Se trata de Condor Tecnologías (supuestamente) No Letales, una empresa brasileña que es una de las mayores del sector y gana millones exportando a las fuerzas armadas de más de 50 países, beneficiándose de la represión a las revueltas sociales bajo un discurso cínicamente humanista.

La Policía Nacional del Perú compró casi 30 mil bombas lacrimógenas el 20 de diciembre de 2022, aún bajo el gobierno de Bolsonaro, a un costo de casi 500 mil dólares a la empresa brasileña Condor. Se entregaron el 14 de enero, en un caso más de complicidad del nuevo gobierno de Lula con el gobierno golpista de Dina Boluarte, que ya dejó más de 65 muertos. Las armas están destinadas a reprimir a los campesinos y trabajadores que se están levantando en todo Perú contra un gobierno establecido mediante un golpe parlamentario a favor de los intereses de las grandes empresas mineras extranjeras, exigiendo el fin de la represión, la dimisión de Boluarte y del Parlamento, y una Asamblea Constituyente que ponga fin al legado de la dictadura de Fujimori.

Este es una muestra más del apoyo de Lula a Dina Boluarte, que se materializa con el reconocimiento de su gobierno, estrechas relaciones y la liberación de las exportaciones de municiones para la represión del pueblo peruano. Una posición alineada con la política del imperialismo norteamericano, que tiene como objetivo histórico profundizar la explotación y la opresión de la clase obrera y de los pueblos oprimidos de América Latina. En este sentido, es repugnante la historia de colaboración del Estado brasileño con la creciente industria internacional de represión a las masas civiles, armando regímenes capitalistas contra los levantamientos de los explotados. Una industria que arrastra un historial de muertes mientras hace demagogia con los derechos humanos como estrategia de marketing.

Condor, con sede en Nova Iguaçu, cerca de Río de Janeiro, es el único fabricante brasileño de este tipo de productos y uno de los diez mayores del mundo. A pesar de ser 100 % de propiedad privada, es considerada una "empresa estratégica de defensa brasileña", siendo un monopolio que suministra armas a todas las fuerzas policiales del país y a las Fuerzas Armadas, garantizando el suministro de armas "no letales" como gase lacrimógeno, gas pimienta, balas de goma, etc. En palabras del antiguo Ministerio de Defensa de Bolsonaro, "incentivar los negocios de Condor forma parte de un ’objetivo estratégico’ del gobierno brasileño", aspecto compartido por el Partido de los Trabajadores de Lula tanto en sus pasadas administraciones como en la actualidad. Según datos del mismo ministerio, el sector armamentístico en Brasil emplea a "unas 40.000 personas y factura 1.000 millones de reales (213 millones de dólares) al año".

El presidente de Condor, Carlos Erane de Aguiar, tiene una vasta actividad en cumbres empresariales: fue miembro del Consejo de Desarrollo Económico y Social de la Presidencia de Bolsonaro, director titular del Departamento de Defensa y Seguridad de la Federación Industrial del Estado de San Pablo (FIESP), miembro del pleno y vicepresidente del Consejo del Centro Industrial de Río de Janeiro (CIRJ/Firjan) y presidente de la Representación Regional de Firjan en la Baixada Fluminense. Su empresa ha ido creciendo en el mercado de la represión bajo un discurso de ética, responsabilidad social, respeto al medio ambiente y a los derechos humanos, afirmando el aprecio por la vida y que sus productos evitan el uso de armas de fuego por parte de las fuerzas policiales de todo el mundo.

Sin embargo, la realidad de este tipo de armamento es otra, como lo demuestra el historial de muertes por proyectiles, asfixia, paro cardíaco por armas aturdidoras y los innumerables mutilados en las protestas de la última década, como la Primavera Árabe, los Chalecos Amarillos en Francia, los levantamientos en Chile y ahora en Perú, entre otros. Mientras tanto, Condor se lava las manos afirmando que no tiene ninguna responsabilidad en el "mal uso" de sus productos. La máscara pacifista también se cae cuando consultamos el perfil de una de las empresas paralelas de Condor, Welser Itage, en el Portal de Datos Abiertos del Gobierno Federal, que muestra que también suministra armas de fuego de calibres 30 y 120 milímetros, munición de calibres hasta 30, 120 y 125 y superiores a 75 milímetros, así como bombas, granadas, motores y componentes para cohetes, e incluso cajas, contenedores y embalajes especiales para armas nucleares y munición. Un auténtico mercado de la muerte que, para garantizar sus ventas en tiempos de crisis capitalista y convulsión social, le lava la cara a sus empresas.

Para tener una idea de las cifras en juego en este mercado, según informa la Rede Brasil Atual, en el artículo "Agentes antimotim: el caso de la pro-regulación", la profesora Anna Feigenbaum enumera que en 2014, Condor ganó 50 millones de dólares en el mercado internacional. Y que durante el Mundial de Brasil, ese mismo año, ganó 22 millones de dólares. Condor estuvo entre las diez empresas que más fondos recibieron de la entonces Secretaría Extraordinaria de Seguridad para Grandes Eventos (Sesge), del Ministerio de Justicia de la ex presidenta Dilma Rousseff, entre 2012 y 2015: más de 43,5 millones de reales, según el investigador Bruno Cardoso, uno de los autores del libro "Tecnopolítica de la vigilancia". Y asegurando el negociado de la mano de Bolsonaro, en 2020, Cóndor logró en la Cámara de Comercio Exterior la exclusión de un impuesto a la exportación que recaía sobre varios de sus productos que suponen un riesgo para la vida humana.

A escala mundial, las perspectivas, según la consultora Markets and Markets, apuntan a que este negocio de munición "no letal" alcanzará los 1.106 millones de dólares en 2023, impulsado por la militarización de las fuerzas policiales y el aumento de "disputas políticas y disturbios civiles". Sin embargo, los colosales beneficios de Condor ya han servido para reprimir las revueltas de las dos últimas décadas.

Fundada en 1985 sobre un antiguo proveedor de minas terrestres del Ejército brasileño, Condor se convirtió en el primer fabricante especializado en armamento "no letal" que se estableció en Brasil. En 2002, un parteaguas según la propia empresa, exportó por primera vez, por encargo del Ejército brasileño, para una misión de mantenimiento de la paz de la ONU en Argelia. En 2009 se convirtió en proveedor de la ONU con el proyectil de impacto multitudinario Soft Punch AM-470, el tipo responsable de las mutilaciones oculares. Desde entonces ha sido la única empresa de América Latina invitada por la OTAN al evento North American Technology Demonstration, organizado conjuntamente con el Programa de Armas No Letales del Departamento de Defensa de los Estados Unidos, ha abierto oficinas en Singapur y Abu Dhabi, y cuenta con más de 80 agentes y representantes en todo el mundo. Hoy exporta a más de 50 países y más de la mitad de su producción, de 120 artículos de catálogo, se exporta, bajo secreto industrial, principalmente a África y Oriente Medio.

Con la Primavera Árabe iniciada en 2011, Condor muestra al mundo el poder represivo de su producción, suministrando a países como Turquía, Túnez y Bahréin -donde tiene sus primeros grandes escándalos debido a la represión asesina de la policía que portaba sus armas-. Según los informes, durante la represión de la revuelta contra el rey Hamad Al Jalifa en Bahréin, al menos 38 personas, entre ellas bebés, murieron bajo los efectos del gas Condor, lanzado en nubes que invadieron barrios enteros.

Poco antes del inicio de las protestas de 2013 en Turquía contra Erdogan, donde fueron ampliamente utilizadas, el gobierno brasileño del PT apoyó una reunión de empresas nacionales de armas con compradores extranjeros en la capital, Estambul. En aquella ocasión, la Agencia Brasileña de Promoción de Exportaciones e Inversiones (Apex) y la Asociación Brasileña de Industrias de Materiales de Defensa y Seguridad (Abimde) -cuyo entonces vicepresidente, Carlos Frederico Queiroz de Aguiar, era presidente de Condor- negociaban los numerosos proyectiles, granadas y sprays que se utilizarían unas semanas después contra la juventud trabajadora que salió a la calle.

Esta experiencia internacional también precedió al uso ostensivo de materiales Condor en la represión de las revueltas de junio de 2013 en Brasil, cuando la crisis capitalista y las demandas estructurales del país, insatisfechas por más de una década de gobiernos del PT, incluyeron a Brasil en el mapa de las revueltas, junto a la Primavera Árabe, los Indignados del Estado español o el movimiento Occupy Wall Street en Estados Unidos. Entre las víctimas, recordemos a la limpiadora de calles Cleonice Vieira de Moraes, una mujer de 54 años que murió el 21 de junio de 2013 tras inhalar gases lacrimógenos durante una manifestación en la ciudad de Belém. Y como mostró un relevamiento de un conjunto de medios, en Brasil, solo en 2017, hubo 13 muertos y diez heridos graves por este tipo de armamento.

Venezuela también es un valioso cliente de Condor: entre 2008 y 2011, Maduro compró al menos 6,5 millones de dólares en gases lacrimógenos y balas de goma. En 2017, durante una ola represiva que dejó decenas de muertos -como el estudiante Juan Pernalete, que falleció tras ser alcanzado en el corazón por una bomba lacrimógena disparada a pocos metros de distancia-, se agotaron las existencias y se realizó una nueva compra de 70.000 bombas Condor, luego bloqueada por el Ministerio de Defensa de Temer.

Más recientemente, los datos también muestran ventas a Ecuador (4,1 millones de dólares), Colombia (1,8 millones) y Chile (1,5 millones) entre 2020 y 2021, el mismo periodo en el que estos países vivieron intensas protestas sociales. En Sudán (África), durante las protestas contra el golpe militar de 2021, las organizaciones de seguimiento humanitario informaron de que la mayoría de los heridos en las jornadas se debieron a proyectiles de gas lacrimógeno, 471 por asfixia y 537 por heridas y mutilaciones por impacto directo de proyectiles, muchos de ellos de Condor, que también causaron varias muertes en el país.

Frente a una historia de ganancias millonarias promoviendo atrocidades dentro y fuera del país, se hace necesario que, aquí en Brasil, la clase trabajadora, la juventud, las mujeres, los negros, indígenas y LGBT levanten la más fuerte solidaridad con el pueblo peruano y una lucha por el fin de las relaciones del nuevo gobierno con el gobierno golpista de Boluarte, así como por el fin de la exportación de municiones y armas para reprimir las luchas de la clase trabajadora y del pueblo pobre de otros países.