A pesar de que el gobierno de Peña Nieto comenzó reconociendo a las víctimas de la democracia decadente del Estado, creando organismos de atención como la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas a inicios del 2013, una vez que el PRI se instaló en el poder federal, llevó a cabo las mismas tácticas de militarización y represión del PAN, al que culpaba por la violencia del Estado, no sin razón, pero sin decir a la población que su gobierno vendría a estar tan subordinado a la política estadounidense y a las organizaciones financieras internacionales, como el anterior.
Ahora que el gobierno ya no tiene a nadie a quien responsabilizar de su barbarie y como no es capaz de reconocer sus propios crímenes y el estado de violencia que ha generado, intenta volcar la culpa en las víctimas, tal como lo hacen sus rivales electorales en las gubernaturas que detentan.
La política actual utiliza el discurso de que el narcotráfico es el enemigo del país -mientras negocia con sus líderes como amigos- y cuando un crimen se suscita bajo una motivación política, siempre termina asociándole con el narcotráfico, cuando no puede simplemente minimizarlo o subjetivarlo, tratando de hacer creer mediante los medios de comunicación oficiales, que fue un pleito entre individuos u organizaciones y no una maniobra que involucra a todo el aparato estatal.
Es lo que el Estado hace con los chicos de Ayotzinapa, a pesar de que su discurso se sigue demostrando imposible, ahora bajo las investigaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la CIDH, que comprobó una vez más que la versión del gobierno es científicamente incorrecta. Se trató de un armatoste creado para desviar la atención del público de los verdaderos responsables, aunque la poca confianza de la gente que sigue viendo la ilegitimidad del gobierno, obligó a la renuncia del entonces procurador general de la república, Jesús Murillo Karam, lugar que ahora ocupa Arely Gómez González, hermana del actual vicepresidente de la compañía de comunicación Televisa, que promocionó con furia a Enrique Peña Nieto para la presidencia del país.
Por otra parte, el homicidio ocurrido en la Colonia Narvarte, donde fueron víctimas de feminicidio 4 mujeres: Yesenia Quiroz Alfaro, Mile Virginia Martín, Alejandra Negrete Avilés, Nadia Dominique Vera Pérez, esta última reconocida activista del estado de Veracruz. Y donde también fue asesinado el fotoperiodista Rubén Espinosa Becerril, quien trabajaba y residía en la misma entidad. Tanto Rubén como Nadia habían sufrido las tácticas de represión del Estado, ambos habían sufrido acoso policiaco e intimidaciones por parte del gobierno del asesino y represor Javier Duarte, teniendo que huir ambos de Veracruz para encontrar la muerte en el D.F., gobernado por el mismo partido bajo cuya responsabilidad desaparecieron los 43 normalistas, también activistas en contra de esta criminal política del Estado.
La misma política se lleva a cabo en contra de los maestros de la CNTE, que luchan para que no se imponga la reforma educativa, con los medios de comunicación oficiales en su contra, y con 15 órdenes de aprehensión a maestros dirigentes de la sección 22 de Oaxaca.
Y esto mismo se reproduce en los ámbitos escolar y laboral, en donde si te quejas y protestas te vuelves víctima de acoso y represión, como es el caso de Aldo Santos, militante del Movimiento de los Trabajadores Socialistas, al que recientemente echaron de la Escuela Normal Superior de México, en el marco del intento de la desaparición de las escuelas normales, donde varios jóvenes participan en la vida política del país.
Si bien la criminalización corre en contra de quienes se levantan disidentes de la política actual, el resto de la sociedad no se queda atrás, hay miles de desaparecidos, de feminicidios y asesinatos cuyos casos no han visto justicia, así como el caso que denuncia Javier Sicilia (Proceso, 05/09/15) de las mujeres asesinadas y encontradas desmembradas en bolsas en el municipio de Temixco, Morelos; de quienes se dice que posiblemente eran prostitutas, como si esa fuera razón para que su vida careciera de valor. Siendo que el estado de Morelos es uno de los que más padece la violencia del feminicidio, contando 633 casos desde el año 2000 a febrero de 2015, además de cientos de asesinatos y varios crímenes contra la población.
Las autoridades federales ya han demostrado que no podemos confiar en sus versiones, que a los únicos que pretenden defender es a ellos mismos y por eso miles de crímenes en México están impunes. La cifra de desaparecidos asciende a 12 mil 500 en lo que va del gobierno de Peña Nieto. Mientras que Javier Duarte no es juzgado por los crímenes contra periodistas y activistas, incluyendo el caso Narvarte, abriéndose líneas de investigación que no involucren al gobierno; y mientras que Gustavo Labastida, Nestora Salgado, Mario Luna y Manuel Mireles continúan presos.
La justicia no llegará de la mano de los partidos PRI-PAN-PRD, todos coludidos con el crimen organizado, sino de la movilización y la organización independiente de quienes reclamamos justicia y se nos niega, de los que nos vemos directamente afectados por la militarización del espacio público. La justicia para estos crímenes aberrantes y las desapariciones forzadas sólo vendrá de las y los trabajadores y de los sectores populares. Ellos con la movilización en las calles podrán imponer comisiones de investigación independientes que juzguen y condenen a los culpables materiales e intelectuales de los asesinatos, feminicidios, desapariciones forzadas, torturas y persecuciones contra los activistas sociales y el pueblo trabajador. Porque #FueElEstado.
Con información de Proceso y Uno TV |
