Habitan nuestro país alrededor de 824.407 personas con limitación cognitiva, que representan apenas el 2% de la población total del país. Los procesos de descentralización y privatización de la salud, ocurridos durante la década menemista y que la década kirchnerista no ha tenido intenciones de revertir, han producido consecuencias devastadoras en términos de calidad de servicios asistenciales-terapéuticos. Es que, aunque la retórica de las gestiones nacional y de la ciudad de Buenos Aires, hagan eje en la desmanicomialización y la reinserción social, los planteos de casa de medio camino y la capacidad de los hospitales polivalentes son una cáscara vacía desfinanciada, dentro de un sistema que subsiste gracias sus trabajadores, en la mayoría de los casos, precarizados.
Una de las más brutales muestras del desinterés oficial acerca del área de la salud mental, fue la represión de la policía metropolitana en el Hospital Borda para lograr demoler el Taller 19. Los escombros de ese taller de oficios; pacientes, familiares y trabajadores y periodistas heridos; la absolución de los responsables de la represión, mientras los trabajadores aún luchan por la absolución de los detenidos es la cara real de este plan .
Los hospitales públicos que cuentan con servicios de salud mental (que no son todos) se encuentran ampliamente desbordados en su capacidad de atención, debido a restricciones horarias, de recursos y de personal. En cuanto a los dispositivos de terapias prolongadas, como pueden ser los Centros de Día, Hogares de Día, Centros Educativos Terapéuticos, Hogares Residenciales, entre otros, se puede afirmar que prácticamente el 100% de las instituciones son de carácter privado, religioso, fundaciones u ONGs, otra de las graves consecuencias de la década menemista que la década ganada no ha revertido, la retirada del Estado de sus principales funciones como garante de derechos. Esta derivación a la sociedad civil de la responsabilidad de asistencia a la discapacidad, da lugar a gran diversidad de enfoques terapéuticos (no siempre en línea con las nuevas leyes) y grandes desigualdades entre instituciones, dependiendo de los recursos de los que disponga. Esto tiene consecuencias directas sobre la vida de los pacientes y de los trabajadores de la salud, que son los únicos que sostienen esta estructura sólo con su esfuerzo. Tal como es el caso de Emanuel García, jóven camillero del Hospital Posadas que murió junto con un paciente psiquiátrico del hospital, intentando evitar que este último se suicide desde un piso inadecuado para contener su patología. Emanuel era compañero y amigo de los compañeros de la Agrupación Marrón de ese hospital que mantienen firmes las banderas de defensa de la salud pública en su memoria.
El carácter privado de muchos de los mencionados dispositivos es absolutamente contrario a la promoción de la salud mental, su fin último, como el de toda empresa, es el lucro, la acumulación de capital, y de allí se deriva fácilmente la conclusión de que las gerencias de estas instituciones expropian a sus asistidos un alto porcentaje de las cuotas que el Estado destina para su tratamiento, para transformarlo en su ganancia. Estas instituciones, con el fin de cobrar mayor cantidad de cuotas, suelen aceptar perfiles de muy variadas características, complejizando la tarea de los trabajadores y perjudicando el tratamiento.
Otro gran obstáculo a la satisfacción de derechos de la persona con discapacidad mental, es el inmenso porcentaje de precarización laboral que sufren los trabajadores del sector. Los salarios se encuentran muy por debajo del salario mínimo y mucho más por debajo de la canasta básica, en la gran mayoría de los dispositivos de atención, la contratación es como monotributista, y muchas veces por horas, con lo cual a los trabajadores se les quita el derecho al aguinaldo, a las vacaciones pagas, a las licencias por examen, por enfermedad, a la cobertura por accidentes de trabajo, entre otras vulneraciones. La precariedad laboral genera un alto índice de rotación de personal, afectando directamente a los objetivos terapéuticos ya que el vínculo terapeuta-paciente es la base de todo tratamiento, el sistema así planteado, entonces, obliga a los pacientes a empezar de cero cada vez que un trabajador cambia de lugar de trabajo, buscando mejores condiciones de contratación.
El nuevo Código Civil y Comercial de la Nación entrado en vigencia el 1ro de agosto de este año, en consonancia con la Ley 22.431 de Protección Integral de Discapacitados sancionada en 1981, define a la persona con discapacidad como “toda persona que padece una alteración funcional permanente o prolongada, física o mental, que en relación a su edad y medio social implica desventajas considerables para su integración social, educacional o laboral.” Por otro lado, la Ley de Salud Mental 26.657 define a la salud mental “como un proceso determinado por componentes históricos, socio-económicos, culturales, biológicos y psicológicos, cuya preservación y mejoramiento implica una dinámica de construcción social vinculada a la concreción de los derechos humanos y sociales de toda persona”.
Estas definiciones formales y diferentes mecanismos de protección, promoción y prevención que el Congreso Nacional se ocupa de sancionar y el Poder Ejecutivo utiliza para autoplocamarse como extensivo de los derechos humanos, podemos afirmar que se encuentran vacías de contenido real ya que recorriendo los diferentes dispositivos de atención, es muy sencillo elaborar una descripción real de la situación de la salud mental y la discapacidad, que se desprende del accionar concreto del Estado y del sistema productivo que éste garantiza y reproduce.
La única forma de garantizar los derechos de las personas con discapacidad mental es la desmercantilización de la atención, la salud no es un bien al cual se accede con dinero, debería ser una condición dada a las personas, al igual que la vivienda, el empleo y la educación. La desmercantilización obliga a la estatización de todos los dispositivos de asistencia, bajo control y gestión de los trabajadores de la salud que son quienes día a día defienden el derecho a la salud. |
