Este jueves la Corte Suprema denegó convocar a Martín Doñate, senador del Frente de Todos, para tomarle juramento como consejero de la Magistratura.
La decisión se hizo conocer a través de la acordada 2/2023 publicada hoy y firmada por los jueces de la Corte, Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda, Carlos Rosenkrantz, y Lorenzetti. En la misma se convoca a los senadores María Inés Pilatti Vergara y Mariano Recalde por la mayoría, y Eduardo Alejandro Vischi por la primera minoría, a prestar juramento de acuerdo con el Decreto Parlamentario donde se definió quiénes serán los miembros de la Cámara Alta en integrar el Consejo de la Magistratura. Sin embargo, excluyó a Doñate, quien en el mismo Decreto era propuesto por la segunda minoría.
El conflicto se remonta al 2022. La Corte Suprema se arrogó la potestad de declarar inconstitucional la ley que reformaba la composición del Consejo de la Magistratura votada por el Congreso Nacional en el 2006. El mandato de que el Congreso aprobara una nueva ley en el plazo de unos pocos meses fracasó, como era previsible, y desde abril del 2022 el Consejo de la Magistratura volvió a su composición original, con la Presidencia ocupada por la cabeza de la Corte Suprema, quien convenientemente lo había dispuesto así. Además, esta conformación implicaba aumentar los asientos que le corresponden a diputados y senadores, creando una “ventana” para que el Frente de Todos intente evitar quedar en minoría en el Consejo, dividiendo su bloque en el Senado para proponer a Doñate integrar el cuarto asiento por la segunda minoría. A raíz de esto, el conflicto fue judicializado por Luis Juez del PRO que denunció ese asiente le correspondía, y aunque en noviembre pasado la Corte le dio la razón, la renovación de mandatos dejó pendiente la resolución de nuevo.
La acordada expresa que: “el pasado 8 de noviembre esta Corte resolvió en la causa CAF 23440/2022 “Juez, Luis Alfredo y otro c/ Honorable Cámara de Senadores de la Nación s/ amparo ley 16.986” declarar inoponible la partición del Bloque Frente de Todos a los fines de la conformación del Consejo de la Magistratura, en tanto y en cuanto, mediante dicha maniobra, ese bloque mayoritario pretendió que uno de los bloques escindidos (Unidad Ciudadana) desplazara al bloque que representa a la segunda minoría (Frente Pro), violando de ese modo la pluralidad representativa consagrada en la ley 24.937, texto según ley 24.939. Este Tribunal consideró que la división del bloque referida no obedeció a fines genuinos, sino al objetivo de una fuerza política de ocupar en el Consejo un lugar que no le corresponde”.
Nuevamente, la Corte Suprema se arrogó una facultad que no le compete al pronunciarse sobre la conveniencia, objeto y oportunidad de cómo se organizan los bloques de legisladores nacionales, elegidos por el voto directo de la población, a diferencia de los jueces. La decisión de hoy igualmente no resuelve el expediente judicial que está pendiente de ser tratado en la Corte y en el fuero Contencioso Administrativo, aunque se puede leer como un adelanto de que mantendrá su postura.
La disputa por el Consejo de la Magistratura entre la Corte Suprema y Juntos por el Cambio de un lado, y el Frente de Todos por el otro se explica de una forma sencilla: es el órgano que institucionaliza la rosca política de favores y negociaciones por las cuales los partidos gobernantes designan o remueven jueces.
El Poder Judicial viene de una ofensiva utilizando métodos persecutorios no solo contra exfuncionarios kirchneristas, sino contra organizaciones sociales y trabajadores, mientras otorga impunidad en las causas donde se investiga el espionaje del macrismo. Mientras en el Congreso el Gobierno avanza con el pedido de juicio político a los jueces de la Corte, con el fallo por la Magistratura como uno de los argumentos entre otros (coparticipación). Sin embargo, los cuestionamientos quedan en la disputa por cambiar las personas, sean los jueces de la Corte o los asientos de la Magistratura, y ocupar más espacios políticos, que reproduzcan el mismo mecanismo, pero a su favor. Que la elección de los jueces deje de ser la rosca institucionalizada del Consejo de la Magistratura, y pase a ser mediante el voto popular directo, así como cargos removibles y sueldos iguales a los de un trabajador, solo lo propone el Frente de Izquierda Unidad, como explicó Myriam Bregman.
La disputa judicial como “agenda permanente” finalmente es de conveniencia a ambos lados, para evitar hablar del fracaso del Gobierno actual, la crisis económica y social que resulta de 3 años de gestión, pero también de la responsabilidad de Juntos por el Cambio anteriormente, dos gobiernos bajo los cuales las condiciones de vida de las grandes mayorías populares siguen empeorando. |
