Las polémicas declaraciones de Martha Bárcena, ex embajadora de México en Estados Unidos (2019-2021), en torno al programa migratorio Quédate en México, levantaron revuelo: afirmó que el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, pactó en secreto con el gobierno de Donald Trump que los migrantes esperen al sur del río Bravo la resolución de sus trámites, a cambio de que Estados Unidos no aplicara aranceles contra productos mexicanos.

Esto implica que esta negociación no fue del conocimiento del presidente López Obrador y tampoco de ella. La respuesta de Ebrard, uno de los presidenciables del Morena para las elecciones de 2024, fue enfatizar la animadversión de la ex funcionaria contra su persona, y sostuvo que el mandatario estuvo constantemente al tanto de esas negociaciones, al igual que el Senado.

López Obrador salió a respaldar a su canciller y en su conferencia matutina del 14 de febrero declaró que Bárcena se pasó al “bloque conservador”.

Productos de todo tipo, desde autopartes hasta huevos y drogas, transitan sin mayores inconvenientes a través de la frontera de más de 3 mil kilómetros que separan México de Estados Unidos. Los seres humanos que huyen de pobreza y la violencia de sus países de origen, no.
El gobierno de López Obrador, más allá del discurso de la defensa de los derechos humanos y del pedido de fortalecer programas sociales en Centroamérica para que las personas se queden en sus lugares de origen, lleva a cabo las directivas de Washington en materia migratoria, al igual que lo hicieron los gobiernos del PRI y del PAN.

Más allá de la disputa, el hostigamiento hacia las personas que atraviesan México para llegar al norte del río Bravo continúa. De eso dan cuenta los campamentos de migrantes en las inmediaciones de los puestos fronterizos, la saturación de los albergues, la demora para realizar los trámites de permiso ante las autoridades migratorias, las deportaciones desde México y los francos ataques de la Guardia Nacional contra las personas que quieren atravesar el país para llegar a Estados Unidos.

Redoblar las cadenas de opresión al sur del río Bravo y a Centroamérica, a través de que Estados Unidos financie programas como Sembrando vida -que incluyen sueldos mínimos para pequeños productores- no resuelve los problemas profundos que atraviesan los países desde donde las personas migran, sea de Centroamérica, de Sudamérica, del Caribe o de África.

En el marco de la profunda crisis actual, signada por la inflación creciente en todo el mundo -en gran medida acicateada por la guerra en Ucrania y la ruptura de las cadenas de valor durante la pandemia- y los efectos negativos del cambio climático -un factor que detona el desplazamiento de personas, junto con la militarización y la violencia-, la necesidad de migrar no va a detenerse.

Y por eso es indispensable que se alcen las voces en toda la región por derechos plenos para todas y todos los migrantes, en primer lugar, al libre tránsito por los países de la región, a servicios de salud gratuitos y de calidad, a refugio, educación y trabajo digno. La solidaridad activa de las y los trabajadores de Estados Unidos y México, junto con los sectores populares, es la que puede crear lazos de hermandad que demuestre que la clase obrera no tiene fronteras y que imponga a los distintos gobiernos que ningún ser humano es ilegal.