La Policía de la Ciudad de Buenos Aires, a cargo de Horacio Rodríguez Larreta, militarizó el barrio de Villa Lugano ester miércoles. Lo hizo para reprimir la justa protesta de cientos de vecinos que vienen reclamando por la falta de luz que sufren desde hace por lo menos cuatro días.
La dramática situación quedó en evidencia en los distintos testimonios que se vieron en los medios de comunicación. Para miles de vecinos, la falta de luz fue, además, falta de agua. Al mismo tiempo, implicó tener que tirar comida, no poder asearse y sufrir las consecuencias del fuerte calor que se vio en los últimos días.
La represión tuvo lugar a lo largo de varias horas. En ese período quedó nuevamente en evidencia la brutalidad de la Policía que sigue las órdenes de Larreta: los efectivos policiales dispararon balas de goma, lanzaron sus motos sobre los vecinos y las vecinas y golpearon a mucha gente. Además, detuvieron a varias personas.
Este miércoles el reclamo alcanzó su tercer día consecutivo. Los cortes de energía venían afectando a miles de usuarios, tanto de la Ciudad de Buenos Aires como de zonas del conurbano bonaerense.
Sin embargo, durante las largas horas que duró la protesta, no hubo prácticamente respuestas de las autoridades. Fue en ese marco que se desató la represión policial. Por eso la bronca escaló y llevó a un nuevo corte de la Autopista Dellepiane por parte de cientos de vecinos y vecinas.
La represión mereció el repudio de diversos sectores políticos. Desde el Frente de Izquierda, la legisladora porteña Alejandrina Barry denunció en las redes la represión, al tiempo que se mantuvo en contacto con los vecinos, alcanzando toda la solidaridad.
En el mismo sentido se expresó el diputado nacional Nicolás del Caño, que denunció la represión y exigió terminar con la estafa de las privatizaciones, base estructural de esta situación.
Las empresas privatizadas que hoy dejan a miles de familias sin luz reciben todo tipo de beneficios por parte de gestiones y estados. Por ejemplo, en enero, el Gobierno nacional les condonó $ 140.000 millones a Edenor, Edesur y a otras distribuidoras menores, de una deuda que tenían con la distribuidora Camesa.
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