Luego de casi dos semanas de producida la aprehensión del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, y luego de que este fuera detenido preventivamente en el penal de alta seguridad de Chonchocoro del departamento de La Paz, las protestas cívicas parecieran haber sido insuficientes para generar un movimiento político nacional por la libertad del gobernador cruceño, impulsor del golpe de Estado de 2019.
Lo que comenzó con bloqueos de rotondas y el inicio de un paro departamental de 24 horas tuvo que ser continuado con movilizaciones y ataques a instituciones públicas luego de las 16:00 hs. Estas medidas iniciales expresan la dificultad de imponer un nuevo paro “indefinido” ante la posibilidad de que los sectores obreros, campesinos y populares reaccionen ante la imposición de nuevos paros cívicos. En este sentido, los cívicos y paramilitares decidieron mantener algunos puntos de bloqueo en doble vía a La Guardia, Mataral, San Carlos, Cordillera y Boyuibe para evitar el transporte de alimentos hacia al occidente del país, así como la negativa al pago de impuestos y peajes, buscando de esta forma afectar los recursos del Estado central.
El presidente del Comité Cívico, Rómulo Calvo, afirmó que no saldrá de Santa Cruz ningún producto y que es tiempo de “demostrarle al Gobierno que, sin Santa Cruz, sin nuestros recursos no hay Estado, no hay plata. Ellos viven de nosotros”. Con estas palabras Calvo, cambiaba el privilegiado método de obligar a parar a amplios sectores populares, a partir del despliegue callejero de los grupos paramilitares como la Unión Juvenil Cruceñista (UJC), por una medida tan “tibia” como no pagar impuestos.
Este estancamiento de las protestas se combina con un agravamiento de la situación legal de Camacho quien además de contar ya con una decena de procesos por evasión de impuestos, incumplimientos de contratos con el Estado y otras, el día de hoy debe declarar por una acusación de violación a un menor sucedida el año 1987, cuando el denunciado (Camacho) tenía 12 años y el denunciante, tenía 6 años.
La publicación por parte del ministerio de Gobierno de los depósitos y extracciones de sumas millonarias de dinero durante el mes de noviembre del 2019, al servicio de financiar el golpe de Estado, agrava aún más la situación legal de Camacho, y debilita las movilizaciones derechistas al abrirse la posibilidad de que empresas y cívicos puedan verse involucrados en los procesos por el golpe de Estado.
Finalmente señalar que la sentencia de 77 meses de prisión en EEUU para el ex ministro de Gobierno del golpismo, Arturo Murillo, emitida en medio de la disputa por la detención de Camacho, puede considerarse como un guiño por parte del imperialismo al Gobierno de Arce, buscando de alguna manera recomponer el malogrado “centro neoliberal” y poniendo límites a las veleidades golpistas de la extrema derecha. Con esta disposición el aislamiento de Camacho y los cívicos se acentúa aún más.
Arce entre el golpismo y la oposición evista: una disputa con miras al 2025
La detención de Camacho impulsada por el Gobierno de Arce a través de la fiscalía y el aparato judicial, representa el esfuerzo por parte del Gobierno de capitalizar el contradictorio resultado del paro cívico de 36 días [1]que dejó a la derecha oriental agotada y fuertemente cuestionada no solo por amplios sectores populares que sufrieron la violencia y la imposición derechista sino incluso por sectores radicalizados de la derecha que pretendían radicalizar aún más la protesta.
Este intento de arrinconar a la oposición derechista se realiza sin embargo sobre la base de fortalecer y otorgar un creciente protagonismo a las instituciones represivas como la policía y las FF.AA., así como el corrupto y deslegitimado aparato judicial. Es decir, intenta mejorar su posición frente a la oposición sobre la base de mantener las disputas políticas en los marcos de la institucionalidad y del régimen democrático burgués, apoyándose en las mismas instituciones estatales que fueron parte activa en el golpe de Estado y que han garantizado hasta hoy la impunidad de la gran mayoría de los responsables políticos y materiales de las masacres de noviembre y de las torturas y detenciones ilegales a miles de personas inmediatamente después de la renuncia forzada de Evo Morales.
Estas tendencias, con rasgos crecientemente autoritarios, que impulsa Arce, se complementan con el intento de disputar al evismo el control y las simpatías de las organizaciones sociales y sindicales, quienes recibieron muy favorablemente la aprehensión del gobernador cruceño. Busca avanzar en la construcción de algún tipo de hegemonía sobre el campo popular, en disputa con Evo Morales, arrebatándole a este último la bandera de justicia por las masacres y desmintiendo en los hechos el tan denunciado pacto de impunidad que le endosaba Evo Morales.
La disputa al interior del MAS se agrava en medio del conflicto con la oposición de derecha, a tal punto que la dirección nacional del MAS-IPSP, encabezada por Evo Morales, no ha sido invitada a los actos programados para el próximo 22 de enero en la conmemoración de un aniversario más del Estado Plurinacional de Bolivia. Contrasta este desplante cuando diversas organizaciones sociales y sindicales ya confirmaron su participación. Lo señalado es claramente una sustancial mejora de la fracción renovadora, de Arce y Choquehuanca, frente a las camarillas del evismo. Todo esto sucede mientras Evo Morales polariza aún más la situación con la denuncia sobre una supuesta voluntad de asesinarlo de parte de algunos cívicos del oriente y miembros de las FF.AA.
Es que como vienen señalando diversos analistas, pareciera que tanto el oficialismo como la oposición de derecha y del evismo, consideran al año 2023 como el momento clave en que se definirán las posibilidades electorales del 2025. Existe un amplio consenso en que el resultado de las actuales disputas políticas, de mantenerse las mismas en los canales institucionales establecidos, determinarán no solo las posibilidades de la derecha para intentar arrebatar el control del estado al MAS sino que al mismo tiempo determinarán si Arce y los renovadores del MAS podrán desplazar a Evo Morales en las disputas por el control de las organizaciones y movimientos sociales.
La COB, la CSUTCB y el lamentable papel de sus direcciones
Ante el rebrote de los enfrentamientos en Santa Cruz, entre los paramilitares de la UJC (Unión Juvenil Cruceñista) y la policía, las direcciones de la COB (Central Obrera Boliviana) y del movimiento campesino e indígena se declararon en estado de emergencia y amenazaron con movilizarse al oriente. Ya durante el paro de 36 días, luego de la quema y saqueo de las oficinas de la COD (Central Obrera Departamental) y de la Federación Única Sindical de Trabajadores Campesinos de Santa Cruz, se declararon en emergencia y amenazaron con movilizaciones. Sin embargo, estas burocracias cobardes, no pasan de emitir declaraciones de prensa mientras impiden y obstaculizan los esfuerzos de sectores de trabajadores y del pueblo de movilizarse. Así sucedió con las movilizaciones que se disponían marchar a Santa Cruz, las que rápidamente fueron paralizadas por instrucciones del Gobierno y de sus dirigentes afines.
Comparten con el Gobierno la estrategia de evitar que sea la movilización popular la que derrote a la derecha golpista mientras apuestan a mantener el conflicto en los marcos de la institucionalidad estatal. Más preocupados en ver en que bloque del MAS pueden seguir obteniendo prebendas estatales, han permitido que desde el oficialismo se apliquen ajustes antiobreros a los trabajadores aeroportuarios, de los hospitales y reparticiones estatales. Se han negado a impulsar la organización y movilización de las y los trabajadores y el pueblo para enfrentar a las bandas derechistas de la UJC, limitándose a solicitar mayor intervención policial y militar en ese departamento.
Olvidan que son precisamente esas instituciones que contribuyen a fortalecerlas, fueron los artífices de las masacres y la violencia durante el golpe de Estado y de la impunidad durante estos tres años. Olvidan que, aunque hoy estas instituciones mantengan el aspecto formal de disciplina y subordinación al Gobierno de Arce, en su interior se incuban fuertes tendencias golpistas que alimentan a la oposición de derecha. Más temprano que tarde estas reaccionarias instituciones que hoy gozan de la confianza del MAS serán las que al igual que el 2019, avancen contra las y los trabajadores y el pueblo.
¡Ninguna confianza en el aparato judicial y la policía golpistas! ¡Movilización independiente por Justicia!
El MAS viene sosteniendo una campaña mediática en la que se afirma que la aprehensión de Camacho formaría parte de garantizar justicia para las víctimas de las masacres de noviembre. Sin embargo, esta afirmación contrasta con los procesos judiciales por los asesinatos de Senkata, Sacaba y Ovejuyo, los cuales prácticamente no tienen ningún avance. Lejos de garantizar justicia como afirma el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, lo cierto es que solo estamos en presencia de una operación política destinada a fortalecer las instituciones estatales y con ellas al Gobierno de Luis Arce.
Mientras se encarcela a unos pocos golpistas, se embellece y se empodera de manera creciente a las FF.AA. y a la policía. Mientras se discute contra Calvo y la UJC se promete ventajas económicas para los agroindustriales. Es decir, lejos de buscar derrotar en forma efectiva a todo el golpismo, lo que se busca es establecer acuerdos que permitan garantizar la gobernabilidad, tratando de evitar que las tendencias a una mayor lucha de clases y polarización social y política se desarrollen.
En esta ecuación, Camacho, Pumari, Áñez, hoy presos, para el Gobierno solo son piezas intercambiables en eventuales negociaciones con la derecha política y no, como afirman muy publicitadamente, la materialización de la demanda popular de justicia. Es por eso que acertadamente los ponchos rojos y los ponchos wayrurus iniciaron una vigilia permanente en el penal de Chonchocoro ante la posibilidad de una eventual libertad judicial a Camacho. De la misma forma que organizaciones de la federación sindical campesina Tupac Katari anunciaron un bloqueo de caminos si el órgano judicial decidiera un relajamiento de las medidas cautelares de Camacho.
Desde la Liga Obrera Revolucionaria por la Cuarta Internacional (LOR-CI), organización que impulsa La Izquierda Diario Bolivia, llamamos a los trabajadores y trabajadoras, del campo y la ciudad, a la juventud, al movimiento de mujeres, feministas y de las disidencias y diversidades sexuales y de género, y en general a todas y todos aquellos que resistieron el golpe de Estado a no depositar ni una pizca de confianza en el aparato judicial cómplice de la impunidad de los golpistas. Llamamos y exigimos a las organizaciones sindicales y sociales a impulsar de manera inmediata un gran encuentro de trabajadores del campo y la ciudad para discutir cuales son las vías para derrotar definitivamente al golpismo agro industrial y abrir el camino para la satisfacción plena e integral de todas nuestras demandas de justicia, trabajo, salud, educación y tierra.
Mientras luchamos por estos objetivos, es necesario construir, en el camino, una fuerza política de las y los trabajadores que luche por construir el socialismo desde abajo. Una fuerza política basada en la autoorganización democrática para que podamos tomar en nuestras manos todas las decisiones, empezando por discutir como derrotar a la derecha empresarial y agroindustrial hasta llegar a discutir cómo reordenar la economía y nuestros recursos para satisfacer las enormes necesidades del pueblo trabajador del campo y la ciudad. |
