En la misma semana que las resoluciones del INAI (Instituto Nacional de Asuntos Indígenas) que reconocen la presencia “tradicional, actual y pública” de las comunidades mapuche en el sur de Mendoza se publicaban en el Boletín Oficial, el grupo de accionistas de la Pan American Silver compraba Yamana Gold y con esa operación se quedaba con el megaproyecto de oro Don Sixto, hasta ahora inactivo, ubicado al sur de Mendoza. Podrían parecer dos hechos aislados, pero la historia quiso que se enredaran.
El mencionado proyecto está instalado en un territorio habitado ancestralmente por comunidades mapuches: "Esa zona mantenía una población (mapuche n.d.r) importante de familias hasta hace unos diez años, a partir de cuando empezaron problemas vinculados a la ocupación de la tierra. Con la instalación del proyecto minero aurífero “Don Sixto” aumentaron los intereses sobre la zona: pobladores y personas ajenas empezaron a entrar en conflicto por el acceso al agua y la propiedad de la tierra."
La cita pertenece a un documento emitido en 2016 por la comunidad Mapuche bajo representación de la institución Malalweche -la cual emitió un comunicado reciente en la misma sintonía-, en el que ya denunciaban la instalación de alambrados en la zona, levantados de hecho, sin consultas previas y con custodia “a caballos y motos” de una cuadrilla, acompañada por miembros de la Policía de San Rafael, que tuvo como saldo la detención del delegado mapuche Fabricio Silva. El proyecto encontró una resistencia temprana de la comunidad de Agua Nueva:
“En 2008-2009 la comunidad de Agua Nueva se movilizó por un lado en contra del proyecto minero por la posible contaminación del agua de la zona. Por otro lado se movilizaron en contra del avance de alambrados por parte de privados ajenos al lugar, en particular un alambrado del sector Este, realizado por “Chafi” Félix (ex intendente de San Rafael durante la última Dictadura Militar)”. A raíz de estos atropellos es que deciden organizarse como Comunidad Indígena ante el INAI.
Por cierto, es por esto que no fue novedad para nadie que Emir Felix, intendente de San Rafael por el Frente de Todos, uno de los departamentos directamente implicados (junto a Malargüe), se haya sumado inmediatamente a la ola de ataques a las comunidades mapuche.
Para ratificar esta posición, ahora se mostró cercano a Omar de Marchi, figura de Macri y el PRO, hoy sumido en una interna feroz con Alfredo Cornejo y Rodolfo Suarez, quien viniera de protagonizar una provocación a las comunidades, insuflando los ánimos violentos de grupos de “vecinos” de derecha locales.
Los mencionados “intereses económicos” que estarían detrás del “inconstitucional” reconocimiento a la ocupación del territorio que denuncia Alfredo Cornejo no serían estos, bien concretos y conocidos. Tampoco serían los intereses de petroleras como Chevron, ExxonMobil, Pan American Energy, Petronas, Pluspetrol, Shell, Tecpetrol y Wintershall que mantienen asociaciones estratégicas con YPF para la explotación offshore de Vaca Muerta. y que acaban de obtener una jugosa reducción en el pago de retenciones.
En la llamada “lengua norte” de Vaca Muerta, la parte que se encuentra en jurisdicción provincial, la explotación del no-convencional la inició una empresa vinculada a un conocido socio local, Daniel Vila, para quién Alfredo Cornejo, durante su mandato como Gobernador, emitió un decreto autorizando la práctica de la fractura hidráulica (fracking). Tampoco serían “intereses económicos” los perseguidos por los empresarios del turismo como el grupo El Azufre, a quienel gobierno entregó 12.351 hectáreas de tierras fiscales con glaciares, humedales altoandinos, nacientes de ríos y arroyos y vertientes termales para la construcción de un centro de esquí, o por los mismos propietarios de esas tierras, como, entre otros, los Felix.
Los “intereses económicos” que le molestan al poder local parecen ser aquellos que ya reconoce la Constitución para las comunidades originarias, y que están plasmados en el artículo 75 inciso 17, que garantiza la “posesión y propiedad comunitaria de las tierras que ocupan”, impide su enajenación y permite la gestión de las mismas por las comunidades, como señala el comunicado de Malalweche mencionado arriba. Por estas razones, incluso la ONU las reconoció como agentes esenciales para la conservación ambiental y revertir el cambio climático.
En una rara interpretación de la idea de soberanía, la entrega de los recursos (bienes comunes) sería una actitud correcta, y el reconocimiento a comunidades preexistentes un acto de traición al país.
El show de rabia y odio racista montado en las últimas semanas por la derecha del radicalismo provincial, acompañado por funcionarios y dirigentes del Frente de Todos, por Cámaras de Comercio, parte de los medios hegemónicos y algunos intelectuales, fue usado por el ahora precandidato a gobernador Alfredo Cornejo para posicionarse en la interna de Cambia Mendoza contra Omar de Marchi, en momentos donde parece consolidarse la figura de Patricia Bullrich en Juntos por el Cambio. Tan así es que Bullrich lo quería como precandidato a vicepresidente en la fórmula que encabeza, antes de que Rodolfo Suarez lo postulara para repetir su experiencia en la gobernación provincial.
En lo que refiere a las comunidades mapuche su discurso es conocido: los mapuche son chilenos, araucanos y terroristas. No importa si la evidencia histórica
La evidente operación de fake news que hablaba de “entrega” de tierras en lugar de “reconocimiento” de la ocupación actual, sumado a al remanido intento por probar la inconstitucionalidad de las resoluciones del INAI por afectar recursos provinciales lanzada por el gobierno provincial, tienen por objetivo defender los intereses económicos actuales de grandes empresas extranjeras y locales que buscan avanzar en la economía provincial, como la minería aurífera a gran escala y la explotación del no-convencional. El plan extractivista que encontró la negativa reiterada de la mayoría de la sociedad mendocina. |
