Derechos de la mujer
El 3 de Junio, más de 40 mil personas, la mayoría mujeres, se movilizaron en Córdoba para exigir NiUnaMenos por violencia machista, pero ningún gobierno hizo absolutamente nada para atender este masivo reclamo.
El Frente de Izquierda propone la declaración de la emergencia en violencia de género, continuando el Proyecto de Ley presentado por Laura Vilches (PTS-FIT) en la Legislatura provincial. El proyecto contempla la creación de casas refugio gratuitas para las víctimas de violencia y trata de personas, con subsidios acordes a la canasta familiar y la creación de una comisión investigadora independiente constituida por familiares de las víctimas y organismos de Derechos Humanos para la lucha por el desmantelamiento de las redes de trata. Se debe aplicar el protocolo nacional de abortos no punibles en los hospitales municipales y la Ley de Educación Sexual Integral en todas las escuelas municipales.
Derechos de la juventud
Mestre y De La Sota sostienen un modelo de ciudad que excluye a la juventud y a las grandes mayorías populares. La especulación inmobiliaria relega a la juventud a las barriadas periféricas, mientras la policía de De La Sota les impide a los jóvenes entrar al centro de la ciudad haciendo uso del Código de Faltas.
Se debe garantizar el pleno acceso a la ciudad y la cultura para la juventud. Basta de retenes policiales a los jóvenes de las barriadas populares. Abajo el Código de Faltas.
Trabajadores
Muchos funcionarios cobran como gerentes de empresas y viven alejados de las condiciones del conjunto del pueblo, pero todos los candidatos usan como chivo expiatorio de la falta de recursos a los trabajadores municipales. Al mismo tiempo, las empresas constructoras, tanto de la obra pública como privada, tienen a sus trabajadores en negro, emplean inmigrantes en condiciones infrahumanas, y provocan números altísimos de muertes obreras.
Por eso el Frente de Izquierda propone, contra la casta política, que todo funcionario municipal cobre igual que una maestra. Que todo plan de obras públicas garantice trabajo en blanco, con salario acorde a la canasta familiar y condiciones seguras de trabajo. Que se multe a las empresas constructoras que empleen en negro y/o despidan personal.
Salud y educación
Sólo un 12,84% del presupuesto va a salud y un 8,11% a educación. Los hospitales y escuelas municipales carecen de infraestructura y muchos trabajadores están precarizados. La lógica privatista del gobierno municipal liquidó los dispensarios, que están colapsados y no cuentan con los insumos básicos.
Se debe triplicar el presupuesto para salud y educación en base a impuestos progresivos a las grandes fortunas. Esto, junto con la autogestión y administración por los trabajadores y usuarios, podrá garantizar el equipamiento integral, el pase a planta permanente de todos los trabajadores con salarios acordes al costo de la canasta familiar y la creación de dispensarios, escuelas y jardines maternales en los barrios populares de la ciudad.
Medio Ambiente
La defensa del ambiente es un problema de salud pública para las grandes mayorías populares, pero para el municipio no reviste el menor interés.
Hay que declarar la emergencia ambiental, prohibiendo fumigaciones con agentes nocivos y garantizando tratamientos gratuitos desde el Estado para los afectados.
También se deben prohibir los emprendimientos inmobiliarios de gran impacto ambiental, tratar los residuos de modo acorde al cuidado ambiental y defender la reserva ecológica de San Martín.
En el caso de la fábrica Porta, el FIT propone una auditoría conformada por trabajadores de la planta, vecinos afectados y especialistas en el tema ambiental aprobados por los vecinos. Si se comprueba la contaminación, hay que erradicar la planta del ejido urbano sin afectar los puestos de trabajo. A los trabajadores se les debe reducir la jornada laboral a seis horas sin afectar el salario, garantizando el pago de un plus por insalubridad y la jubilación anticipada.
Transporte
El transporte público tiene el boleto más caro del país, que Mestre aumentó un 180%, mientras el servicio es cada vez más ineficiente. Se transformó en un gran negociado de los empresarios amigos del intendente como ERSA y Autobuses Santa Fe.
Se debe estatizar el transporte y ponerlo bajo gestión de trabajadores y usuarios. Sin la ganancia empresaria, el transporte público puede ser un verdadero servicio para el pueblo trabajador, reduciendo considerablemente la tarifa y mejorando las frecuencias y recorridos.
Infraestructura
El municipio asegura iluminación, gas y cloacas a las grandes torres de lujo de los barrios cerrados, mientras barrios populares no tienen servicios esenciales. Más del 60% de la población de la ciudad carece de cloacas. Estas construcciones de lujo encarecen el suelo urbano, mientras faltan más de 200 mil viviendas y un 42% de los cordobeses no pueden acceder a la vivienda propia.
Hay que ponerle fin a la especulación inmobiliaria, creando un plan de viviendas y obras públicas elaborado por los trabajadores y vecinos, garantizando salario en blanco acorde a la canasta familiar y condiciones seguras de trabajo. El desarrollo urbano se debe planificar en función de las necesidades sociales y no de la ganancia empresarial, expropiando las viviendas ociosas en manos de los especuladores para destinarlas a familias sin techo. Se debe crear un fondo público para préstamos accesibles cuya cuota no exceda el 20% del salario mínimo, al mismo tiempo que se congela el precio de los alquileres y se reduce un 30%.
Impuestos
Mestre ha aplicado aumentos de un 170% en las categorías más bajas del impuesto inmobiliario urbano, que afecta al conjunto del pueblo trabajador.
No se puede cobrar impuestos a trabajadores que no alcanzan el salario mínimo. Se tienen que frenar los tarifazos sobre la población trabajadora y establecer una escala de tasas y servicios progresiva, para que paguen más las automotrices, los call centers, los bancos y entidades financieras, los grandes hipermercados y constructoras asentadas en la ciudad. | 
