Desde hace varios años con los gobiernos mexicanos neoliberales al servicio de intereses privados nacionales y extranjeros, se viene beneficiando a empresas transnacionales poniendo la ley a su servicio, así se amparan y se protegen proyectos saqueadores además de violar derechos humanos, bajo el falso discurso de modernidad y desarrollo económico.
¿A quiénes beneficia la reforma energética?
Con el regreso del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a los Pinos bajo el mandato de Enrique Peña Nieto y en mancuerna con los partidos políticos tradicionales, se garantizó el paquete de reformas estructurales que precarizan la vida, aniquilan derechos laborales, derechos sociales y privatizan los recursos naturales como la reforma energética.
La reforma energética permite la inversión privada en diferentes actividades de exploración y explotación, llevándose la riqueza a los bolsillos de las transnacionales, como en el caso de la minería, que sucede desde hace décadas. Pero para la voracidad capitalista no le es suficiente lo que ha obtenido con el saqueo de los diversos minerales y metales preciosos; ahora vienen por lo que queda. Para ello hicieron las nuevas Ley Minera y Ley de Aguas Nacionales en conjunto con la Reforma Energética.
Ahora es legal despojar a los habitantes originarios de un territorio si en él encuentran jugosas ganancias, pagando cantidades miserables por la compra o renta de las tierras. Y si se encuentra rechazo por parte de los que ahí viven, son expropiadas con la participación de los gobiernos locales, que envían fuerzas públicas para desalojar por la fuerza a las familias, llegando a imputar delitos considerados graves y finalizando con el encarcelamiento de las personas que se ponen al frente de la defensa por su tierra.
En otros casos la persecución, el acoso, los secuestros o incluso asesinatos son llevados a cabo a través de grupos de contrainsurgencia, adiestrados de manera militar y táctica por mismas escuelas del ejército mexicano; o bien estas prácticas son encomendadas a sicarios, como se sabe ha ocurrido en los últimos meses en los estados de Veracruz, Guerrero y Michoacán.
Megaproyectos en México
El 35% del territorio nacional ha sido concesionado a empresas (mediante 29mil concesiones) y casi la mitad de los proyectos (17%) se desarrollaran en territorios indígenas. Este despojo se logra mediante cambio de uso de suelo, acaparamiento, aglutinamiento de predios pequeños, etc., por lo que la demanda del derecho a la tierra para campesinos es cada vez es más lejana.
Ahí donde se plantean los proyectos como la minería se engaña a los pobladores con la promesa de trabajo buscando confrontarlos con aquellos que se niegan a dejar sus casas, ocultando las condiciones de trabajo pues la esperanza de vida de un minero está muy por debajo del promedio, al tener jornadas laborales extenuantes sin derecho siquiera a un día de descanso ni a servicios médicos y expuestos a trabajar en condiciones peligrosas para su vida, todo por salarios paupérrimos.
Un 14.4% del territorio actual de México es indígena y son estas poblaciones quienes sufrirán de manera directa el impacto natural que tienen las nuevas tecnologías extractivas, como el fracking que necesita de grandes cantidades de agua para llevarse a cabo, por ello las empresas se apoderan de los mantos acuíferos dejando a la población con escases de agua y en muchos de los casos este método se usa en zonas donde ya hay desabasto del líquido vital.
El fracking también ocasiona la contaminación del agua y tierra, generando enfermedades en las personas y de lo cual se deslindan las empresas.
A la fecha hay 7 proyectos hidroeléctricos para explotar 12 ríos, porque la reforma energética va a traer un “boom” de actividades extractivas que requieren garantizar a las empresas el agua para los procesos, violando el derecho al agua. Así se va fraguando la privatización, pues las comunidades al no tener acceso a agua potable se ven obligadas a comprar de manera común pipas o agua embotellada.
Hay luchas que se organizan contra este saqueo como el caso de Xochicuautla, en donde se oponen a la destrucción de 960,000m2 de bosque para construir una autopista, pues el daño sería de gran magnitud ya que es fuente de oxígeno y agua para los valles de México y Toluca, además de violar tratados internacionales como el respeto a la cultura y territorio de pueblos indígenas. La respuesta que ha dado el gobierno a sus demandas es el envío de fuerzas represivas para acabar con su lucha.
La tribu yaqui en el estado de Sonora está en defensa del agua contra el megaproyecto del Acueducto Independencia y la venta de derechos de la cuenca del río, que pretende despojarlos del agua y llevarla a zonas industriales. Además el gobierno ha actuado con desprecio por su cultura y ha emprendido una persecución de sus representantes, violando sus derechos. Actualmente se encuentra encarcelando Mario Luna Romero, uno de sus voceros.
Organización contra los megaproyectos
No podemos esperar que el Estado cambie leyes y haga justicia, si de ahí es donde emanan las órdenes de arresto a luchadores sociales, amenazas, desapariciones forzadas y asesinato de líderes sociales, defensores de derechos humanos y activistas. Por ello es urgente plantear la más amplia organización de los movimientos en resistencia de campesinos pobres e indígenas, los trabajadores, organizaciones de izquierda solidarias y pueblo en general, que permita unificar luchas con un programa político independiente de los partidos tradicionales, planteando la necesidad de tirar las reformas estructurales, mediante métodos históricos de la clase obrera como los paros y huelga general, junto con una masiva movilización encabezada por los trabajadores en las calles con nuestros hermanos de clase. | 
