Esta semana, ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación avalaron la constitucionalidad la Ley Nacional del Registro de Detenciones, misma que fue impugnada parcialmente por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos por considerarla imprecisa al momento de regular la actuación de las Fuerzas Armadas tras realizar una detención.

El proyecto de ley fue aprobado por mayoría de ocho votos. La ministra presidenta, Norma Piña, y los ministros María Aguilar y Alberto Pérez votaron en contra.

La Corte explicitó que elementos castrenses tienen la misma obligación que el resto de entidades encargadas de tareas de seguridad pública de dar de alta la información de los detenidos en el Registro Nacional, quedando así exentos de informar de las mismas a la policía.
Otra de las controversias en torno a esta ley fue la protección de los datos registrados, para lo cual la Corte dio un año de plazo para la emisión de las medidas que eviten los ataques a la base de datos.

Expedida en mayo de 2019 como parte del Sistema Nacional de Información en Seguridad Pública, la Ley Nacional del Registro de Detenciones fue presentada por el gobierno de la 4T como una medida de prevención de violaciones a los Derechos Humanos de las personas detenidas por instituciones de seguridad pública de los tres órdenes de gobierno, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la Guardia Nacional y otras autoridades encargadas de conocer y sancionar infracciones administrativas. En particular pretende ser una medida contra la desaparición forzada.

Con esta resolución, avanza en México la militarización de la vida pública, de la mano de que sigue dotándose a las Fuerzas Armadas de un marco legal de acción. El Registro Nacional de Detenciones es una medida cosmética que está, en los hechos, muy lejos de significar el cese de las desapariciones forzadas o las violaciones a DDHH como tortura y malos tratos, pues implica poner el registro de las detenciones en manos de instituciones señaladas por llevar adelante detenciones arbitrarias, uso de la fuerza o mantener algún nivel de colusión con el crimen organizado.