Sedimentos de capas profundas del suelo, cuya superficie incluidas flora y fauna fue destruida y alterado el curso natural de agua (foto Pablo Varela).
Desde el poder ejecutivo del municipio se pretende aprovechar las circunstancias de fin de año para volver a habilitar el emprendimiento de la empresa E2 SA, del empresario Adrián Saracco. Implica la total destrucción del ecosistema en más de 85 hectáreas de humedales.
Como han probado ambientalistas locales de la organización de Ambientalistas Autoconvocados, las obras de Naudir Delta “Aguas privadas”, llevadas a cabo por la empresa E2 SA de Adrián Saracco, son ilegales. El proyecto no cuenta con Declaración de Impacto Ambiental, entre otros permisos que deberían haberse realizado previo a comenzar las obras. Sin embargo, el relleno de tierras y las excavaciones se realizaron sin ningún tipo de habilitación. Esto significa la total destrucción del ecosistema desde el suelo y los cursos naturales de agua en más de 85 hectáreas de humedales.
Es más, según se demostró judicialmente (medida cautelar, traba/levantamiento - 50842), tanto la empresa como el municipio de Escobar intentaron presentar una declaración de impacto ambiental adulterada con el objeto de hacerla pasar por una habilitación ambiental, tal como acreditó el propio Ministerio de Ambiente de la Provincia. Por esta razón, desde marzo de 2022 las obras se encuentran paralizadas por una medida cautelar ratificada en la Cámara de Apelaciones.
Falsificación del informe de impacto ambiental ante el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible. En rojo en la imagen la empresa anexó una parcela más a lo anteriormente declarado, en azul (fuente Organización de Ambientalistas Autoconvocados).
Con el objetivo de favorecer el negocio inmobiliario, el intendente interino Carlos Ramil, del Frente de Todos, vuelve a intentar habilitarlas. Antes Ariel Sujarchuk, intendente del Frente de Todos de Escobar en licencia, luego presidente del Ente Nacional de Control y Gestión de la Vía Navegable, y ahora designado por Sergio Massa y Alberto Fernández como secretario de Economía del Conocimiento, encubrió a la empresa E2, ocultando la información pública sobre Naudir Delta durante más de tres años, permitiéndole avanzar impunemente con las obras a pesar de conocer su ilegalidad.
Recordemos que a Ariel Sujarchuk no le tembló el pulso a la hora de desalojar un barrio entero, en el que vivían familias que con mucho esfuerzo habían construido sus casas. El entonces intendente Sujarchuk, junto con el Gobierno provincial y la Justicia ordenaron pasar topadoras por el Barrio Stone, para dar lugar a un barrio cerrado, un negocio que involucra a la empresa Nuevo Maschwitz S.A y a la familia Costa, ligada a Juntos por el Cambio.
Ahora, el actual intendente ha firmado el decreto 3049/2022 por el cual convoca a la “participación ciudadana” para avalar algo que ya ha sido clausurado y con una Declaración de Impacto Ambiental realizada por la propia empresa, de ninguna manera objetiva. La Evaluación de impacto Ambiental es un instrumento de carácter preventivo, llevada a cabo por especialistas, su objeto es predecir y prevenir los posibles impactos y daños ambientales de un proyecto, por lo que es imprescindible realizarla antes de cualquier obra.
Favorecer el negocio inmobiliario por encima de una evaluación seria del impacto ambiental, va en contra de las necesidades de los habitantes aledaños y de las futuras generaciones. Es necesario conservar los últimos humedales de la zona, considerados bienes naturales comunes por los beneficios ecosistémicos que brindan, como espacio verde, depuración del agua y protección ante las inundaciones. Lo que corresponde hacer, en este caso, es establecer y dimensionar el daño causado por estas obras ilegales y dar lugar a la obligación de recomposición ambiental (normada en el art. 41 de la Constitución Nacional y el marco normativo de orden público ambiental).
Maquinaria excavando y rellenando humedales en el Cazador (foto Pablo Varela).
Sin embargo, se pretende hacer lo mismo que en 2007, cuando 65 hectáreas de humedales fueron destruidas ante la construcción del Barrio el Cazal, en el que la misma empresa E2, amiga del municipio, comenzó la obra sin la Declaración de Impacto Ambiental correspondiente. El Municipio le otorgó una habilitación exprés y fraudulenta y las obras continuaron y se terminaron entre revocamientos y levantamientos de la medida. Al parecer las empresas hacen lo que quieren, con la complicidad del poder político y la lentitud judicial.
Con una Ley de Humedales que proteja estos imprescindibles ecosistemas, no tendríamos estos problemas, que se repiten en todo el país. La Ley de Humedales ya perdió estado parlamentario tres veces en 8 años. Proyectos similares de protección de Humedales recibieron media sanción en el Senado en 2013 y en 2016, pero luego se frenaron en Diputados. En 2020 la Cámara Baja emitió un dictamen, pero solo en la Comisión de Recursos Naturales. En esa oportunidad el proyecto fue girado por Sergio Massa a las comisiones de Agricultura, Intereses Marítimos, Legislación Penal y Presupuesto. La decisión de enviarla a varias comisiones es una conocida “maniobra parlamentaria” para trabar su tratamiento, por lo que volvió a perder estado parlamentario por tercera vez.
Este hecho forma parte de un plan de la especulación inmobiliaria, el agronegocio, la minería contaminante y el extractivismo capitalista. El ambientalismo no es, como dicen, estar en “contra del progreso” sino a favor de un progreso real, inclusivo. Bien se podrían construir, en lugar de megaemprendimientos de barrios privados, viviendas dignas en equilibrio con el medio ambiente y posibilidad de trabajo en agroecología y ecoturismo sin dañar los ecosistemas existentes.
Nuevamente reunión de Comisiones para discutir #LeyDeHumedales. Los argumentos en contra ya los conocemos. Dicen que "va contra la producción". Falso. Va contra un tipo de producción extractivista y de ganadería intensiva, que destruye el planeta y enriquece a unos pocos. (1/5)
Para el Estado y los poderes económicos, el medio ambiente solo es un recurso para comercializar. Hay que seguir coordinando la lucha ambientalista contra el extractivismo junto a las luchas que enfrenta la clase trabajadora, principal damnificada en los problemas socioambientales.
El cuidado de los bienes comunes son la clave para el bienestar de las generaciones futuras, no podemos naturalizar que el poder económico, avalado por el Estado, actúe por encima de la protección de estos bienes en beneficio de unos pocos y en perjuicio de las mayorías populares.
