Foto: La Nación

Tras semanas de enormes megaincendios que se tomaron el sur del país, y contando hasta el día de hoy con 26 muertes a propósito de estos, el gobierno ha comenzado a trazar sus primeros bosquejos hacia un aparente plan de regulador de la industria forestal, donde el gran empresariado no ha tenido ningún tapujo en mostrarse como víctimas de los siniestros. Sin embargo, desde gremios como la Corporación Chilena de la Madera (Corma) y la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC), ya colocaron las primeras alertas sobre las iniciativas que afecten la absoluta impunidad con la que han venido destruyendo diversos ecosistemas a lo largo del país.

“Es inoportuno hoy abrir un tema sobre regulaciones, en momentos en que estamos enfrentando una emergencia nacional”, señalaron desde el gremio maderero, agregando “El 100% de los incendios que están afectando la zona sur del país han sido causados por la mano del hombre y en muchos casos con evidencias claras de intencionalidad. Para detenerlos sólo hay un camino: llevar a cero la aparición de nuevos focos, y detener a los delincuentes que están tras ellos”. Declaraciones bastante convenientes, cuando un aspecto que han intentado resaltar los medios tradicionales es la responsabilidad individual de los incendios, cuando lo que debiera estar verdaderamente al centro del debate, es la destructiva implementación y desarrollo del monocoultivo de pinos y eucaliptus en diversos territorios del país, dañando la vegetación, en algunos casos, de manera irreparable, promoviéndose, a su vez, los incendios.

A este sentimiento de victimización y de conciencia por parte del gran empresariado forestal, también se suman las palabras del Fiscal Nacional, Ángel Valencia, quien se sumó al congojo de los gremios:

"En la actual investigación, la industria forestal es víctima", señaló el fiscal, agregando “Desde el punto de vista de nuestra tarea, hoy en día, con las causas que tenemos, y las investigaciones que realizamos, la industria forestal es una víctima más”.

Por su parte, el gobierno quien, con algunos matices discursivos, también se ha sumado a este lamento de las forestales, y manifestando la necesidad de un plan regulador de la industria forestal, en un “nuevo pacto”.

"Vamos a llamar a todas y todos los empresarios, las actorías locales, sociales y políticas a tener una conversación sobre esta materia", refirió la ministra del Trabajo y Previsión Social Jeanette, quien frente a las reacciones del actual presidente de la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa), Richard Von Appen quien señaló que “no tiene relación alguna con los acontecimientos ocurrido” de acuerdo a El Mostrador, esta refirió "creo que, con los empresarios, como hemos mantenido un buen diálogo y ustedes saben que en distintos temas hemos logrado avanzar bastante bien con la CPC, con las ramas también incluida la Sofofa, vamos a encontrar el tono que nos permita a todos, en un dialogo que sea fructífero, poder buscar buenos acuerdos", según lo señalado por el mismo medio.

Resulta evidente que esta ubicación del gobierno al plantear la necesidad de una regulación de la industria forestal en un “nuevo pacto”, no es más que un voladero de luces a una realidad histórica sobre la que se ha basado en la industria extractivista en Chile, que es la destrucción del medioambiente, producto del hambre de ganancias del gran empresariado. De ahí el famoso decreto de ley 701 sobre el cual se ha erigido la arrolladora industria forestal con la venia de Pinochet hasta nuestros días.

Y por más que el gobierno busque canalizar el asunto en una mesa que reúna al sector público y privado, para empezar a trazar un plan de regulación, es natural que los grandes empresarios y sus gremios de magnates, empiecen a colocar el grito en el cielo, cuando se trata de cuestionar siquiera un ápice de los enormes privilegios que facultan absolutamente su accionar, bajo el manto de las leyes.

Ha quedado demostrado que las forestales en manos de intereses de privados, cuyo único ánimo es ensanchar sus ya abultadas ganancias proveniente del saqueo y la destrucción del suelo, sólo puede propagar un hilo de destrucción en contra del medio ambiente, y las comunidades que habitan en su entorno.

Resulta, por tanto, necesaria la expropiación y estatización de las forestales, donde sean profesionales, trabajadores, mapuche y comunidades quienes planifiquen la producción de madera, de acuerdo a los intereses de las comunidades y el cuidado del medioambiente, bajo control de sus trabajadores.