El juez federal Sebastián Ramos decidió archivar la causa en la que se investigaban los chats entre Silvio Robles, colaborador del titular de la Corte Suprema Horacio Rosatti, y el ministro de Seguridad y Justicia de CABA, Marcelo D’Alessandro. Estos se habían conocido por medio de una operación de hackeo ilegal sobre el teléfono del funcionario porteño, ahora en licencia.
La decisión del juez se basa precisamente en ese origen. Esto desnuda la actividad permanente de espionaje ilegal de la que parecen valerse todas las fuerzas políticas patronales. En este caso, es el Frente de Todos el que defiende el uso de estas filtraciones. Lo hace en el marco del fuerte enfrentamiento que viene protagonizando con la Corte Suprema y sectores del Poder Judicial.
Sin embargo, el macrismo y la oposición de derecha han apelado ampliamente al uso del espionaje ilegal. Durante los años de Cambiemos, esa metodología se extendió ampliamente. El caso más escandaloso fue la decisión de espiar a los familiares de las víctimas del submarino ARA-San Juan.
En el caso concreto de los intercambios entre Robles y D’Alessandro, el contenido de los chats -que no pudo ser desmentido por los mismos implicados- muestra la estrecha relación entre un sector del máximo tribunal judicial y el funcionario de Horacio Rodríguez Larreta.
Esa connivencia se hizo aún más evidente semanas antes, cuando se conoció otra filtración ilegal que mostraba la estrecha relación entre funcionarios del macrismo, jueces federales y empresarios del Grupo Clarín. Lo que se hizo conocido como "Lago Escondido Gate" mostró, abiertamente, esos vínculos. | 
