Es la DGA a través del Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS) la responsable de la financiación, el control de calidad de los centros y recursos y la que tiene la función inspectora y la potestad sancionadora. Para conseguir el primer convenio de Aragón del sector las movilizaciones sindicales vuelven a ser una posibilidad, con una reunión conjunta UGT-CGT para el 28 de febrero a las 17h en el local de CGT, ya que la caída de condiciones laborales viene arrastrada desde los años 90, el IASS no tiene pensado sentarse a negociar, el sector cuenta con un tercio de bajas psicológicas y esta situación repercute en poder dar una atención peor a les menores.
Sobre las personas que trabajan en la educación social se suele muy a menudo tener la falsa concepción de que su trabajo sería una suerte de vocación intrínseca por ayudar, lo que supondría poner toda su vida en ello, sin límites. Pero pocas veces se reflexiona sobre la organización y el desarrollo real de estos trabajos, tan imprescindible para la vida de muchas personas, como limitado en tantas ocasiones a la hora de solucionar los problemas estructurales derivados de este sistema capitalista.
La ley dice que es la Administración la que debe responsabilizarse, velar por el bienestar de las personas y brindar los recursos necesarios para su desarrollo pleno. Sin embargo, bajo un sistema capitalista que solo valora lo productivo, la creación de beneficios económicos para unos pocos, el mantenimiento de las ideas que permitan su reproducción; trabajar porque se reduzcan, incluso dejen de existir las condiciones que llevan a tantas personas a requerir de servicios sociales para su supervivencia, no entra en sus planes. Las lógicas capitalistas prefieren poner un parche y establecer quienes están en los márgenes a modo de advertencia para el resto de la clase trabajadora o mal llamada “media” por poder sobrevivir “normalmente”.
Estas lógicas se materializan en su forma de organización y en sus objetivos, y más claramente, en una constante externalización de los servicios sociales tanto a fundaciones y ONGs como a empresas con la intención de abaratar costes y eximirse así de las responsabilidad directa sobre la situación de los servicios y sus trabajadores.
Estos servicios que reciben normalmente colectivos vulnerables como la diversidad funcional, migrantes o infancia y jóvenes en riesgo de exclusión social, abarcan todo tipo de actividades, desde las más burocráticas hasta el contacto directo con la persona, lo que implica un impacto muy importante en su vida.
La falta de personal unida a los largos turnos encadenados que hacen imposible una conciliación digna para los trabajadores, repercuten en la calidad del servicio que reciben los usuarios. Además se une la práctica común de estas empresas y organizaciones que ejecutan los contratos públicos, de contratar en fraude, es decir contratar a profesionales de una categoría, como los educadores sociales, bajo el nombre de otra, monitores de tiempo libre, para recortar gastos y cumplir con peores convenios.
Además, desde los colectivos de profesionales señalan el alto porcentaje de bajas psicológicas que existe en este sector y es que cuidar, a menudo con situaciones de gran complejidad y dureza, supone una gran carga mental para cuyo tratamiento, por supuesto, se deja a cargo de la propia trabajadora.
Animamos a los trabajadores de los centros de protección y reforma en la lucha por su convenio y esperamos que este paso pueda servir de punta de lanza para que los trabajadores de lo social tanto vinculados a lo público como en la privada que se organicen y denuncien sus condiciones laborales y las del ejercicio de sus servicios que en tantos casos suponen un efecto directo sobre la vida de la parte de la clase trabajadora más maltratada por este sistema capitalista.
Las contratas de los centros suponen una enorme inyección de dinero para las empresas y fundaciones que los gestionan, a costa de pésimas condiciones para los trabajadores y de la vida de los menores. Estas empresas son los principales garantes de la precarización y la externalización del servicio, que cooperan activamente con las políticas de los gobiernos.
Es necesario que se revierta la privatización de los centros y pasen a la administración pública, se acceda al pliego de condiciones de la plantilla, un aumento drástico del presupuesto público, la apertura de centros totalmente públicos, con ratios de educadores/menores como los que exigen los profesionales, que estén controlados y gobernados democráticamente entre éstos y los propios menores, garantía de plazas para continuar los estudios a coste cero y bolsas de empleo controladas por los sindicatos y no las patronales. | 
