Los pedidos de aumento de las compañías distribuidoras que operan en el país llegan hasta el 273% de incremento a hacerse efectivos desde el 1 de febrero. En el caso de Gasnor, que brinda servicio en Jujuy, Salta y Tucumán, solicitó un incremento del 189% en un ítem componente de la factura.
Las empresas transportadoras de gas reclamaron un ajuste de hasta el 163% en ese servicio, en el marco de la audiencia pública virtual que se llevó a cabo ayer jueves, convocada por el Ente Nacional Regulador del Gas (EnarGas) donde participaron nueve empresas.
Según dijeron representantes de las compañías, ese nivel de incremento permitirá "iniciar un sendero de recomposición tarifaria, con el indispensable respeto a las leyes y compromisos asumidos por el Estado que hacen a la seguridad jurídica del país." Por supuesto el gobierno escucha el pedido de los empresarios, aunque la Secretaría de Energía de Nación, Flávia Royón, haya anunciado que solo un 28.3% impactará en las facturas de usuarios residenciales y que no habrá aumentos para quienes se inscribieron en el programa de segmentación energética.
La realidad es que las familias trabajadoras enfrentan cotidianamente el encarecimiento del costo de vida y hace tres días recibió un nuevo golpe con el aumento del boleto de transporte público, que subió un 83 % desde diciembre 2021.
Además esta semana se dió a conocer el nuevo cuadro tarifario de EJESA para los consumos del 1 de noviembre 2021 al 31 de enero 2023 que vienen con nuevos aumentos.
Ahora son las empresas productoras y distribuidoras de gas y el gobierno las que preparan para asestar un nuevo ataque al bolsillo de las mayorías, que se suma al tarifazo ya aplicado en el mes de septiembre del 2021, ante la quita de subsidios y segmentación tarifaria, y en los meses de abril y mayo con el aumento del valor del gas de pozo.
Desde los organismos de defensa al consumidor de todo el país se rechazó este pedido de aumentos. En Jujuy, la representante de la Codelco, Alicia Chalabe, manifestó en un medio local también, que por el decreto de segmentación tarifaria, quedaron 3 millones de personas mal incluídas en la “tarifa 1”que no recibe ningún tipo de subsidios.
Este ajuste es resultado de la decisión oficial de avanzar en el quite de subsidios a los servicios. Todo a pedido del FMI que estimó que en 2023 la aplicación plena de la segmentación de subsidios con tope de consumo implicará un ahorro fiscal para el Estado de unos 0,5 puntos del Producto Bruto. Una muestra más de que se pagará al Fondo a costa de ajustar a los sectores populares, mientras a los empresarios se les sigue garantizando sus ganancias y sosteniendo con subsidios millonarios. | 
