A fines de 2021 la jueza Ana de Salterain condenó por un delito de atentado a Irma Leites, Alvaro Jaume, Jorge Zabalza, Anibal Varela, Diego Jaume y Eduardo Jaume; los 3 primeros en calidad de autores y los últimos tres como cómplices.
Los hechos por los cuales fueron juzgados se relacionaban con las protestas que cientos de personas realizaron en febrero de 2013 ante la decisión de la Suprema Corte de trasladar a la jueza Mariana Mota a un juzgado civil, cuando ella tenía a su cargo más de 50 expedientes relacionados con violaciones a los derechos humanos durante la dictadura.
Ahora; a 10 años de esos hechos, la causa judicial da un nuevo paso cuando el juzgado de apelaciones ratificó la condena a 24 meses de prisión para Irma Leites y Alvaro Jaume ( Zabalza murió el año pasado) y además cambió la tipificación del “delito” hacia Diego y Eduardo Jaume y Anibal Varela, al imputarles ser autores en lugar de cómplices, modificando lo resuelto en primera instancia por la jueza Salterain.
Se trata claramente de una persecución política y un avance de la criminalización de la protesta que se dirige a todos aquellos que luchan contra la impunidad.
Un poco de historia
Hasta 2013 desde el Juzgado Penal de 7mo turno, la jueza Mota venía avanzando en distintas causas judiciales y en condenar a varios violadores de derechos humanos de la dictadura, por lo cual la Suprema Corte decidió su traslado a un juzgado civil en una clara señal de defensa de la impunidad y de evitar nuevos juzgamientos.
En febrero de ese año cientos de personas se movilizaron para protestar, y algunos de ellos fueron imputados, en un primer momento, del delito de sedición. Cabe recordar que la convocatoria a manifestarse fue realizada también por sectores vinculados al FA y contó con la adhesión del PIT-CNT y la presencia de varios de sus principales dirigentes; sin embargo la Justicia se ensaña y persigue a aquellos luchadores tildados de “radicales” que no responden a esos sectores políticos.
La defensa de los acusados presentó un recurso de inconstitucionalidad ante lo que se entendía como una persecución política y restricción del derecho a la protesta y logró que la propia Suprema Corte (con otros integrantes) se pronunciara contra la tipificación de sedición y que la jueza Riera terminara clausurando el expediente.
Igualmente al poco tiempo, el fiscal Gustavo Zubía, el mismo que fue parte del Partido de la Gente y actualmente es diputado Colorado, pidió su reapertura, cambiando la acusación a “atentado” en lugar de sedición.
Esto fue tomado por la jueza Salterain que dictaminó la condena de cárcel para los 6 acusados.
La apelación del defensor Juan Fagúndez acaba de ser rechazada lo que implica una reactivación de la causa y una nueva amenaza de cárcel para los imputados.
Una aberración jurídica al servicio de criminalizar la protesta
Este resolución del tribunal de apelaciones implica una escalada del poder judicial y de todo el régimen político en la criminalización de la protesta, en este caso, contra los que luchan contra la impunidad para los delitos de la dictadura.
Se quiere dar un escarmiento y a la vez una señal política de que la resistencia hacia las políticas de Estado que sostienen la impunidad no serán aceptados y que todas y todos los que protesten o resistan corren el riesgo de ser juzgados y condenados.
Es una vergüenza que los que pacíficamente se manifestaron contra una decisión abusiva de la Suprema Corte sean perseguidos y puedan ser condenados a la cárcel; mientras cientos de represores militares y cómplices civiles se pasean impunemente sin ni siquiera ser llamados a declarar ni ser juzgados, tratándose de autores de crímenes aberrantes y de lesa humanidad. Esta justicia que se ensaña con los luchadores populares es la misma que se apura en cerrar el caso Astesiano y y darle impunidad al presidente, dejando de lado su responsabilidad y participación en este escándalo político.
Esta nueva prepotencia del régimen político contra los que resisten la impunidad merece la condena unánime de todos los sectores sociales y políticos y demanda una campaña amplia y masiva que se movilice en defensa de los acusados, del derecho a la protesta y contra la impunidad.
Desde La Izquierda Diario nos solidarizamos con los imputados, y como desde el primer día rechazamos esta persecución política y la criminalización de la protesta.
Reproducimos la declaración pública de los imputados, Alvaro Jaume, Irma Leites, Eduardo Jaume y Diego Jaume, ante la resolución del tribunal de apelaciones
El laberinto de burocracias, persecución y criminalización sostiene la impunidad.
El miércoles 15 de febrero se cumplieron 10 años que estamos procesados.
Dijimos en 2021, que ese día "la memoria y la rabia entró a la SCJ. Cientos y cientos de personas reclamamos que la jueza Mariana Mota no fuese desplazada de las decenas de causas de violaciones de DDHH que tenía encausadas.
Se reclamaba que se dejara de amparar a violadores, torturadores, secuestradores. Terroristas de Estado que de esta manera no irían a prisión porque todos esos casos volvieron a foja cero. Y aún hoy, la gran mayoría de ellos siguen impunes"
El 16/09/2013 la fiscalía solicitó la imputación por el delito de Atentado.
El 19/09/2013 se realizan las audiencias.
El 4/11/2013, siete personas fuimos procesadas por el delito de Asonada. La fiscalía otra vez en desacuerdo, presentó una apelación en noviembre de 2013.
La Defensa considera que la tipificación implica "una conducta impune” y se interpone el recurso de Inconstitucionalidad.
La Suprema Corte (Ac doc) conformada para este caso, declara la Inconstitucionalidad (Sentencia N° 104 del 27 de abril de 2015)
La Fiscalía vuelve a discrepar y el 23 de octubre de 2015.
La defensa presentó otra Apelación y Nulidad. No es aceptado.
El 2 de febrero de 2016, la jueza de ese entonces, desestima el pedido de procesamiento por el Delito de Atentado ya que estábamos procesados por Asonada y dispone la clausura definitiva y archivo de la causa, basada en que ya existía un fallo de Inconstitucionalidad.
El 3/2/16 se notifica al fiscal. Al otro día, el 4/2/16 este presenta una queja por denegación de apelación y nulidad volviendo a pedir se procese por Atentado y se expide contra la clausura definitiva y archivo de actuaciones.
La defensa es notificada el 29/4/16 y presenta otra demanda el 9 de mayo de 2016.
El 2 de mayo de 2017 se da una nueva instancia.
La defensa responde el 9 de mayo de 2017.
El 13 de junio de 2019 se notifica la Sentencia del Tribunal de Apelación de 4to. Turno.
El 14 de febrero de 2023 a un dia de que prescribiera la posibilidad de condenar porque se cumplían 10 años de los hechos el Tribunal de Apelaciones comunica que fuimos todos condenados a 24 meses de prisión.
Enterados de esto estamos estudiando con nuestros defensores qué caminos seguir. Hay dos semanas por delante para solicitar el recurso de Casación ante la Suprema Corte de Justicia.
Preguntamos ¿no parece demasiado que a diez años de los hechos sigamos siendo sometidos a un juicio cada vez más incriminatorio y punitivista?
Basta de impunidad
Basta de criminalización y judicialización de la protesta
Cese de persecución política.
Álvaro Jaume- Anibal Varela- Irma Leites- Anibal Varela- Eduardo Jaume- Diego Jaume.
Febrero 2023 | 
