Otra vez un aberrante hecho de torturas tiene lugar en una comisaría de Tucumán. Esta vez fue en el predio de la Comisaría de Yerba Buena, que comparte predio con la sede de la Policía Motorizada y de la Brigada de ese Municipio, donde en 2015 también fueron torturados y tras un incendio murieron dos jóvenes Ariano Biza y Emanuel Gallardo. Familiares de 20 detenidos denunciaron que estos sufrieron tortura y abuso sexual el pasado 16 de enero.
Los familiares relatan que las autoridades a cargo ese día, el comisario Marcelo Risso Patrón y la subcomisaria Fabiana Villagrán, pidieron represión contra los 20 jóvenes hacinados en una celda de 4x4, molestos porque “estaban con el torso desnudo” y venían reclamando por las condiciones indignas y la restricción de las visitas. La patota se conformó entre integrantes de la Motorizada, de Infantería y 5 comisarios que se encontraban de guardia en ese momento. Además denuncian que Villagrán filmó todo mientras se reían.
Los familiares desmintieron la versión policial de un intento de motín, versión difundida por la mayoría de los medios de comunicación. Los jóvenes fueron apilados desnudos uno sobre otros y azotados con las tonfas, las fotos que circularon muestran los cuerpos lacerados. Organizaciones de DDHH presentaron 2 hábeas corpus, ambos rechazados en ese momento. Gracias a la denuncia de los familiares hubo una inspección que corroboró las graves lesiones y el abuso sexual de los uniformados hacia uno de los detenidos. Solamente se ordenó el secuestro del libro de guardia, sin ninguna decisión sobre los efectivos implicados. Dos semanas después de los hechos, no hay ningún policía separado de la fuerza ni investigado, todos siguen en funciones y sólo algunos trasladados.
Los familiares también denunciaron que la jueza trasladó a los detenidos torturados, cumpliendo la amenaza del comisario Risso Patrón, quien había dicho que quienes cuenten o denuncien serían trasladados. Esta decisión perjudica a los detenidos que pierden contacto con su familia, con la que cuentan incluso para que les lleven un plato de comida, lo que el Fernando Korstanje, miembro de la Comisión Provincial de Prevención de la Tortura que entrevistó a los jóvenes,constituye “la primera tortura”. Fueron incluso trasladados a las comisarías de Marti Coll, Los Pocitos, Tafí Viejo, Villa Mariano Moreno, la Unidad 3 y el Servicio Penitenciario, lejos de sus familias y varios a cargo de los mismos torturadores. En los traslados recibieron nuevos golpes y amenazas.
Las condiciones infrahumanas de detención son comunes a todas las comisarías y las torturas y muertes de jóvenes privados de su libertad se convirtieron en moneda corriente en nuestra provincia, al igual que la protección e impunidad que tienen de parte del Gobierno provincial y la Justicia, que como vimos actuó tomando represalias contra los propios detenidos y sus familias. Ex detenidos entrevistados manifestaron que tanto el hacinamiento, como la tortura y los abusos sexuales son “comunes”, muchas veces no denunciados por temor a las represalias.
Este hecho se suma a otros numerosos casos de torturas y muertes violentas en lugares de encierro, la mayoría de las cuales continúan impunes como el incendio de 2015 en el mismo predio, el de 2021 en la Brigada Femenina de Concepción donde murieron 4 mujeres, por citar sólo los más cercanos y similares que se suman a un sinfín de casos de gatillo fácil y violencia policial. |
