Ariadna Fernanda era una joven de 27 años fue vista por última vez con vidael 30 de octubre del año pasado, en un bar de la Ciudad de México junto a su pareja, el empresario Rautel ‘N’. Días después de su encuentro, su cuerpo fue encontrado en la carretera de Tepoztlán en Morelos.
Según las investigaciones de la Fiscalía General del Estado de Morelos encabezada por Uriel Carmona Gándara, Ariadna falleció a consecuencia de “broncoaspiración derivada del consumo de alcohol”, versión que fue rotundamente rechazada por familiares y amigas de la víctima. De hecho, ellas denuncian que Rautel es un empresario con vinculo de corrupción con las autoridades de Morelos, a quienes denuncian no sólo de encubrir a los feminicidas de Ariadna, sino también de borrar las evidencias del crimen en el departamento donde fue asesinada.
Por su parte, las autoridades de la Fiscalía de la Fiscalía General de Justicia y de Investigación de Delitos de Género y Atención a Víctimas de la Ciudad de México, encabezada por Sayuri Herrera Román y declaraciones de la jefa de gobierno Clauda Sheinbauhm, refutaron recientemente la versión de las autoridades de Morelos y afirman que la muerte de la jóven fue debido a “traumatismo múltiple” y que el caso cumple con las características para investigarlo como feminicidio.
"Resulta evidente que el corrupto fiscal morelense Uriel Carmona y su pandilla de secuaces que se hacen pasar por peritos encubrieron el feminicidio de Ari”, denunciaron en redes sociales amigas y familiares de Ariadna Fernanda, quienes el pasado 7 de noviembre, se movilizaron en la Ciudad de México para exigir la destitución del fiscal de Morelos, denunciar la corrupción de las instituciones y exigir #JusticiaParaAri.
Encubrimiento, revictimizacón y justicia patriarcal
El caso de Ariadna no es un hecho aislado, sino una constante patriarcal en el actuar de las Fiscalías estatales y generales. Más allá de las declaraciones de Sheinbaum o Sayury Herrera, las fiscalias de justicia y delitos en razón de género, tienen un largo historial de negligencias y revictimización a las asesinadas y criminalización a sus madresy familiares en búsqueda de justicia.
Recordemos el caso de Lesvy Osorio, una joven estudiante asesinada en Ciudad Universitaria en 2017, a quien las autoridades capitalinas culparon de su asesinato al asegurar en un primer momento que Lesvy “se suicidó” con el cable de un teléfono público mientras discutía con su pareja. También el emblemático caso de Mariana Lima, que en 2010 fue asesinada por su pareja, un policía del Estado de México que la violentaba física y emocionalmente; cuando Mariana decidió dejarlo, él la asesinó y con ayuda de las autoridades, alteraron la escena del crímen para hacer pasar el feminicidio por suicidio. Fue después de años de lucha por justicia de las madres de Lesvy y Mariana, que se logró la modificación de las sentencias como feminicidios y que sus asesinos fueran encarcelados. Sin embargo, tanto la Ciudad de México y el Estado de México, siguen siendo focos rojos en feminicidios y violencia contra las mujeres, a pesar de las condenas y penas máximas.
Casos como el de Ariadna, Lesvy y Mariana se cuentan por miles en todo el país; el aumento de la violencia feminicida hacia las mujeres, infancias y personas LGBTIQAP+, no se explica sin el fortalecimiento del pacto patriarcal hacia el interior de las instituciones del Estado, que supuestamente están encargadas de impartir justicia, pero que en los hechos reproducen y legitiman discursos y políticas patriarcales y machistas que estan muy lejos de otrogar la justicia que tanto exigimos.
A pasar de la tipificación y aumento de las penas por el delito de feminicidio, las cientos de Alertas de Violencia de Género en todo el país, las Fiscalías Especializadas en Delitos Sexuales en todo el país y capacitación de miles de policías y fuerzas armadas “con perspectiva de género”, México continúa siendo uno de los países más peligrosas para ser mujer, niñe o persona LGBTIQAP+. Entonces, ¿de dónde viene tanta saña y violencia atroz contra mujeres, niñes y disidencias?
¿Falla en el Estado o violencia estructural?
Como hemos denunciado desde hace más de 10 años desde la agrupación de mujeres y disidencias LGBTIQAP+ Pan y Rosas, la justicia en México tiene un carater patriarcal y de clase. Son precisamente mujeres de la clases trabajadora, migrantes, campesinas y de los sectores pobres urbanos quienes representan la abrumadora mayoría en los casos y estadísticas de feminidicios, transfeminicidios, crímenes de odio, desapariciones forzadas, violencia sexual, doméstica, económica, etcétera.
En las últimas décadas, el aumento del feminicidio y la violencia patriarcal ha estado acompañado del fortalecimiento de la industria manifacturara y automotriz de exportación ligada a la economía estadounidense, así como a la profundización de la militarización del país. Se trata de políticas públicas diseñadas desde la Casa Blanca y llevadas adelante por los gobiernos mexicanos, independientemente del partido en el poder, que han impactado profunda y contradictoriamente en la vida y trabajo de millones de personas, particularmente de mujeres pobres, migrantes, campesinas y trabajadoras.
Es por ello que desde Pan y Rosas denunciamos que los feminicidios no son crímenes cometidos por individuos, sino el resultado de una larga cadena de violencias estructurales en donde el principal responsable es el Estado capitalista y patriarcal, que promueve, legitima y reproduce la violencia en razón de género y la explotación según la clase social a la que pertenezcamos.
No se trata de una “falla en el Estado de Derecho” como afirman muchas feminsitas, sino de una política patriarcal y de Estado que en los hechos, garantiza la super explotación y precarización de la mano de obra mexicana mayoritariamente femenina y racializada, para beneficio de las empresas trasnacionales, particularmente las de capital estadounidense.
Nosotras sabemos que la justicia jamás vendrá de los asesinos y quienes les encubren, sino de un masivo movimiento en las calles, que organizado de manera independiente de los partidos del régimen y en cada barrio, escuela, hospital y centro de trabajo, logre imponer a las autoridades y los patrones, Comisiones Independientes de Investigación para lograr justicia y medidas de emergencia para lograr que efectivamente no haya #NiUnaMenos.
Te invitamos a contactarnos y formar parte de Pan y Rosas, una agrupación internacionalista y anticapitalista de mujeres y disidencias LGBTIQAP+, para pelear juntas y juntes por justicia para Ari y para todas las víctimas de este podrido sistema. Escríbemos a nuestras redes y organízate con nosotras, por nuestro derecho al Pan y también a las Rosas!
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