Dicha política es promovida desde ParlAmericas, una institución internacional que promueve desde 2015 la apertura legislativa a través de la rendición de cuentas de las instituciones y la participación de la ciudadanía en las decisiones parlamentarias de las Américas y el Caribe. Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), el parlamento abierto propicia el acceso a la información y permite a la ciudadanía generar ideas, monitorear y participar en las decisiones públicas de los países.
Parlamento Abierto en México
En México tal iniciativa es promovida desde la Alianza Para el Parlamento Abierto México (APA). Se trata de una coalición de instituciones legislativas en el país, organizaciones de la sociedad civil (OSC) y órganos de acceso a la información, encargados de promover en los 32 congresos locales y el Congreso de la Unión la ejecución del Parlamento Abierto.
Este mecanismo ha sido ampliamente utilizado por las autoridades estatales y federales, hacia los movimientos sociales y de trabajadores que exigen ser escuchados y atendidos sus demandas en los congresos locales, las cámaras de diputados y/o de senadores. Durante la administración de Morena, el presidente López Obrados y la 4T, se han promovido múltiples Parlamentos Abiertos con la participación de trabajadoras del hogar, electricistas, trabajadores de la educación, salud, del campo y servicios, así como organizaciones sociales y populares de todo el país. Dichas iniciativas han tenido mucha repercusión mediática, pero hasta la fecha, no se han traducido en acciones concretas que mejoren las condiciones laborales y de vida para las grandes mayorías.
En el libro “El Congreso Mexicano y el Parlamento Abierto” editado por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), Khemvirg Puente Martínez señala que se trata de un “mecanismo de interacción entre la ciudadanos y gobernantes”, caracterizado por la “apertura de procedimientos internos a la ciudadanía”, así como la disposición al escrutinio y “fiscalización” de todas sus actividades. Sin embargo, Puente Martinez señala un aspecto clave sobre el carácter y alcance de este mecanismo de la siguiente manera:
“El parlamento abierto no sustituye a las instituciones representativas, por el contrario, las fortalece y las legitima siempre y cuando la interacción entre las partes rinda frutos y se exprese en los resultados legislativos y políticos.”(1)
¿Democracia representativa o democracia directa?
Si estos parlamentos abiertos no sustituyen el carácter representativo del Senado, la Cámara de Diputados así como los congresos locales y nacionales, entonces, la decisión final sobre el destino los recursos púbicos a determinados rublos del gasto social así como el rumbo político y económico de la nación, no dependen de la participación de trabajadores y movimientos sociales en dichos mecanismos institucionales.
La simulación y manipulación ideológica promovida desde organismos internacionales subordinados al imperialismo, buscan imponer como el único camino viable y posible que tenemos las trabajadoras y trabajadores para conquistar nuestras demandas, es el de la vía legal, la colaboración con las instituciones de la democracia burguesa y en última instancia, la conciliación y “paz social” entre clases que son antagónicas.
Una democracia y parlamento realmente abierto y democrático con las grandes masas pobres y trabajadoras en México y toda América, solamente es posible mediante Asambleas Constituyentes Libres y Soberanas, y en los términos en como lo plantea Bárbara Funes aquí:
“Una asamblea integrada por un representante cada mil electores, elegidos por voto directo y con mandato revocable, con poderes plenos para desarrollar un plan de obras públicas, al servicio de los intereses de las y los trabajadores y el pueblo."
Una Asamblea de estas características podría tener la facultad de no sólo promulgar leyes y/o tratados como se propone ahora en los Parlamentos Abiertos, sino que podría expropiar las fortunas y los bienes que posean las empresas trasnacionales, los cárteles del narco y gobiernos que les protegen. Estos fondos se podrían bajo el control de lxs trabajadores en el campo y la ciudad y así se podrían garantizar viviendas, escuelas, hospitales e infraestructura que responda las necesidades de las mayorías y en donde paguen los más ricos, empresarios, banqueros y las grandes empresas que explotan nuestros recursos humanos, energéticos y naturales.
Para que estas y otras medidas de carácter democrático-radical puedan realizarse hasta el final y en detrimento del imperialismo y su democracias parar ricos, la Asamblea Constituyente tiene que estar acompañada de la lucha en las calles y la movilización revolucionaria de los pueblos pobres y campesinos de América y el mundo, en alianza estratégica con la clase trabajadora internacional.
(1) Consultado en línea el 8/02/2023 en https://inai.janium.net/janium/Documentos/3929.pdf | 
