Lo ocurrido ayer contra Felipe Soto, atenta directamente contra la libertad de prensa para los medios digitales independientes quienes divulgan información y críticas de interés público, que muestra a la población hechos relevantes que buscan desenmascarar actos fraudulentos dentro de las instituciones del Estado.
Es el caso del reportaje “El método Daroch” donde el director del Resumen abre una investigación sobre sobresueldos que detectó la Contraloría donde estaba involucrado el ex vicepresidente nacional del PPD, Rodrigo Daroch, quien en la actualidad es funcionario del Gobierno Regional de Biobío, que durante 2021 mantuvo trabajos en forma paralela en el DAEM de Los Ángeles a contrata por 44 horas, ganando desde marzo hasta agosto $1.317.316 mensuales y otro para la Municipalidad de Laja a honorarios -ganando $1.681.000 desde febrero del 2021 hasta junio del mismo año, no obstante el ente controlador decidió que no hay constancias de las funciones ejecutadas.
Una vez más se logra evidenciar cómo el poder judicial busca condenar la libertad de prensa, frente a investigaciones que demuestran la verdadera careta de la política de los partidos de estos últimos 30 años, donde a punta de corrupción han buscado llenarse los bolsillos con fondos del Estado. Lo más preocupante para los medios de comunicación independientes y de izquierda, es que el caso de Felipe no es un hecho aislado, sino que corresponde a una seguidilla de querellas que en este último tiempo ha ido en aumento sobre todo en el periodo pre y post “estallido social”, donde los diarios digitales independientes fueron bastante críticos a la corrupción y represión ejercida por funcionarios del estado.
Siguiendo con lo anterior, según los datos que el observatorio del derecho a la comunicación (ODC) a recopilado del poder judicial, quienes afirman a través de su presidente Javier García, quien menciona lo siguiente: “resulta frecuente que empresarios, políticos y altos funcionarios públicos abusen de los recursos judiciales, interponiendo querellas u otras acciones contra periodistas o activistas que divulgan información y críticas sobre asuntos de interés público”.
Siguiendo con: “En 2015 las querellas no llegaban a mil, mientras que en 2020 habían aumentado a más del doble (2.000 querellas). La mayoría de ellas son admitidas a trámites y el 17% de las causas finalizan en gran medida porque la o el acusado acepta su responsabilidad por miedo a ser condenados y a enfrentar la incertidumbre de un proceso legal”.
Ya nos sobran las razones para poder argumentar que los Gobiernos y el Estado incurren en atentados contra libertades de expresión y a ello podríamos sumar, por ejemplo, los telefonazos del gobierno a La Red o las declaraciones con lágrimas de cocodrilo por parte del Ejército frente a una representación de la institución en el mismo canal, donde se mostraba a un oficial del Ejército de Chile en las facetas que ya nos resultan familiares hace años. Aunque con todo ello, lo más probable es que estos hechos tengan una larga data y sean parte de los pactos entre la dictadura militar y los partidos del régimen que firmaron la transición y han gobernado estos últimos 30 años.
Al final todo apunta a que el poder judicial constantemente busca proteger los intereses de los empresarios al igual que el de la casta política corrupta que se encuentra en altos cargos de funcionarios públicos, quienes terminan sin responsabilidad alguna, pagando condenas y/o multas muy bajas, o más repudiable aún con clases de ética por los hechos cometidos. Frente a esto los gobiernos de turno no buscan enfrentar de raíz estos ataques a la libertad de expresión y de prensa, ya que en muchas ocasiones han sido ellos mismos los involucrados, además de ser el primer obstáculo para llegar a una acabada investigación que transparente todos los hechos sin ocultar nada.
Desde La Izquierda Diario repudiamos todo ataque a la libertad de prensa y solidarizamos con el medio Resumen y su director Felipe Soto. | 
