terapéutico presentado por el gobierno. El debate no ha cesado, y luego de que se votara la idea de legislar sobre el proyecto en la Comisión de salud de la Cámara de Diputados, cientos de debates han surgido tanto en redes sociales como en los medios de comunicación.
Nuevamente, la derecha anuncia que se opondrá totalmente, pues “se debe defender lo que dice la constitución”, hace pocos días organizaciones provida organizaron una marcha contra el aborto en 33 ciudades del país. La Democracia Cristiana logró que sus indicaciones fueran aprobadas por la Nueva Mayoría, por ejemplo, ante el riesgo de vida para la madre, se cambia el peligro "presente o futuro" con "riesgo real"; mientras que respecto a la inviabilidad se propone que sea una junta médica, integrada por especialistas, la que califique la situación, mientras que ante la causa de violación, proponen reducir el plazo para permitir un aborto.
Este proyecto se presentó como un gran triunfo para las mujeres, porque “todas van a poder decidir”, anunciaba con entusiasmo la Nueva Mayoría en enero. Sin embargo, al ser un proyecto limitado, pues sólo un 3% de las mujeres podrá abortar, no abarca de fondo ni entrega ninguna respuesta ante el principal problema: los abortos clandestinos. Con el aborto penalizado, desde el año 1989, nos privaron de nuestro derecho a decidir, arriesgandonos a ir a la cárcel por abortar y ser criminalizadas, acusadas de asesinas. La Constitución política actual, hecha en dictadura, defiende fuertemente los valores cristianos, los cuales defendían fervientemente los tiranos que estaban en el poder.
La cruda realidad de los abortos clandestinos
Una de las consecuencias más crudas a las que estamos expuestas día a día es el aborto clandestino. Las mujeres se practican abortos en la soledad de sus casas, arriesgándose a ser penalizadas con cárcel o simplemente morir en el intento, producto de hemorragias o infecciones. Palos de tejer, tallos de apio, objetos cortopunzantes, golpes, pastillas, son algunas prácticas con las cuales las mujeres abortan clandestinamente. Uno de los métodos más utilizados son con el MISOTROL, pastilla que se vendía en las farmacias hasta el 2001, cuando fueron prohibidas. Por eso hoy sólo las podemos encontrar en el mercado negro con un valor de $60.000.
Si bien en general se plantea al MISOTROL como un método seguro, no garantiza que el aborto salga del todo bien, pues puede producir hemorragias prolongadas durante dos días. A muchas mujeres les ha fallado este método, teniendo que ir a hospitales para ser atendidas ante una hemorragia, pero sin embargo, terminan siendo denunciadas por los médicos.
En Chile se realizan entre 80.000 y 160.000 abortos al año, una cifra aproximada pues hay cientos que no son notificados. Una cifra preocupante, que revela la cruda realidad social a la cual estamos sometidas, producto del patriarcado que se reproduce, por ejemplo, en las instituciones del estado, como las leyes y la educación, y que actúa conjunto al capitalismo, endureciendo mucho más nuestras condiciones. Las que se llevan la peor tajada son las mujeres de sectores pobres, como trabajadoras, pobladoras y estudiantes precarizadas.
La persecusión de la ley, recae de manera más dura cuando la mujer que aborta es pobre, no siendo así la realidad de las mujeres más pudientes que abortan en clínicas de barrio alto o en el extranjero. El carácter de clase es incuestionable, pero los principales defensores de la Constitución y de la criminalización por abortar están mas preocupados de conservar la moral cristiana que de los derechos mínimos para las mujeres. La herencia de la dictadura nos ha violentado durante años, y el estado empresarial y machista reproduce y sostiene estas miserias.
Penalización y criminalización
Desde el año 1989 se nos prohíbe abortar. Tal decisión fue tomada por los militares y el Cardenal Medina. Tal determinación reflejó fielmente los constructos morales que por medio de la dictadura se nos impuso, reestructurando la sociedad por medio de estos mecanismos de control, que claramente, reproducen el machismo, la homofobia, y la moral de la iglesia. El código Penal regula el aborto en el artículo 342 (aborto provocado por un tercero no profesional de la salud, aborto causado por la mujer o su consentimiento y la intervención de un facultativo médico). El aborto honoris causa, está tipificado en el artículo 344, cuando la mujer intenta “ocultar su deshonra”, un sinónimo de los valores que defendían los militares -y hoy por los partidos de derecha- pues se condena a la mujer a sentir vergüenza por tener relaciones sexuales antes del matrimonio.
Durante el período republicano, el aborto se penalizó en 1875, siendo considerado un acto inmoral y reprochable, aún así, los abortos clandestinos eran una realidad, aunque se desconocen las cifras exactas. Fue en 1931 cuando se aprobó el aborto terapéutico en Chile, introducido en el artículo 119 del código Sanitario. Trabajadores de la salud de Hospitales como el Barros Luco, defendieron fuertemente esta medida como una política de salud pública necesaria. Sin embargo, a pesar de los programas de planificación familiar y derechos reproductivos, en los sectores más empobrecidos se continuaban realizando abortos clandestinos en condiciones de insalubridad, esto producto de la falta de información en estos sectores de la legislación vigente.
Sólo en 1964 el aborto clandestino fue la principal causa de muerte en alrededor de un 40% de los casos. En los años 1972 y 1973, este hospital facilitó el acceso a mujeres precarizadas a practicarse un aborto ante la imposibilidad de mantener un hijo dada las condiciones socioeconómicas.
Fue en plena dictadura cuando en 1974 en la Comisión Ortúzar, Jaime Guzmán propuso la total prohibición del aborto, sin embargo, no logró introducirse a la nueva constitución, pero se agregó el inciso segundo del Artículo 19 que dicta: “la ley protege la vida del que está por nacer”; en 1988 José Toribio Merino, miembro de la junta de gobierno y principal impulsor de la penalización del aborto, introdujo una moción de ley que protegiera la vida por nacer. Fue así cuando esto se consolidó en 1989 con la modificación del artículo 119 del Código Sanitario: “No podrá ejecutarse ninguna acción cuyo fin sea provocar un aborto”.
Si bien no hay muertes por aborto desde el año 2001, no quita que estemos fuera de riesgo de morir. Producto del MISOTROL, se ha agregado una forma más “segura de abortar”, que puede fallar. Entre el 2001 y 2005, los egresos hospitalarios por aborto en Chile alcanzaron un promedio anual de 33.992, donde un sólo un 10% de esta cifra eran abortos naturales. En el 2000-2004, de las 208 muertes maternas ocurridas, el 12% fue por aborto. Sin embargo, hasta hoy hay mujeres cumpliendo condena con cárcel por abortar. El 2005, 11 mujeres fueron procesadas por aborto. En los dos años siguientes, Investigaciones detuvo a 35 mujeres y, durante 2007, 160 casos ingresaron en el Ministerio Público. De ellos, 94 aparecen tipificados como aborto consentido y 66 como aborto sin consentimiento. La Región Metropolitana presentó el 38,75% del total. Le siguen la Octava región del Bío Bío y la sexta región de O’higgins, con el 11,87% y el 11,25%, respectivamente.
No estoy dentro de ninguna de las tres causales ¿yo decido?
Afirmé en un principio que el Proyecto de Aborto terapéutico en tres causales es limitante. Que un porcentaje mínimo tenga el “derecho” porque tres causales se lo permitieron, mientras el resto sigue bajo las mismas miserias, no significa derecho a decidir de todas. Las mujeres abortamos por cualquier causa, partiendo desde la más recurrente que es por falta de recursos para la mantención de un bebé. Hoy las mujeres trabajadoras no ganan más de $225.000 pesos, aproximadamente un 40% de ellas son la fuente de ingresos de una familia, difícilmente pueden comprar el necesario MISOTROL.
La falta de educación sexual, sobre todo en las escuelas y liceos públicos, repercute tajantemente. No se tiene información sobre qué métodos anticonceptivos utilizar, cuándo y cómo, no sabemos conocer bien nuestro cuerpo, más allá de la función de nuestros aparatos reproductivos y la reproducción de los roles de género por medio de la enseñanza biologicista. Si bien hoy existen cinco programas de educación sexual a libre elección de los establecimiento, todos comparten el carácter biologicista y tres de ellos fueron elaborados por universidades católicas. Esta falta de educación sexual perjudica a las mujeres precarizadas, como trabajadoras y pobladoras, pues a ésta sociedad le conviene seguir teniendo mano de obra barata. Los derechos reproductivos y sexuales son tremendamente necesarios y al igual que la educación sexual, son dejados de lado.
¿Y qué será de nosotras, que abortamos por razones que no son las tres causales? El gobierno tampoco se ha pronunciado por ésto. ¿Permitirán que sigan muriendo mujeres? ¿permitirán que vayamos a la cárcel por infringir la ley?. Un proyecto que no toca la raíz del problema, no solucionará la cruda realidad. Si bien es un avance en menor escala, los abortos clandestinos seguirá siendo una realidad.
No poder decidir sobre nosotras es otro tipo de violencia, es imprescindible en seguir avanzando en esta lucha que ha recobrado mucha importancia en los últimos años, por el trabajo que han hecho agrupaciones feministas del país. Hoy debemos recuperar un derecho negado en plena dictadura, dictadura que dio pie para consolidar toda la violencia sexual, institucional y estructural que vivimos hoy. La dictadura y sus defensores de hoy, cuya doble moral se le sale por los poros. Claramente no les interesa para nada la vida de las mujeres ni las condiciones miserables en las que vivimos, les interesa defender sus propios intereses en este régimen, en defender la herencia de la dictadura que hoy les permite acrecentar sus fortunas y sus empresas.
Es más que un tema de salud pública, señores y señoras de la Nueva Mayoría, tiene que ver con que nosotras decidimos como un derecho democrático. Por este 3% de mujeres que podrán abortar seguiremos luchando por la legalización del aborto, porque es un derecho que debe ser para todas y nada ni nadie puede venir a decirnos qué hacer. Porque hay que ponerle fin a los abortos clandestinos y a la criminalización, el aborto debe ser legal y garantizado al 100% por el Estado, en condiciones plenamente seguras y salubres. El proyecto no nos garantiza eso, y enfrentarnos a la muerte será una posible consecuencia si abortamos.
Desde Pan y Rosas estamos convocando a una concentración fuera del Congreso para el 08 de Septiembre, para manifestarnos y alzar la voz por un aborto legal, seguro y gratuito, porque la lucha no ha terminado, seguiremos en las calles hasta conquistar este derecho. |
