Un nuevo escenario estratégico, que había empezado a delinearse tras la victoria electoral de Lula, adquirió nuevos contornos: algunos sectores se fortalecieron y otros se debilitaron dentro del régimen político. En ese contexto, se hizo pública la terrible situación de los Yanomami, pueblos originarios de la región amazónica: cientos de muertos por desnutrición y enfermedades infecciosas, un hecho relacionado con problemas estructurales del país. Buscando presentar un panorama y algunos señalamientos sobre varios de estos temas, escribimos este artículo que actualiza definiciones y caracterizaciones de la situación política nacional.
En cuanto a las relaciones internacionales, Lula se viene postulando como una figura de peso, en poco tiempo ya emitió señales y posicionamientos en cuestiones de relevancia en la geopolítica internacional. En particular se está proponiendo como mediador en el conflicto de Ucrania. Aun cuando la resolución efectiva abarque factores complejos, lo importante es dar cuenta de las pretensiones, desde el principal foco de conflicto en el mundo.
Completando el primer mes del nuevo gobierno, es posible identificar configuraciones importantes para el análisis del escenario estratégico en el país. Los primeros contornos son de un gobierno elegido a través de Frente Amplio que incluyó el apoyo de diversos sectores burgueses, de la derecha e incluso del capital financiero, lo que en la composición del gobierno se amplió aún más, y que cuenta con la integración directa de organizaciones de masas al propio gobierno, como es el caso de las burocracias sindicales. Nadie menos que Luiz Marinho, figura fuerte de la CUT (Central Única dos Trabalhadores), está en el ministerio de Trabajo, y las centrales sindicales fueron recibidas por Lula, en un gran evento organizado en Brasilia. Son elementos de frente popular [1], que buscan someter a la clase trabajadora a los grandes intereses capitalistas, nacionales y extranjeros.
Por medio de esa configuración, se busca dar respuesta a la crisis orgánica, es decir, a la crisis de hegemonía que atraviesa todas las instituciones del régimen, proyecto que encuentra incontables dificultades de concretarse, tanto desde el punto de vista económico como por la persistencia de una base social que apoya a la extrema derecha. Como característica muy importante, todo esto ocurre en medio de un régimen con bonapartismos en disputa.
Situación económica
Por ahora, las previsiones de las tendencias económicas hechas el año pasado no presentaron cambios cualitativos. En los informes económicos aparecen algunas oscilaciones, como la subida de tres décimas en las previsiones de inflación (de 5,48 % a 5,74 %) según el último boletín Focus. El Banco Mundial hizo una proyección de crecimiento del PBI brasileño de 0,8 % en 2023. Sin embargo, hay muchas variables que pueden modificar esas proyecciones. La esperada suba de la demanda china, producto del cambio en la política de Covid Cero, puede generar un aumento de la exportación de productos importantes para Brasil, como el mineral de hierro y la soja. Por otro lado, la permanente guerra en Ucrania y sus impactos económicos es factor de fuerte inestabilidad y puede producir cambios abruptos.. Al mismo tiempo, no se descartan nuevas subas en las tasas de intereses de Estados Unidos, lo que puede generar cambios en los flujos de capitales internacionales que pueden impactar económicamente al país.
La cuestión económica atraviesa disputas y tensiones políticas que se relacionan con temas nacionales e internacionales. El gobierno de Lula-Alckmin viene apostando a una retórica en la política internacional que destaca la protección del bioma y los pueblos indígenas brasileños. Y tiene motivos para imprimirle esa importancia política. El año pasado, el Parlamento Europeo aprobó una resolución que prohíbe la importación en toda la Unión Europea de productos vinculados a los desmontes ocurridos a partir de diciembre de 2019. La resolución alcanza a los productos independientemente de si esos desmontes son considerados legales o ilegales en sus países de origen. Eso puede impactar a sectores económicos de mucha importancia, en especial al agronegocio, como carne, soja y café.
Además, acuerdos de preservación y recursos a través de crédito de carbono también pueden ser una fuente de recursos que el gobierno Lula buscará manejar. Alemania ya prometió destinar 1.100 millones de reales (cerca de 213 millones de dólares) solo en los primeros cien días de gobierno. Dinamarca, Francia y otros países también prometieron fondos con los mismos objetivos, como el fondo para la Amazonia.
La importancia de la agenda ambiental se cruza también con la ubicación que busca construir Lula con los imperialismos europeos. Al mismo tiempo, pretende mantener relaciones amistosas con Estados Unidos y China, busca en Europa aliados que puedan generar acuerdos financieros que traigan mayores flujos internacionales de capitales, en una especie de “multilateralismo” económico. Además, Lula busca actuar regionalmente en Latinoamérica para fortalecer una actuación común del Mercosur, y de esa manera regatear mejores acuerdos internacionales. Lula busca aprovechar el prestigio que tiene como gobierno con mejores relaciones en el exterior para alinear los acuerdos de los países latinoamericanos a los brasileños, como es el caso del Acuerdo Mercosur-Unión Europea, que sería la mayor zona de libre comercio del mundo.
De la misma manera, busca que los países latinoamericanos traten con China de manera unitaria, especialmente para evitar competencia con el agronegocio brasileño, principal exportador regional de commodities a China. Por ejemplo, al gobierno le preocupan las negociaciones de libre comercio bilaterales entre China y Uruguay, y Lula impulsó un encuentro con el presidente uruguayo Lacalle Pou para evitar ese escenario. Es importante remarcar que ese abordaje vía Mercosur es una señal de Lula para ganar los favores del agro brasileño, todavía muy ligado al bolsonarismo.
Aunque Lula remarque, en la política económica, que pretende desarrollar nuevas medidas de “responsabilidad social”, su ministro de hacienda, Fernando Haddad, viene señalando medidas de recortes y control de gastos, o sea, de austeridad. Fue su primera propuesta como ministro, anunciando un paquete de recortes que según su equipo económico, si todas las medidas resultasen exitosas, sería posible transformar un déficit equivalente a 2,2% del PBI en un superávit de 11.000 millones de reales (más de 2.100 millones de dólares). El poderoso periódico británico Financial Times, publicación del mercado financiero, elogió al ministro, saludando entusiastamente ese plan. No es fortuito que Haddad haya priorizado dos agendas para el primer semestre. La primera, la reforma fiscal, y la segunda la llamada “nueva ancla fiscal”, que no es otra cosa que una nueva forma de control de gastos para que nadie tenga dudas de que Brasil va a cumplir rigurosamente los compromisos y pagos de la deuda pública, que drena grandes volúmenes del presupuesto nacional.
Lula también defiende un plan de inversiones, pero por ahora sin presentar un plan concreto. Se especula en los medios sobre el “PAC de Lula”, en referencia al programa de aceleración del crecimiento, que incluiría terminar obras ya empezadas, inversiones en rutas y ampliación de programa de vivienda, en especial para los sectores de menor renta. Es en ese contexto que se dan los embates entre Lula y el presidente del Banco Central, Campos Netto. Lula quiere la reducción de los intereses y una meta de la inflación mayor para tener un gasto relativo mayor, y por esa vía dar una mayor dinámica a la economía. La magnitud y alcance con la que se efectivizarán proyectos como estos dependerá de muchos factores, como los acuerdos con el Poder Legislativo y con sectores de la burguesía internacional y nacional.
El papel internacional de Lula
Mientras transcurría todo esto se realizaba en Buenos Aires la cumbre de la Comunidad de Estados de América Latina y el Caribe (Celac). Allí, Lula se postuló como un fuerte liderazgo que tendrá importancia en las contiendas y disputas internacionales. Podemos decir que Lula ya se transformó, por la experiencia y habilidad política, en el principal líder de Latinoamérica. A tal punto que ya consiguió una reunión particular con Joe Biden, probablemente se encontrará con Xi Jinping en marzo y provocó en la Unión Europea una reorganización rápida de planes para sellar un acuerdo Mercosur-Unión Europea, paralizado en 2019, que sería negociado personalmente por nadie menos que el canciller alemán Olaf Scholz. Esto reconfigura el tablero regional, una vez que da lugar al papel clave de Brasil como negociador privilegiado luego de cuatro años de retracción de Brasil en el tablero internacional con Bolsonaro.
Esto es importante para entender que los modos de sumisión a la política estadounidense y occidental se dan de distintas formas entre los gobiernos. El discurso de Lula juega con elementos de “autonomía general” y una postura de relativa neutralidad ante los conflictos geopolíticos, de ahí su propuesta de buscar ser un mediador para la resolución de la guerra en Ucrania. Además, tiene una participación en la configuración de las Américas que es distinta a la de Bolsonaro. Mientras Bolsonaro participaba de las sanciones a Cuba y fue un provocador directo en el intento de golpe de Trump contra Venezuela en 2019, el discurso de Lula en la Celac habló de reactivar la embajada de Brasil en Caracas y terminar el bloque a Cuba. En Uruguay influyó para que el gobierno de Lacalle Pou no acelere acuerdos unilaterales con China, que juegan a favor de los intereses de Washington y Bruselas.
En Argentina, la presencia de Lula fue disputada por las fracciones dentro del peronismo, dejando más nítido su apoyo a la presidencia de Alberto Fernández y reduciendo la importancia de Cristina Kirchner. Fue una crisis de la que dio cuenta toda la prensa argentina que Lula y Cristina no se encontraran, un símbolo de las dificultades del kirchnerismo. Está la propuesta de financiamiento por parte del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES) de construir un gasoducto con Argentina con gas extraído de reservas ampliamente cuestionadas por indígenas y ambientalistas en la región neuquina de Vaca Muerta. También la propuesta de una moneda en común para transacciones internacionales del Mercosur, aun que Brasil “puso en el freezer” el afán del gobierno argentino dejando claro que no es su prioridad. Lula llegó a legitimar al gobierno golpista de Dina Boluarte, le proveyó armas y municiones para la represión, y mostró que su capital político a nivel internacional no solo sigue fuerte, sino que ganó relevancia luego de los hechos del 8 de enero.
El papel de liderazgo regional que Lula rápidamente asumió tiene efectos sobre nuestra discusión política, ya que Brasil pasa a ser responsable en una nueva escala de los movimientos en América Latina. Sectores de la esfera petista, como Breno Altman, saludaron como “autonomía del imperialismo” el hecho de que Lula se haya negado a enviar municiones para tanques alemanes que serían enviados a la guerra en Ucrania. Sin embargo, y mientras Lula denunciaba las pretensiones golpistas de esa base reaccionaria de la extrema derecha, daba sostén y apoyo al gobierno golpista de Dina Boluarte de Perú, respaldado por el propio imperialismo estadounidense. Después del encuentro, está cerrando un acuerdo de ventas de blindados a Argentina, que serán usados para la represión a los trabajadores y al pueblo pobre. En la propia Celac, el canciller de Lula, Mauro Vieira, se encontró con la canciller peruana, Ana Ceciia Gervasi, para estrechar relaciones entre los dos países. Además, invitó a Boluarte para un encuentro con Lula en la capital norteña de Belém. Esto en medio de una salvaje represión estatal que cuenta con el auxilio de cartuchos vendidos por Brasil, después de que el gobierno Lula autorizó el envío del pedido del Estado peruano de reabastecimiento de gas lacrimógeno y municiones el 10 de enero. Una actuación reaccionaria del gobierno de Lula-Alckmin que buscó legitimar al gobierno golpista desde su asunción. Aun después del asesinato de casi 60 manifestantes, sigue mostrando su compromiso con sectores de las clases dominantes y del propio imperialismo de Estados Unidos para el mantenimiento del gobierno golpista en Perú. No es casual que la nueva embajadora de Estados Unidos haya dicho que “Biden ve a Lula como un líder global”.
Recordemos que para la teoría neorreformista, el antiimperialismo queda en segundo plano ante la hipótesis de conseguir demandas mínimas para el país. En el caso de Brasil, la esperanza de que Lula revierta algunas de las atrocidades de Bolsonaro en el plano de los derechos democráticos. El PSOL, principal partido de izquierda del país, en la práctica es parte del gobierno de Lula, incluso tiene un ministerio, y se calla completamente ante de lo que pasa en Perú. Incluso corrientes internas como el MES, que levanta el apoyo “a la lucha democrática en Perú”, tiene todo el cuidado para no entorpecer las relaciones del partido con el gobierno de Lula. El resultado de un pensamiento político de esta naturaleza es separar la lucha de clases en el país de la lucha de clases internacional, en especial de los pueblos oprimidos por el imperialismo. No es posible concebir cualquier forma de “antiimperialismo” apoyando a la derecha asesina latinoamericana respaldada por Washington.
El 8 de enero
Para analizar la situación política concreta de Brasil es insoslayable un análisis detenido del 8 de enero, que cambió la situación política del país. Como estamos frente al primer mes del nuevo gobierno, muchas cuestiones todavía se están desarrollando, y por lo tanto requieren ser analizadas posteriormente. Entre varias de ellas, la relación de Lula con el parlamento. Incluso en este caso, los eventos del 8 también sirvieron para una reaproximación mayor entre Lula y Arthur Lira, que acaba de renovar su mandato como presidente de la Cámara de Diputados luego de dos años con Bolsonaro, aunque sometido al regateo de cargos y del control del presupuesto.
Según órganos de gobierno, 8.000 personas, con un contingente oriundo de diversas ciudades de las más diferentes regiones del país, promovieron invasiones y depredaciones en el interior de los edificios de los tres poderes.
La facilidad que tuvieron para entrar en el Congreso Nacional, en el Palacio del Planalto (Ejecutivo) y en el plenario del Supremo Tribunal Federal, levantó de inmediato el debate sobre la participación de las fuerzas de seguridad y militares. Movilizaciones mucho mayores, protagonizadas por trabajadores y movimientos sociales jamás estuvieron cercanas a algo parecido sin que ocurriese una violenta reacción del Estado.
Dos semanas después de las acciones, el comandante del ejército fue sustituido, alimentando la tesis de que lo ocurrido sería un intento frustrado de golpe militar. El propio Lula, en la primera entrevista exclusiva después del 8 de enero, afirmó que tuvo “la impresión de que era el comienzo de un golpe de Estado”. Frente a las enormes variedades de análisis, muchos de ellos tienen objetivos políticos claros, buscaremos presentar una interpretación de los acontecimientos y sus impactos en la correlación de fuerzas.
Las reacciones internacionales
La reacción internacional a estos acontecimientos fue inmediata y enérgica. Condenaron las acciones no solo los países considerados más alineados con el gobierno de Lula, sino prácticamente toda América Latina, poderosos imperialistas como Biden y Macron e incluso variantes de la extrema derecha como Giorgia Meloni de Italia y Benjamin Netanyahu de Israel.
Las relaciones orgánicas entre las Fuerzas Armadas brasileñas y el imperialismo estadounidense es un elemento estructural para la comprensión de la naturaleza de lo que ocurrió ese día. Estados Unidos no solo condenó esas acciones, sino que emitió un sinnúmero de señales de advertencia antes de los acontecimientos, incluso antes del proceso electoral. Una diferencia abierta con el ala bolsonarista de las Fuerzas Armadas, en función no de un aprecio por valores democráticos sino para evitar que un declarado aliado de Trump pudiese fortalecerse en el país más importante del Cono Sur. No se puede pensar que el alto mando militar emprendería una aventura como la que hubo con el veto de Washington. Más aún, en hechos de esa naturaleza, y aún más, para la interpretación de la política del alto mando militar, es importante considerar algunos hechos para buscar deducir cuáles eran las posiciones en disputa. Vamos a ellos.
El papel de los altos mandos militares
El general Hamilton Mourão, el último día de su vicepresidencia aprovechó el viaje anticipado de Bolsonaro a Estados Unidos para dejar expresa en una declaración pública una clara diferencia con la política del ahora expresidente que enfureció la familia Bolsonaro:
“Liderazgos que deberían tranquilizar y unir la nación alrededor de un proyecto de país permitieron con el silencio o el protagonismo inoportuno y deletéreo que se genere un clima de caos y de desagregación social y de forma irresponsable dejaron que las Fuerzas Armadas de todos los brasileños pagaran la cuenta, para algunos por inacción y para otros por fomentar un pretendido golpe”.
Sintéticamente, Mourão culpa a Bolsonaro por fomentar un “clima de caos y desagregación social”, dejando la bomba en las manos de las Fuerzas Armadas. Es muy difícil concebir que una declaración con esa importancia, emitida por un general y transmitida en cadena nacional, todavía con la credencial de “presidente en ejercicio”, no haya sido articulada o, como mínimo, aprobada por los altos mandos. Una señal evidente de mayor diferenciación entre los altos mandos y Bolsonaro.
La contienda entre ellos sigue emitiendo señales públicas. Carlos Bolsonaro, el hijo más cercano al padre es que controla sus redes sociales, publicó en su perfil personal el siguiente mensaje: “Tengo vergüenza de en qué se transformó la esencia del alto escalón de las Fuerzas Armadas de Brasil desde el primero de enero de 2023 en adelante”.
Como otro polo en este conflicto, es probable que Lula siga encontrando dificultades y tensiones entre los militares, las declaraciones de Etchegoyen y los twits de Mourão, pueden señalar que los militares van a buscar construir una “oposición institucional” al gobierno de Lula, al menos mientras no haya un cambio en la situación, es decir, sin apelar recurrentemente a amenazas o bravuconadas golpistas, pero disputando su programa económico, político y cultural a partir de voces de la reserva, como por ejemplo parece ser el papel que Mourão se dispone a cumplir. Este sector, en cuanto el gobierno encuentre algún desgaste o entre en alguna crisis mayor, puede volver a actuar más ofensivamente, sea con su papel de tutela o para fortalecer otras variantes más cercanas a su programa.
Por estos elementos, no es posible interpretar como una acción que fue ejecutada por el Alto Mando, al estilo de un intento de “golpe militar” clásico. Si fuese así estaríamos ante otra correlación de fuerzas completamente distinta. Del mismo modo, sería equivocado no considerar que el Alto Mando tenía informes de inteligencia sobre qué podría ocurrir el 8 de enero. De este modo, es posible que en el cálculo inicial de los generales, fuese esperada una acción con menos daños y repercusión. Esto es, un evento con disturbios y enfrentamientos con las fuerzas de seguridad, pero que se mantuviese bajo un relativo control. Si ese fuese el escenario, el alto mando podría mantener una postura dudosa, presentándose como una institución necesaria para la tutela de la situación de polarización política. Sin embargo, como se vio, las escenas de la invasión y actuación de esa base de extrema derecha al interior de los edificios de los tres poderes tuvieron un impacto muy importante, porque ocurrió por fuera de una correlación de fuerzas concreta, y eso trajo consecuencias para el conjunto de las Fuerzas Armadas.
Esta constatación no significa evidentemente considerar que sea un mando más “legalista” o más distante de las ideas de la extrema derecha. Menos aún significa desresponsabilizar políticamente a las Fuerzas Armadas de los hechos. Ellas fueron fundamentales para el ascenso y mantenimiento de Bolsonaro en el poder, por atacar derechos elementales, y por seguir fortaleciendo una base social reaccionaria. Por eso, la cuestión no es que la cúpula de las Fuerzas Armadas esté entre los principales responsables por el fortalecimiento y mantenimiento del bolsonarismo en Brasil, sino buscar las raíces y la naturaleza de los eventos que se desarrollaron ese día.
Los movimientos bolsonaristas
En eventos como estos, es posible que nunca salga a la luz quienes estuvieron implicados y cómo se articuló, ya que los acuerdos y negociaciones se realizan entre bambalinas, y parte de estos pueden ser la propia preservación de algunos de los responsables. Sin embargo, es posible sacar algunas conclusiones frente a los hechos consumados. Una primera observación es que para que los hechos ocurrieran de la manera en que se produjeron, es evidente e innegable que debió haber apoyo y articulación de sectores vinculados a los militares y a la seguridad pública. De lo contrario, el contingente de unos pocos miles habría sido fácilmente desarticulado, como ha ocurrido a menudo en manifestaciones en Brasilia.
La estrecha relación política de sectores de rangos bajos y medios de las Fuerzas Armadas con el bolsonarismo es un factor fundamental para el análisis de los cálculos del Alto Mando Militar. Por otra parte éste fenómeno no se restringe sólo a las Fuerzas Armadas, sino que también ocurre en la Policía. Es sintomático que, en una encuesta realizada por el Foro Brasileño de Seguridad Pública, el 40% de los policías entrevistados consideren legítimas las reivindicaciones de lo ocurrido el 8 de enero, incluso después de todas las repercusiones negativas. Este es un elemento central a tener en cuenta por el Alto Mando. Hubo expresiones de insubordinación, y esto es una gran preocupación, que implica problemas de Estado. Aunque la situación no haya evolucionado fuera de control, desde el punto de vista del medio y largo plazo, se trata de tensiones que los mandos políticos y militares no quieren contener.
Nuevas imágenes divulgadas recientemente muestran a la Tropa de Choque del Distrito Federal derribando la barrera que habían colocado previamente para bloquear el paso de manifestantes al Congreso y al STF, lo que confirma lo que era evidente. A partir de estas escenas queda muy claro que si las tropas no hubieran dejado pasar a la gente, la situación habría sido muy diferente. Por un lado, esto expresa una característica que no es nueva: que las bases policiales simpatizan con la extrema derecha, siendo este un elemento que genera un importante nivel de identidad, y por lo tanto de colaboración. Pero, al mismo tiempo, para que se “libere” la carretera a los manifestantes, como puede verse en las imágenes, era sin duda necesaria alguna acción no solo de las bases, sino del propio mando. Esto apunta a un nivel de articulación y compromiso por parte de Anderson Torres, ex Ministro de Justicia de Bolsonaro y ex Secretario de Seguridad del Distrito Federal, y del propio comando de la Policía Militar.
Su secretario ejecutivo, que lo sustituyó mientras él estaba de “vacaciones” en Orlando (EE. UU.), afirmó que fue Torres quien definió el tamaño del contingente y la actuación de las fuerzas policiales el día 8. También declaró que Torres no lo “presentó a los comandantes de las fuerzas policiales” antes de viajar a Estados Unidos, a la misma ciudad en la que se encontraba el propio Bolsonaro. Pero esto no es todo, después de que se emitiera su orden de arresto, se encontró en la casa de Torres un documento con un borrador de un decreto que se aplicaría contra el Tribunal Superior Electoral después de que se divulgaran los resultados de las elecciones en las que resultó ganador Lula.
Estos elementos también pueden indicar que el propio Bolsonaro estaba implicado. Después del día 8, Bolsonaro tuvo que hacer una declaración donde condenaba los actos de “vandalismo”, pero los comparaba con los actos de la izquierda. Esta declaración ya es producto de la nueva correlación de fuerzas que se produjo después de la acción del 8. Además, frente a una asociación entre los diferentes actores que ya era evidente, la declaración también tenía el objetivo de autopreservarse ante una mayor ofensiva del régimen político.
Para que la acción del día 8 fuera posible, también fue necesario apoyo financiero y logístico. No sólo para la salida de un centenar de autobuses hacia la capital federal, sino también todos los recursos utilizados para el mantenimiento de los campamentos. Al parecer, diversos sectores económicos vinculados a Bolsonaro tuvieron un papel activo en la financiación de estas acciones. Sectores ligados a la minería, al extractivismo, un ala del agronegocio, pequeños y medianos empresarios, entre otros.
Recientemente salió a la luz la denuncia del senador Marcos do Val sobre una posible trama golpista entre Bolsonaro y Daniel Silveira. El senador ya ha cambiado tres veces sus versiones, unas veces comprometiendo más a Bolsonaro, otras quitándole responsabilidad. Incluso llegó a implicar al Gabinete de Seguridad Institucional y a agencias estatales de espionaje. No está claro hasta dónde puede llegar esta nueva crisis, que incluye la posibilidad de procesos más ofensivos contra Bolsonaro, que pueden implicar el retiro de sus derechos políticos e incluso la cárcel, como especulan sectores de los medios de comunicación. Sobre esta última posibilidad, no es un movimiento simple ni inmune a riesgos. Todo pasará por un cálculo político teniendo en cuenta que Bolsonaro obtuvo en las últimas elecciones el 49% de los votos y aún mantiene una importante reserva de simpatizantes en Brasil. El pedido de extradición de Bolsonaro, hecho por senadores norteamericanos a Biden con el argumento de colaborar en investigaciones contra el ex presidente, aumenta esta crisis. También se especula que el movimiento de Marcos do Val es una jugada deliberada de Bolsonaro para imponer una Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI) y poner bajo sospecha a Alexandre de Moraes.
Estos hechos permiten pensar que esa base social puede volver a encabezar otras acciones en momentos de cambios coyunturales en el país. Incluso si tales acciones son contenidas en la coyuntura, Bolsonaro actuará como la figura que representa a esta capa radicalizada y opositora, y puede estar detrás de articulaciones políticas para mantenerla con algún nivel de cohesión.
Las dos almas del bolsonarismo y el programa militar
Así, el 8 de enero fue una expresión de las dos almas del bolsonarismo. Por un lado, se expresó su base social, conectada con estratos militares medios y bajos (más allá de la reserva y las conexiones con el alto mando), facciones burguesas como el agronegocio, así como también partes de una pequeña burguesía reaccionaria. Un sector que presiona permanentemente para radicalizarse, y que puede seguir llevando a cabo acciones de este tipo, aunque es mucho más débil que en épocas anteriores. Por otro lado, se mostró el compromiso con fuerzas internas al régimen, que actuaron como facilitadoras de la acción (como parece ser la actuación de Torres y del propio Bolsonaro), o buscando no indisponerse con esta base social (como es el caso de las Fuerzas Armadas). En este último caso, fue un alto precio pagado por las Fuerzas Armadas, que se debilitaron en la coyuntura, ya que estaban muy comprometidas con esta base que llevó a cabo las acciones del 8 de enero. Es decir, para mantener su peso como "potencia moderadora" frente a un país polarizado después de las elecciones, buscó preservar una política que puso en duda el proceso electoral, y encontró en el polo más radicalizado de su base el vector que actuó fuera de la correlación de fuerzas y terminó fortaleciendo a sus adversarios y competidores.
Esto significa que el proyecto de los militares y el bolsonarismo no son cosas idénticas e inseparables. Para entender un poco los objetivos políticos de los militares, es importante echar un vistazo al programa de país presentado por los Institutos Villas Bôas, Sagres y Federalista llamado “Projeto de Nação, O Brasil em 2035”. En resumen, es el proyecto de nación de los militares hasta 2035, con un programa ultraliberal en la economía, y lleno de regionalismo cultural y de costumbres. Bolsonaro fue apoyado por los militares, porque era el más cercano a la efectividad de este programa. Antes de su ascenso, y sin la radicalización política impulsada por las élites nacionales, el modus operandi y los interlocutores políticos eran diferentes. Del mismo modo, la identificación entre los militares y Bolsonaro no es permanente ni sin contradicciones, menos aún inmune a las transformaciones. Los puntos de contacto entre el Alto Mando y Bolsonaro muestran señales de tensiones y conflictos, y no se excluye que en la evolución de los acontecimientos se produzca una mayor separación, pero tampoco se pueden descartar reaproximaciones y nuevos arreglos en función de la dinámica política nacional.
El significado del cambio de mando del Ejército
En este contexto, ¿por qué Lula cambió el mando del ejército y cuál es su significado? Dada la complejidad de los acontecimientos, es ineludible una valoración de los hechos, no por su importancia en sí mismos, sino para elaborar hipótesis sobre la relación de Lula con el Alto Mando.
Además del día 8, dos hechos parecen haber sido los desencadenantes de este intercambio. El primero, el impedimento de la detención de los sectores que acampaban frente al cuartel militar en Brasilia, poco después de las acciones de ese día y el segundo, la resistencia a cancelar el nombramiento de una mano derecha y ayudante de campo de Bolsonaro del Comando de un Batallón en Goiânia, el llamado Coronel Cid. La hipótesis más probable es que la segunda fue la gota que colmó el vaso para el cambio en el mando del Ejército.
En relación al primero, fue filmado y tuvo eco en los medios de comunicación los blindados del ejército impidiendo la entrada del batallón de la Policía Militar (PM), ya comandado por el interventor federal designado por Lula, Ricardo Cappelli. Sin embargo, hay razones para creer que, a pesar del intento de arresto inmediato, se llegó a un acuerdo, no sin cierta dosis de tensión, para que sólo se produjera al día siguiente, y evitar así la detención de los miembros de la llamada “familia militar”. Incluso la esposa de Villas Bôas estaba en una de ellas, de ahí la necesidad de evitar detenciones que implicasen a tales figuras, lo que podría producir crisis mayores.
Llegamos así al segundo episodio, el del teniente coronel Mauro Cesar Barbosa Cid (Coronel Cid). Además de ser un estrecho colaborador del ex presidente, ahora es el blanco de las investigaciones sobre los movimientos financieros del propio Bolsonaro, por lo tanto, una nominación muy cuestionable para asumir el cargo. Fue este personaje quien, el año pasado, fue designado para comandar el 1º Batallón de Acción Comando (BAC) en Goiânia, una unidad de élite de la Fuerza Terrestre, ubicada a pocas horas de Brasilia. Con relevante importancia militar, revertir el nombramiento de Cid para comandar un batallón de fuerzas especiales fue un asunto importante no sólo para Lula, sino para muchos sectores del régimen político. Ante la resistencia del anterior comandante general, el general Julio Cesar de Arruda, a no nombrar a Cid, la solución encontrada fue nombrar a un nuevo comandante, el general Tomás Ribeiro Paiva. Tras la toma de posesión del nuevo comandante, el propio Cid envió una carta solicitando que se pospusiera su nombramiento, y el ministro de Defensa, José Múcio, declaró que no se le nombraría para otro cargo mientras hubiera investigaciones en curso.
Además de estos factores, el más importante es que era necesario dar una señal política. Si por un lado, como hemos explicado, el Alto Mando no estaba al frente de las acciones del 8, con articuladores y promotores, su dudosa política acabó comprometiéndolos con las acciones. Al contrario de lo que ocurrió en el Capitolio norteamericano, cuando las Fuerzas Armadas actuaron rápidamente para condenar las acciones extremistas, aquí los militares buscaron un lugar de complacencia y espera.
Por lo tanto, mantener al comandante del ejército ya no era políticamente defendible. Del mismo modo, no hubo dimisión de los mandos de la aeronáutica y de la marina, aunque expresaron cierto nivel de acuerdo para esta salida. El contraste es evidente cuando se compara con la crisis militar durante el gobierno de Bolsonaro, cuando la imposición de la salida del ministro de Defensa, Fernando Azevedo, provocó la renuncia colectiva de los tres comandantes. En síntesis, aunque hubo allanamientos y tensiones, no se trató de una ruptura ni de una imposición unilateral de Lula contra el Alto Mando. Estos elementos apuntan a una solución negociada, con Lula y el régimen político que es su aliado, en clara ventaja en sus posiciones.
Una corriente de opinión entre analistas y teóricos busca presentar a Arruda con una orientación bolsonarista y a Tomás Ribeiro como legalista, evocando incluso su pasado como edecán a las órdenes de Cardoso. En la prensa circula la información de que él habría sido el general nominado por Alexandre de Moraes en diciembre, pero que Lula prefirió seguir el criterio de antigüedad y nominar a Arruda.
El hecho es que las declaraciones que Tomás Ribeiro hizo cuando aún era jefe del Comando Militar del Sudeste, defendiendo los resultados de las urnas y la despolitización de las fuerzas, tuvieron un impacto significativo. Sin embargo, las declaraciones de Ribeiro se produjeron después del día 8, cuando la crisis militar ya había comenzado. Probablemente fueron declaraciones preparatorias para su posterior nombramiento como comandante general. Hubo todo un movimiento que conformó esta señal política, dirigida también a la tropa y a los cuadros medios de oficiales: su contenido estaba bien delimitado, y el mensaje claro. Así, el ahora comandante general declaró: “Cuando uno vota, tiene que respetar el resultado de las urnas. No importa. Hay que respetarlo. Eso es lo que hay que hacer. Esa es la convicción que tenemos que tener. Aunque no nos guste”.
Sin embargo, antes de que se vuelva a crear la división entre generales golpistas y supuestamente democráticos, operación instalada por los grandes medios de comunicación, es importante señalar que Tomás Paiva no sólo fue jefe de gabinete de Villas Boas, sino que también participó activamente en la elaboración del famoso twit durante el juicio a Lula en el Supremo Tribunal Federal (STF). La creación de alas “legalistas” y “golpistas” entre los generales tiene como objetivo relegar todos los pecados militares a un sector, pero manteniendo la confianza en los sectores que pueden considerarse fiables. Una expectativa que la gran prensa ha alimentado durante todo el gobierno de Bolsonaro, y que se ha visto frustrada en varios momentos en que los militares han mostrado su compromiso con la agenda de la extrema derecha.
En realidad, está claro que los militares no abandonarán su proyecto de buscar una ubicación estructural de poder moderador, aunque por el momento se haya debilitado coyunturalmente después del día 8. La preservación del Alto Mando y de sectores del generalato, no sólo en relación al 8, sino también a todos los del gobierno Bolsonaro, será un componente para los próximos pasos de los militares en busca de su propio proyecto político.
Mayor legitimidad del Gobierno, fortalecimiento del aparato judicial y debilidad del bonapartismo militar
La declaración de Tomás Ribeiro y la sustitución del mando del ejército expresan, por lo tanto, una correlación de fuerzas en el país marcada por una mayor debilidad relativa de las Fuerzas Armadas. Desde los momentos preparatorios al golpe institucional de 2016 contra Dilma Rousseff hasta el ascenso del gobierno de Bolsonaro, los militares han aumentado su poder político, aunque con oscilaciones coyunturales. El resultado de las acciones golpistas del 8 de enero, sin embargo, impuso un momento de mayor fragilidad. Esto no significa que el bonapartismo militar haya estallado estructuralmente y deje de actuar políticamente. Sin embargo, el aislamiento internacional y el desgaste interno han producido un retroceso, que impone una posición más defensiva. Los resultados, por supuesto, fueron favorables al gobierno de Lula-Alckmin y al sector del régimen que lo apoya.
Alexandre de Moraes y el Supremo Tribunal Federal, que él mismo preside, quedaron como grandes baluartes del Estado democrático de derecho para quienes votaron a Lula y también para aquellos que condenaron las acciones del 8 de enero. Prácticamente todos los sectores de la izquierda, con raras excepciones, se han embarcado en el “salvacionismo” judicial. Al mismo tiempo, el grado de activismo y arbitrariedad del Tribunal ha aumentado exponencialmente. Aprovechando el argumento de “salvaguardar la democracia”, se está reforzando un poder súper autoritario, con una concentración de poderes sin precedentes, y que pronto volverá a atacar a los trabajadores. La izquierda, que vitorea a Alexandre de Moraes, es parte de una operación para borrar la memoria política de amplios sectores. Quieren pasar la página del encarcelamiento arbitrario de Lula, de la autorización de las reformas antiobreras, del apoyo al impeachment, de la operación judicial Lava-Jato y de los ataques a los derechos de los trabajadores, como la revocación del piso salarial para trabajadores de enfermería y la suspensión de los aumentos salariales de los profesores en el estado de Minas Gerais.
Lo que se busca es crear nuevas formas de legitimidad en este régimen podrido, una legitimidad cada vez más apoyada en sectores del estado que no se someten a los votos, como es el caso del poder judicial y su máximo tribunal. Para la dominación burguesa esta es una cuestión decisiva después de muchos años de una fuerte crisis de hegemonía. Para fortalecer sus propias posiciones, Lula actuó percibiendo la oportunidad que le presentaba la realidad. Bajando por la rampa del Planalto, del brazo de todos los gobernadores y miembros de los diferentes poderes, Lula quiso enviar una fuerte señal de unidad, en busca de una mayor estabilidad.
Sin embargo, las consecuencias y la evolución después del día 8 están lejos de apuntar a una superación de la crisis de hegemonía que atraviesa desde hace años. Por el contrario, se mantiene una situación de polarización política nacional, la amplia votación que Bolsonaro obtuvo hace unos meses es una expresión categórica de ello. Que existan importantes segmentos del electorado bolsonarista que no estén de acuerdo con lo ocurrido en Brasilia, no significa que automáticamente haya una mayor simpatía por Lula. Es un sector susceptible a las ideas de derecha y extrema derecha, y pueden ser un caldo de cultivo para el descontento con el gobierno en otros momentos. Los militares seguirán actuando sobre esta base, al igual que Bolsonaro y otras variantes políticas de este espectro.
Una política que busca la “pacificación” y la “reconciliación nacional”
Hay que seguir la situación nacional en dinámica y analizar qué niveles de pactos se pueden desarrollar. Más allá de la polarización social, persisten fuerzas bonapartistas con mucha fuerza en el régimen político, que pueden entrar en nuevos choques o conflictos. Ahora, sumado a los otros dos bonapartismos, el militar y el judicial, Lula y su relación con sectores de masas es un nuevo componente con capacidad sui generis de buscar consolidar otra fuerza bonapartista a partir del presidencialismo de coalición, cuyos arreglos todavía están por darse. Históricamente en Brasil la figura presidencial está constituida de una enorme concentración de poderes, lo que contribuye estructuralmente a constituir contornos bonapartistas alrededor del presidente, más aún en una democracia cada vez más degradada.
Sin embargo, fue significativa la declaración de Arthur Lira luego de su reelección como presidente de la Cámara de Diputados, donde afirmó que el verdadero “poder moderador” en Brasil es el legislativo. Si el legislativo va a actuar de manera más combinada con Lula o con mayores distanciamientos es algo que la realidad va a mostrar. Por ahora parece haber un acuerdo de una actuación en común, pero con señales de tensión. Tanto Lira como Pacheco, presidente del Senado, emitieron señales de que pretenden actuar como garantes de toda la agenda neoliberal, lo que puede generar roces con las propuestas de adecuaciones y ajustes que Lula pueda querer implementar en esa agenda. De la misma manera, el propio alineamiento de Lula con el bonapartismo judicial puede sufrir modificaciones. Basta recordar que fue ese mismo sector, aunque en una situación política muy distinta, decidió dar vuelta sus armas contra Lula y el PT.
Es un elemento importante para el cálculo de la correlación de fuerzas, que los dos candidatos apoyados por Lula hayan ganado las elecciones a la presidencia de la Cámara de Diputados y el Senado. Aun así, Rogério Marinho, el candidato apoyado por Bolsonaro, recibió más de un tercio de los votos en el Senado, lo que muestra reservas de esos sectores oposicionistas de derecha y que pueden querer levantar nuevas embestidas en el futuro. Lira, que fue una pieza clave para el gobierno de Bolsonaro, ahora parece buscar nuevos pactos y acuerdos con Lula, Aun así, no es una alianza estable y puede ser susceptible de futuras crisis. Es un hecho que los acuerdos que involucran a Lula, Lira, Pacheco, llegando al STF de Alexandre Moraes, expresaron la degradación del régimen político del 88, en el que Lula pretende encabezar una búsqueda por su legitimidad.
Junto con esto, el gobierno de Lula viene apostando a atribuir una mayor importancia a los temas relacionados con la cuestión negra e indígena en Brasil. En relación a lo primero, fueron nombrados para cargos importantes figuras y referencias del movimiento negro. Las pautas sobre representatividad y afirmación de la identidad negra son un activo que el gobierno buscará presentar, en contraste con el choque a la derecha en las relaciones raciales que buscó promover el bolsonarismo, con la tesis de que no existe racismo en Brasil. Sin embargo, aunque se busquen políticas en este sentido, la cuestión negra es un problema estructural, y la violencia policial, los problemas de vivienda, la precarización del trabajo, entre varios otros temas, seguirán existiendo, incluso con contornos más dramáticos luego de tantos años de ataques. Del mismo modo, la cuestión indígena que, por más destaque que Lula busque darle a su ministerio Indígena, es un problema estructural en Brasil, que no va a permitir una coexistencia pacífica entre el agronegocio y los pueblos indígenas, como sugiere que es posible Lula.
Los editoriales de los grandes medios de comunicación piden pacificación y reconciliación nacional con los militares. En la primera reunión con los generales, Lula presentó su plan de invertir casi 9.000 millones en defensa. La apuesta es regar con recursos públicos la germinación de una pacificación mayor con las Fuerzas Armadas. En esa reunión estuvo acompañado por Josué Gomes, presidente de la Fiesp, principal cámara patronal de Brasil, y por el presidente de la empresa nacional aeroportuaria, la Embraer, para mostrar su compromiso en el desarrollo de una producción industrial militar. Es la política de la vieja conciliación lulista, para buscar algún nivel de pactos con los reaccionarios generales de las Fuerzas Armadas brasileñas, responsables por que el país haya llegado a esta situación.
De la misma forma, el Poder Judicial aumenta sus poderes y actúa para castigar a quienes entraron a la sede de los tres poderes de manera ejemplar. De esa manera quieren mostrar que se están tomando medidas mientras preservan a los sectores de mayor rango. Al mismo tiempo, mantienen preso al jefe de seguridad de Brasilia, Anderson Torres, alejado a Ibaneis Rochal, gobernador del Distrito Federal, y ahora con las denuncias de Marcos Do Val, no está descartado que puedan iniciar algún nivel de ofensiva contra la familia Bolsonaro. Sin embargo, no es simple una ofensiva contra una figura que tuvo una votación tan expresiva y que guarda un capital político de apoyo social. En este contexto se multiplican los escándalos de mal uso del dinero público y desvío de recursos destinados a la asistencia de indígenas en Roraima.
Desde el punto de vista económico, la situación no es disruptiva y Lula apuesta a buscar buenos acuerdos internacionales para promover tasas de crecimiento que sorprendan un poco. Al mismo tiempo mostró su capacidad para contener procesos de lucha de clases, evitando el primer paro nacional que hubiese tenido su gobierno por la movilización de repartidores, contando para ello con el apoyo de las burocracias sindicales. Aun así es relevante la amenaza de un paro de repartidores a pocos días de la elección, lo que muestra que sigue habiendo una gran insatisfacción social con las condiciones de vida y falta de derechos por parte de un importante sector de la clase trabajadora. Esa insatisfacción con la degradación de las condiciones de vida y la corrosión de los salarios, que pesa sobre todo en los sectores más precarios, también se expresa en huelgas económicas como la de tercerizados de la refinería de Petrobras en la ciudad de Canoas, Rio Grande do Sul, y también de los obreros de MRV en Campinas.
A favor de más pactos contribuye prácticamente toda la izquierda y las burocracias sindicales. En particular, el PSOL y la CUT (PT), que, mientras se deshacen en elogios a la actuación del poder judicial y de Alexandre de Moraes, no dedican ni una sola palabra a llamar a la organización de los trabajadores para luchar por la derogación de las reformas y de todos los ataques que han sufrido en los últimos años. El PSOL no se iba a quedar atrás, ya que ahora se ha integrado efectivamente en el gobierno. Por el momento, estos sectores no pretenden construir una movilización activa ante la situación de los pueblos yanomami, marcada por la violencia y la miseria, ni tampoco luchar por soluciones estructurales que impidan la ofensiva de terratenientes y mineras contra las tierras indígenas.
La situación de los yanomami también tiene una relación directa con los militares. Las relaciones de los militares con la Amazonia y su política de “integración” de los indígenas, que no es más que atacar sus condiciones de vida y explotar económicamente sus tierras, son históricas. Son incontables las acusaciones de policías y militares directamente implicados con mineras. Heleno actuó directamente para facilitar este tipo de actividades, y Mourão recibió personalmente a un importante personaje de la minería cuando aún era vicepresidente.
Junto a todos los que odian la herencia del gobierno de Bolsonaro hay que luchar para que la clase trabajadora autoorganizada tenga una posición independiente para unir la lucha por la no amnistía a los altos mandos civiles y militares, sin confianza en el Estado y las instituciones del régimen, con una respuesta inmediata a la crisis yanomami. Además, hay que rechazar enérgicamente el papel del gobierno de Lula en todo el apoyo político y el permiso para enviar armas y municiones al gobierno golpista en Perú. Junto con esto, es fundamental levantar un programa que responda a los grandes problemas sociales estructurales, en especial la derogación completa de todas las reformas y privatizaciones, comenzando por la reforma laboral que destruye y precariza la vida de millones de trabajadores, poniendo en pie una enorme campaña contra la precarización del trabajo. |
