Estas ideas de borrar todo rastro de esta población están cargadas de prejuicio y estigmatización con una clara criminalización de la pobreza y además ubicando a los migrantes como promotores de la delincuencia en el sector y en la ciudad, creando una imagen de que toda persona que vive en ese terreno automáticamente es delincuente. Tratan un problema social como algo meramente individual.

Los problemas de la degradación social que existen no son explicados de parte de estos políticos populistas como parte de una crisis económica que es generada por el 1% más rico en Chile, que se queda con el 50% de la riqueza que genera el trabajo de todas y todos, ni tampoco dicen que Arica y Parinacota es una de las regiones con mayor empleo informal del país, de cada cinco personas, solo una cuenta con contrato, situación que profundiza la precarización y pobreza.

Desarrollan por tanto un discurso “punitivista” donde llaman a reforzar carabineros, militares y ahora último celebran el proyecto para que la PDI deba realizar control migratorio en las fronteras. En la misma línea del gobierno de Boric, donde Vlado es un activo garante de su gobernabilidad, inyectan recursos a estas instituciones represivas para “tranquilizar” a la derecha que se ubican como los “defensores de la seguridad” pero queda en segundo plano responder a demandas importantes de la región: vivienda, trabajo, salud y educación.

Es urgente responder a la situación de “Cerro Chuño” que ha pasado de 15 hectáreas en 2014 a 40 hectáreas en la actualidad, o sea, una enorme expansión y que durante años ningún gobierno ni municipio ha dado real solución, que es lo que precisamente callan los políticos del Partido Liberal, la responsabilidad estatal en el asunto. Partiendo por exigir que cualquier reubicación implique que no quede ninguna familia en la calle y que eso conlleve un plan de vivienda de casas construidas y habitables que cuente con servicios básicos.

A su vez que un plan de descontaminación a un sector que fue contaminado por la desidia empresarial de Boliden, una empresa sueca que en 1984, mediante la importadora chilena Promel, exportó 20 mil toneladas de desechos tóxicos de polimetales a Chile con la promesa de convertirlos en oro y plata y que los ubicó en lo que ese momento era un sitio eriazo. Siete años después, se entregaron viviendas sociales en el Cerro Chuño sin informar a ninguno de los pobladores la presencia de estos metales pesados.