El ejecutivo aprobó la transferencia de más de 22 millones de soles, esto es, 5.5 millones de dólares, a favor del Ministerio de Interior para la adquisición de “material antidisturbios para la Policía Nacional del Perú (PNP), viáticos y alimentos”. Esta medida se da después que el premier Otárola anunciará un bono para los efectivos policiales, quienes de esa manera fueron premiados por el estado por reprimir a los manifestantes.
La transferencia fue aprobada el 29 de enero mediante un Decreto Supremo publicado en una edición extraordinaria del diario oficial El Peruano y con las firmas de la golpista Dina Boluarte y del ministro de Economía, Álex Contreras.
Así mismo, la Policía Nacional del Perú solicitó a la Policía ecuatoriana la devolución de un lote de 12.000 granadas lacrimógenas, que enviaron en préstamo durante el gobierno del expresidente ecuatoriano Lenin Moreno (2020) que aplicó medidas económicas que afectaba a la población y el pueblo trabajador e indígenas ecuatorianos respondieron con grandes jornadas de movilización y lucha.
Este desembolso económico, que prioriza la represión de los miles de trabajadores, campesinos y sectores populares que a diario se movilizan en Lima y en las regiones del interior del país, exigiendo la caída de Boluarte y la convocatoria a una Asamblea Constituyente, contrasta con el abandono presupuestal en el cual se encuentra el agro peruano, lo cual ha llevado a que hasta ahora no se pueda solucionar el problema de los fertilizantes, razón por la cual millones de campesinos se encuentran sumidos en la pobreza.
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