Por una parte, la sanidad pública es una conquista en Europa que se obtuvo por el resultado de importantes luchas sociales, bajo amenaza constante de retroceso, desmantelamiento y recortes, cuyo gasto se prevé que caiga del 7,6% del PIB en 2020 hasta el 6,7% en 2025.

Por otra parte, en las sociedades capitalistas actuales conviven las restricciones morales y religiosas con una industria internacional del sexo; el discurso reaccionario de las “buenas costumbres” en la familia patriarcal, con la mercantilización de los cuerpos, los placeres y el deseo. Y una ausencia ineludible de educación sexual integral en los centros educativos.

En primer lugar es necesario ampliar nuestra visión en el tiempo y en el espacio. En primer lugar, hacer un ejercicio de memoria nos lleva a ver que solo el VIH-SIDA ha causado la muerte de más de 25 millones de personas desde 1981 y es necesario hacer justicia con las víctimas que lucharon hasta el final contra empresas, gobiernos, policía y reaccionarios, y sufrieron un abandono empresarial e institucional. En muchos En segundo lugar, actualmente se calcula que unas 40 millones de personas son portadoras del VIH, que hoy en día puede combatirse con antirretrovirales y prevenirse con profilaxis, pero sigue matando donde no hay una sanidad que se encargue de combatirlo al alcance de todo el mundo.

Las coordenadas para hablar de ITS son las de un asunto de salud pública con importantes repuntes, de escala social, fuertemente atravesado por la estigmatización y asociado a la falta de cumplimiento de las reglas patriarcales. Cuestionar los discursos del “castigo divino” y la falta de educación sexual es importante (aunque la derecha ponga el grito en el cielo constantemente) pero insuficiente si no cuestionamos el papel que tiene la educación, la sanidad y las empresas (aunque los gobiernos capitalistas que se dicen de izquierda mire para otro lado). Vamos con algunos ejemplos.

En junio de 2022 en la Asamblea de Madrid una diputada de VOX relacionaba el Orgullo LGBTI con "prácticas sexuales de personas homosexuales bajo el efecto de drogas ilegales" y con la viruela del mono. En esas mismas fechas, Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, acusaba a la izquierda “que promueve el adoctrinamiento en las aulas, el chemsex, el uso de las drogas sin ningún tipo de límite, la ocupación, el comercio ilegal y dando lecciones de mujeres malcriadas”.

Por supuesto que el debate no es sobre la salud, sino que se trata de una oportunidad más para atacar a las libertades y derechos sexuales, tal y como sucede en coberturas mediáticas estigmatizantes sobre cualquier tipo de ocio sexual que no esté enfocado a formar familias normativas. Pero además, no son declaraciones aisladas, sino unidas a su campaña para derogar las leyes contra la LGTBIfobia y contra la violencia de género en la Comunidad de Madrid y en el resto del estado o a tratar de impedir la escasísima educación sexual en las aulas a través del “pin parental”.

Mientras tanto, el tratamiento con antirretrovirales, única herramienta para hacer bajar la carga vírica y hacer intransmisible el VIH en personas que conviven con él, fue negado en 2021 a muchas personas inmigrantes por parte de la Comunidad de Madrid, teniendo que incluso paliar la falta de suministros con donaciones de otros pacientes igual que en los inicios de la pandemia de VIH. Tenemos memoria y sabemos que durante la crisis del VIH-SIDA en los 80, mientras los activismos LGBTI señalaban que el Ministerio de Sanidad y las industrias farmacéuticas estaban mirando hacia otro lado. De hecho, a día de hoy en el Estado español, el precio de los antirretrovirales, necesarios para frenar el avance del virus en sangre, alcanza entre los 2,67 y los 20,99 euros por cada día de tratamiento. Esto deja un precio anual de entre 1.000 y 7.700 euros.

Para hacerse una idea, la PreP es un tratamiento preventivo para evitar la transmisión de VIH en personas seronegativas, cuya eficacia es individual, pero se aumenta con su extensión a nivel social, tal y como sucede con las vacunas. En el Estado Español aparece en la sanidad pública desde 2019, pero a pesar de que el avance que supone se multiplicaría si la utilizan capas amplias de población, no es publicitada, casi no es conocida fuera de círculos LGBTI y está racionada por criterios de selección más allá de la seronegatividad. También existe la PeP, postexposición, de administración inmediata en un máximo de 72 horas tras una posible transmisión, para frenarla.

Tal y como señala la OMS, "las estimaciones obtenidas mediante modelización indican que la profilaxis antes de la exposición podría lograr una reducción del 20-25% en la incidencia mundial del VIH en hombres que tienen relaciones sexuales con hombres, evitando así 1 millón de nuevas infecciones en este grupo de población a lo largo de 10 años." Mientras, la PreP llega a un porcentaje minúsculo de la población mundial.

El estado de la sanidad pública, los prejuicios que la culpabilización ante las ITS causa y el cuello de botella de atención a la salud sexual que se forma en una sanidad recortada operan en una dirección diferente. Por ejemplo, hasta hace poco el Centro de Salud Sandoval era el único autorizado por la Comunidad de Madrid para suministrar la profilaxis pre-exposición al VIH (PreP), siendo por ello las esperas de meses un problema de salud pública que se agrava. A nivel de salud pública estas son las políticas LGBTI, tratadas a través de un sólo centro saturado con poca plantilla habiendo una población de más de 6 millones de habitantes en la Comunidad de Madrid.

En otras zonas también es habitual que, aunque existan puntos de dispensa, las Unidades de Infecciosos que hacen evaluación y seguimiento para iniciar tratamiento sean muy escasas, saturadas, muy lejanas de algunos núcleos de población y estén vaciadas por la falta de personal. La ausencia casi total de políticas de control de daños, la exclusión de migrantes de algunas áreas de la sanidad y las listas de espera también contribuyen a que las transmisiones no cesen.

También la OMS señala que “la probabilidad de contraer la infección por VIH es 14 veces mayor en las trabajadoras del sexo que en otras mujeres, 19 veces mayor en los hombres que tienen relaciones sexuales con hombres que en la población general, y 50 veces mayor en las mujeres transexuales que en otros adultos”.

La falta de campañas publicitarias y racionamiento de la PreP y otros tratamientos, de educación sexual no normativa, la situación de precariedad, racismo legal e institucional y discriminación laboral (especialmente en personas trans) que conducen a una situación de prostitución ven en estas cifras sus efectos. Sin embargo, el discurso que en lugar de unir la transmisión a situaciones de riesgo (marcadas por la opresión de género, identidad sexual, clase y raza), la une a grupos de riesgo, no sólo desvía el foco hacia una culpa individual, sino que da la falsa sensación de que el riesgo es para colectivos que “se salen de la norma patriarcal”.

La idea del “castigo para gente promiscua o desviada” no solo configura contraer una ITS como un correctivo en lugar de como una cuestión de salud, sino que genera una falsa sensación de inmunidad a quien suele cumplir con la monogamia y la heteronorma. Y como no solo existe el VIH, también encubre las situación de dejación que se da en algunos casos, ya que no se destina ninguna partida dirigida a reducir la transmisión de gonocócicas, que se multiplicó por más de 6 de 2009 a 2019, de clamidia, LGV o sífilis, que se duplicaron entre 2016 y 2019; o incluso en casos graves, como sucedió con los tratamientos por Hepatitis C en 2013.

En 2013 el Gobierno de Rajoy y de algunas comunidades calificó de “inasumible” la financiación del medicamento Sovaldi contra la Hepatitis C, al que el laboratorio Gilead le había puesto un precio de 60.000€ por 24 semanas de tratamiento. En varias comunidades se crearon comités que decidieron quien recibía el tratamiento de una enfermedad que puede causar cirrosis hepática y cáncer de hígado, provocando entre 3800 y 4600 muertes al año en el Estado español. La Plataforma de Afectados por la Hepatitis C los llamó “comités de la muerte” y dio una larga lucha para que no se negociase con sus vidas.

Atacar y desmantelar la sanidad pública es un ataque a toda la clase trabajadora, pero también la orientación “productivista” que se le da en la atención a la mayoría trabajadora de la población, centrada en reparar la máquina que trabaja si falla su salud mental (con unos ritmos de atención de 15 minutos al mes y medicalizados) o física (mediada por las mutuas, que tienden a exculpar a las empresas de nuestras enfermedades laborales). Esta misma orientación hace que se subvalore la atención a las dolencias que no están relacionadas con nuestra capacidad de producir, sino de sentir placer, una dejación que en el caso de las ITS se une con el discurso patriarcal y LGBTIfóbico del “castigo a la promiscuidad”.

Este discurso es sumamente peligroso, ya que encubre lo retraída que está la sanidad de la cuestión de la salud sexual, centra la responsabilidad individual en un problema de salud pública enormemente atravesado por prejuicios, culpa, desconocimiento y miedo que favorecen los contagios, llega a proponer salidas absurdas como la abstinencia o la monogamia y está detrás de un trato estigmatizante que en ocasiones se reproduce en consulta, que se da desde la formación en las facultades de medicina, y que aumenta el riesgo de transmisión al tratar de evitar situaciones así en la atención médica.

La situación va más allá de los centros de salud, con la educación sexual integral en un papel preventivo. Tal y como explicábamos en un artículo anterior: “la educación sexual normalmente se imparte desde una visión cishetero, centrada en la reproducción, dura como dos o tres horas en las que da tiempo a hablar de poco más que los métodos anticonceptivos, la protección ante ITS (sin desestigmatizarlas), una idea básica de consentimiento y que las orientaciones sexuales “existen”. Esto si da tiempo a tenerlas o no hay algún sacerdote de por medio vigilando que se dice o sustituyendo una mínima educación sexual por prejuicios obscurantistas, patriarcales y peligrosos para nuestra salud sexual.”

¿Qué hacer?

Si entendemos la salud sexual como algo que va más allá de la atención médica directa, sería necesario no sólo combatir unos prejuicios que desprotegen y culpabilizan, sino también entender la sanidad en un sentido amplio y preventivo, incluyendo las ITS.

Respecto al papel que pueden jugar una educacion sexual integral, seria necesario, por ejemplo, incorporar personal especializado, aumentar el presupuesto educativo de forma significativa, iniciar una educación sexo afectiva desde los primeros niveles de educación (que aumenta la capacidad de reconocer abusos sexuales, prevenir enfermedades venéreas o embarazados no deseados), hacer clases mas pequeñas por docente para mejorar la atencion o discutir los contenidos curriculares, la separación de la reaccionaria, LGBTIfobica y machista Iglesia y el Estado o pasar los centros privados y concertados (gran parte de la Iglesia) a una red pública.

La lucha por una sanidad pública y de las plantillas de centros de salud también abre un camino para mejorar la atención al obtener victorias que son para el conjunto de la clase trabajadora y que permitan atender a pacientes con más tiempo y recursos.

Tal y como decíamos en un articulo anterior, aumento del presupuesto para la Atención Primaria hasta el 25% en los PGE y en los presupuestos de todas las Comunidades Autónomas, universalización de la asistencia sanitaria a toda la población incluyendo a toda la población que no tenga su situación regularizada, internalización y estabilización de todos los trabajadores del sistema nacional de salud, Subida salarial para los trabajadores sanitarios conforme al IPC real y cláusula de revisión salarial indexada al IPC.

Contra el negocio de concertadas y consorcios, derogación de la Ley 15/97 y de todos los convenios de gestión privada de equipamientos sanitarios públicos, en la perspectiva de luchar por la nacionalización de todo el sistema de Salud para crear una red pública única, gestionada por sus médicos, profesionales y trabajadores de la salud junto a comités de usuarios.

Respecto a la atención farmacológica, que se garantice la distribución de los medicamentos y diversas opciones necesarias para la prevención, con anticonceptivos gratuitos y atención y tratamiento de manera oportuna, publicitada y gratuita en todos los subsistemas de salud, así como materiales para el tratamiento y la asistencia, incluyendo vacunas y productos médicos, leche maternizada (para evitar transmisión vertical), reactivos, entre otros.

En las universidades, aumento urgente del número de plazas en los grados universitarios de Medicina y Enfermería, así como en los ciclos de formación profesional del ámbito de la Salud. Expropiación y nacionalización bajo control obrero de toda la industria farmacéutica, pasando todos sus trabajadores y recursos a la esfera de la sanidad pública y aumento del presupuesto para investigación en mejores formas de combatir las ITS, con estudios que se lleven a cabo por su interés sanitario y no solo por su rentabilidad.

Como mostraban las estadísticas anteriores, las cuestiones que afectan a nuestra salud (también sexual) van más allá del estado de la sanidad pública. Por eso también es necesario exigir papeles y regularización ya para todes, salarios de 1500€ y alternativa habitacional para personas en situación de prostitucion, cupo laboral trans y atención para transicionar sin listas de espera ni patologización. Estas medidas permiten reducir la exposición a situaciones de riesgo de los sectores más vulnerables ante ITS, así como prohibir los testeos de VIH y otras ITS en examenes medicos laborales.

Sin embargo, si en lugar de llevar adelante estas demandas, se mantiene una política que no cueste ni un euro a los capitalistas, que recorte la sanidad pública y que no cuestione a los sectores más reaccionarios y liberticidas, se deja vía libre al tradicional pánico moral de transmisión de enfermedades y la condena por nuestra sexualidad.

Hablamos de ITS como una parte de la pelea por nuestra salud y liberación sexual desde una visión anticapitalista. La lucha por una sexualidad libre no es algo secundario, ni ajeno a la lucha de la clase trabajadora, de las mujeres y la juventud. En la lucha contra el capitalismo patriarcal y sus violencias, la lucha por la salud, el disfrute del tiempo libre y la sexualidad es parte del combate por una sociedad emancipada.