Este lunes la brutal represión en Juliaca, Puno al sur del país, contra las manifestaciones en oposición al gobierno golpista de Dina Boluarte elevó el número de manifestantes asesinados por la policía y el Ejército a más 40 personas.
Al menos 17 manifestantes murieron por la represión en Juliaca en las protestas alrededor del aeropuerto de la localidad, lo que eleva a varias decenas la cifra de decesos desde el pasado 11 de diciembre en todo el país. "Registramos 17 personas fallecidas en Juliaca y uno por hechos vinculados al bloqueo de vías en Chucuito", escribió en Twitter la Defensoría del Pueblo.
El actual gobierno de Dina Boluarte, surgido del golpe institucional contra el presidente Pedro Castillo, el 7 de diciembre de 2022 lleva poco más de un mes de mandato, 34 días al día de hoy. La simple comparación de los días de gobierno golpista con la cifra de manifestantes muertos deja un número brutal: más de un manifestante por día fue asesinado por la represión.
El gobierno golpista confirma su política de “mano dura” contra los manifestantes y, lejos de pensar en renunciar, lo que hacen desde el Ejecutivo es fortalecer su relación con los sectores de las fuerzas armadas y policiales, además de buscar fortalecer sus vínculos con los grandes empresarios y con los sectores de la derecha y la ultraderecha parlamentaria. Es en estos sectores reaccionarios en los que se sostiene fundamentalmente el gobierno de Boluarte y es, junto a ellos, y con la represión abierta a los manifestantes.
Las acciones del Ejecutivo peruano están lejos de "reconciliar el país” como le pidió el actual presidente de Brasil, Lula da Silva que había expresado su apoyo al nuevo gobierno. También muy lejos de un "marco del fortalecimiento de nuestra democracia" como llegó a decirle el presidente Alberto Fernández mediante una llamada telefónica a la presidenta golpista Boluarte, aunque el mandatario argentino con el golpe consumado y Pedro Castillo encarcelado dio un giro tardío y firmó una declaración junto a México, Bolivia y Colombia, para lavarse la cara ante al papelón de haber quedado apoyando abiertamente al gobierno golpista.
El objetivo del gobierno de Dina Boluarte acallar el creciente descontento contra el Ejecutivo y las principales fuerzas políticas del Congreso, sobre todo en las regiones más pobres del interior del país, para mantener las políticas antiobreras y antipopulares, que durante el gobierno de Pedro Castillo no fueron modificadas, construidas durante todo el ciclo neoliberal inaugurado por el golpe de Fujimori.
Estas medidas han garantizado que los empresarios vean crecer sus fortunas, mientras la mayoría vive en la precariedad. En el segundo trimestre de 2022 la informalidad laboral batió un récord con una tasa de 9.7 millones trabajadores en esas condiciones. Según la ONU el 51% de la población vive en situación de inseguridad alimentaria y el 20% de ese grupo sufre inseguridad alimentaria aguda.
Por eso la lucha para enfrentar al gobierno derechista y represor de Boluarte tiene que estar relacionada con la pelea por imponer una Asamblea Constituyente Libre y Soberana que nos permita sacarnos de encima el funesto régimen del 93 heredado por el gobierno dictatorial de Alberto Fujimori. | 
