En continuidad con la política de liberar y deportar a 222 presos políticos, este jueves el gobierno nicaragüense retiró la nacionalidad a opositores de todo el arco político, desde ex combatientes sandinistas como Mónica Baltodano, Luis Carrión, activistas feministas como Francisca Ramírez, pasando por escritores como Sergio Ramírez y Gioconda Belli, hasta periodistas como Wilfredo Miranda y Carlos Fernando Chamorro, entre otros, todos que se encuentran ya exiliados.

Según nota de prensa del Tribunal de Apelaciones de Nicaragua, a los 94 opositores se les “declaró traidores a la patria” y se les impuso penas de “inhabilitación absoluta y especial para ejercer cargos públicos, ejercer la función pública en nombre del servicio del Estado de Nicaragua” y “ejercer cargos de elección popular y la pérdida de sus derechos de manera perpetua”. Además: “se ordenó la pérdida de la Nacionalidad Nicaragüense, la inmovilización y decomiso de sus bienes inmuebles y sociedades a favor del Estado de Nicaragua y se les declaró prófugos de la justicia”.

La inusitada acción se hace apenas transcurrida una semana de que el régimen de Ortega-Murillo liberara a 222 presos políticos, pero deportándoles del país hacia Estados Unidos y eliminando todos sus derechos democráticos, así como también de la nacionalidad nicaragüense. Un acto realizado en el marco de un acuerdo entre Washington y Managua. Si Ortega buscaba con el acuerdo con Estados Unidos un respiro político en el marco de una crisis interna, la nueva medida no puede dejar de ser leída como un intento de no mostrar la debilidad política de un régimen cada vez más en descomposición y en una creciente escalada represiva.

La familia de la ex combatiente de la revolución nicaragüense, Mónica Baltodano, toda la cual se encuentra exiliada, publicó en redes sociales un comunicado señalando que “En agosto del 2021 fuimos forzados a exiliarnos luego de un implacable asedio policial en nuestros hogares cuyo objetivo era secuestrarnos. Hoy, enfrentamos un pusilánime decreto dictatorial que pretende quitarnos nuestro derecho a ser nicaragüenses”.

Por su parte el periodista Wilfredo Miranda expresó en un artículo con fecha del 16 de febrero que la mayoría de los 94 que han sufrido este nuevo zarpazo de Ortega “son en su mayoría los que están exiliados en Costa Rica y en menor medida otros países, aparte de otras personas aún en Nicaragua”.

Este nuevo acto represivo, apunta a fortalecer el gobierno Ortega-Murillo y efectivamente como señala la familia Baltodano, es un avance en el sentido dictatorial del régimen. Más aún, este ataque contra todos estos sectores políticos de todo el arco político nicaragüense, apunta al ahogamiento de cualquier disidencia interna y el más mínimo y elemental derecho de organización política democrática, lo que se traduce en una represión abierta sobre los más elementales derechos políticos de todo el pueblo nicaragüense en el marco de su escalada represiva y autoritaria.

Aunque la nueva medida del régimen orteguista ha recibido la condena de Estados Unidos, a través del subsecretario de Estado para el Hemisferio Occidental, Brian Nichols, declarando que "Este acto deplorable representa un paso en sentido opuesto a la democracia que el pueblo de Nicaragua merece", no es la democracia o las libertades democráticas del pueblo nicaragüense lo que busca el imperialismo estadounidense, tal como lo quieren vender los portavoces del Departamento de Estado. Justamente en este momento Estados Unidos reconoció al gobierno golpista y asesino de Dina Boluarte en Perú, lo que demuestra la hipocresía imperialista, y que tiene un largo historial de promover e impulsar golpes de todo tipo, desde clásicos como el de Honduras en el 2009, el de Bolivia en 2019 o golpes parlamentarios como el de Brasil en 2016.

En el reciente acuerdo de Estados Unidos con Nicaragua, tras el cual se liberaron a los 222 presos políticos, una gran mayoría pertenecen a los partidos de la oposición de derecha o vinculados a sus partidos. Sin embargo, como hemos escrito, dentro de Nicaragua continúan presos un número no identificado de trabajadores, campesinos, estudiantes, que no son parte de la derecha política nicaragüense y que continúan presos en Nicaragua luego de la rebelión de 2018 y que fueron parte de la resistencia al gobierno de Ortega, que incluso no son incluidos en las listas de presos políticos.

Hay que condenar esta nueva escalada autoritaria del gobierno de Ortega y exigir la restitución de todos los derechos democráticos, políticos y de nacionalidad de todos de los que han sido víctimas de las nuevas medidas represivas y arbitrarias, al mismo tiempo que luchar por la libertad de todos los presos políticos en Nicaragua. La lucha por la libertad de los presos se ha desarrollado y se sigue desarrollando dentro de la propia Nicaragua por parte del pueblo nicaragüense, así como de las organizaciones de migrantes nicaragüenses que no han cesado en denunciar al régimen orteguista en los distintos países, así como de las campañas internacionales que se han venido llevando a cabo.

Pero, como hemos afirmado recientemente, enfrentar al régimen represivo y autoritario de Ortega-Murillo no puede ser de la mano de los partidos de la oposición de derecha y menos del imperialismo estadounidense, que aplica sanciones que sobre todo golpean al pueblo nicaragüense. Las libertades democráticas y los derechos del pueblo trabajador, campesino, de la juventud nicaragüense vendrán de la mano de su propia movilización independiente de los trabajadores, el pueblo pobre y los campesinos y de sus propios órganos de lucha, con la solidaridad de los pueblos oprimidos del mundo.