Recientemente la UNAM dictaminó, luego de revelado el plagio de tesis de la ministra Yasmín Esquivel, que sí copió una tesis de otra persona, pero que no le retiraría el título de abogada. Esto porque, a su criterio, el desempeño se evalúa en el examen final de conocimiento y no en la defensa de una tesis.
De la interpretación solicitada a la Oficina de la Abogacía General se desprende que la normatividad universitaria carece de los mecanismos para invalidar un título expedido por la Universidad Nacional, aún y cuando el plagio de una tesis esté documentado.
De igual forma, si bien Esquivel ya no ingresó como presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), lo cierto es que se ha mantenido en el cargo a pesar del escándalo y a pesar de las defensas en redes del obradorismo y de la publicación de la carta de la Dra. Martha Rodríguez, quien habría sido la asesora de tesis de Esquivel cuando cursaba la licenciatura en derecho en la UNAM.
El hecho contrasta con todo el discurso de López Obrador y el Morena, quienes repiten hasta el cansancio su combate a la corrupción. ¿Realmente habla de transparencia que una ministra de la SCJN, representante del Poder Judicial que (se supone) divide los poderes en el republicanismo burgués, haya plagiado el documento con el que un estudiante necesita titularse?
Hasta ahora, Esquivel, no dejará el cargo de ministra en la SCJN. Por el cargo de alta funcionaria recibe salarios y prestaciones muy por encima de la realidad de las y los trabajadores. Un ministro gana $284,500 mensuales. Son $3,414,000 anuales en puestos que duran 15 años, dando un total de cincuenta y un millones doscientos diez mil pesos al término del mandato.
A eso se añade el carácter antidemocrático del Poder Judicial, cuyos integrantes son elegidos por el senado de una terna propuesta por el presidente de turno. La clase trabajadores y los sectores populares no tenemos ninguna participación en esta decisión. Esta institución tiene como función “la defensa del orden establecido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”. Es decir, la defensa de la democracia para los ricos.
Yasmín Esquivel ‒esposa de José María Riobóo, uno de los contratistas preferidos de AMLO‒ es un ejemplo de los vínculos de altos funcionarios con los empresarios.
Los mismos partidos patronales que mantienen la subordinación del país al imperialismo estadounidense, la militarización y la precarización laboral son los que eligen a las y los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Lejos de la fantasía liberal que sostiene el supuesto "equilibrio de poderes", el Poder Judicial no es objetivo, ya que, aunque en México no actúa como un partido independiente ‒como en Brasil, donde fue parte activa del golpe contra la entonces presidente Dilma Roussef mediante la Operación Lava Jato‒, se mantiene el sesgo contra las mayorías trabajadoras y populares a la vez que se permite la colusión entre trasnacionales, magnates, gobiernos y partidos patronales del congreso. | 
