A eso de las 7 de la mañana de hoy, ha llegado al asentamiento de El Walili situado en Níjar, Almería, un enorme dispositivo policial compuesto por más de 25 coches y lecheras y varios helicópteros para proceder al desalojo de las más de 50 personas que aún se encontraban allí (más de 300 se marcharon antes a otros asentamientos para poder seguir trabajando).
Mientras se producía el desalojo, una de las chabolas ha empezado a arder, aún por “causas desconocidas”, según informa el servicio de bomberos; casualmente, esto facilita que las personas abandonen rápidamente su vivienda por seguridad (no hay que olvidar también que los incendios en este tipo de asentamientos son frecuentes, ya sea por las horribles condiciones de precariedad o incluso como método de desalojo). La destrucción del asentamiento se realiza a través de una resolución judicial tras la solicitud de desalojo de la alcaldesa de Níjar, Esperanza Pérez (PSOE).
A lo largo del fin de semana pasado, como decíamos, más de 350 de los 450 habitantes que vivían en El Walili se han realojado por iniciativa propia a otros asentamientos cercanos para poder seguir trabajando. “La gente tiene miedo de encima, perder la casa, perder el trabajo”, comenta Miquel Carmona, del SAT, sindicato que ha convocado una huelga de lxs trabajadorxs del campo en solidaridad con el desalojo.
El ayuntamiento de Níjar lleva varias semanas prometiendo alternativas habitacionales que iban a ser proporcionadas por el propio consistorio una vez se llevara a cabo el desalojo. Algo que no se ha cumplido ni siquiera con la intervención de las fuerzas de seguridad, ni para llevar a la gente al supuesto alojamiento de emergencia: un pabellón con camas supletorias situado en Los Grillos, a varios kilómetros de los puestos de trabajo de las personas que habitan El Walili.
En el asentamiento había tres personas enfermas de las cuales el ayuntamiento tenía constancia y había asegurado que contarían con los servicios sanitarios adecuados para su traslado; sin embargo, han sido los propios habitantes y la plataforma Derecho a techo las que han tenido que llamar a las ambulancias para la atención de estas. La alcaldesa comentó el viernes a la plataforma Derecho a techo que se iba a seguir el mismo protocolo que la Cruz Roja cuando llegan las pateras.
Pero esto no era una situación de emergencia, era algo pensado y provocado por el Ayuntamiento, que perfectamente podría haber previsto un alojamiento en mejores condiciones. El pasado viernes desde el ayuntamiento de Níjar se lanzaba un comunicado en el que se confirmaba la puesta en marcha de un protocolo de asistencia y reubicación que no se está cumpliendo.
Invisibilizar la precariedad para preservar el turismo
El Waili estaba en la carretera principal que va al parque natural del Cabo de Gata, de especial tránsito turístico y uno de los objetivos de inversión de la Diputación provincial este año. “El problema es que este asentamiento es muy visible, si hubiese estado escondido no habría problema”, asegura Fernando Plaza, de la plataforma Derecho a techo. Otros asentamientos, como el de Atochares, menos visible desde las carreteras principales, cuenta con aproximadamente 1000 habitantes, pero no tiene orden de desalojo por parte del Ayuntamiento.
En los últimos 20 años, Níjar ha duplicado su superficie de invernaderos, pasando de 3.373 hectáreas en 2001 a más de 6.500 en 2022, pero no se ha proporcionado una alternativa habitacional digna para la mano de obra migrante e híper precarizada que trabaja esta. El desalojo se realiza en un contexto de políticas institucionales por parte de la Junta de Andalucía en las provincias de Huelva y Almería, donde se encuentra una mayor cantidad de asentamientos relacionados con la actividad agrícola.
Las amenazas de estos desalojos sin consecuencias se une a la situación de esclavitud moderna que sufren las temporeras en Almería y Huelva. Las principales regiones productoras de las hortalizas que se exportan a toda Europa están trabajadas principalmente por mujeres madres migrantes que se encuentran en un vacío legal en cuanto a sus derechos humanos y laborales por los acuerdos del gobierno español con el marroquí. Acuerdos que buscan mantener este tipo de situaciones para minimizar todo lo posible los costes de producción y maximizar el beneficio de los grandes terratenientes de Andalucía.
El racismo institucional sigue plenamente vigente con el gobierno progresista. Pero la lucha no es solo contra estas condiciones de trabajo y alternativas habitacionales dignas para lxs trabajadorxs, sino también por la regularización inmediata y permanente de todas las personas migrantes, la derogación de la Ley de Extranjería y el cierre definitivo de los CIEs, está más vigente que nunca. | 
