El Decreto con Fuerza de Ley dictado por el gobierno de Gabriel Boric tiene por objetivo desplegar de manera inmediata a militares a las fronteras. La movilización de las Fuerzas Armadas a las regiones del norte se realizará durante esta semana, según indicó el subsecretario Monsalve. Pero para entender el panorama completo hay que ir un poco más atrás.

La posibilidad de militarizar las fronteras fue habilitada por una indicación presentada por el propio gobierno a la Ley de Protección de Infraestructura Crítica, recientemente aprobada por el Congreso. Esto se dio en el marco de la enorme presión que los partidos de la derecha han ejercido durante estos meses para decretar el estado de excepción en el norte del país. La respuesta del gobierno fue establecer mecanismos permanentes para desplegar a las Fuerzas Armadas.

Recordemos que la Ley de Infraestructura Crítica fue impulsada por los sectores más vociferantes de la derecha durante el 2019. Carmen Gloria Aravena, actual senadora del Partido Republicano, fue una de las impulsoras de la ley. Según sus propias palabras, “se trata de una norma de gran relevancia para el país, que impulsé junto a otros parlamentarios en noviembre de 2019, tras observar el ataque sostenido a infraestructura estratégica para el país a partir del estallido de violencia que se inició en octubre de ese año”.

La ley aprobada define como infraestructura crítica una amplísima variedad de lugares. Entre ellos, instalaciones de generación y distribución eléctrica, agua, gas, telecomunicaciones, instalaciones de transporte, la relativa a la conexión vial (léase carreteras), aérea, terrestre, marítima, portuaria o ferroviaria, la correspondiente a servicios de utilidad pública, como los sistemas de asistencia sanitaria o de salud, entre muchos otros lugares.

La mayoría se trata de lugares de trabajo o lugares donde históricamente se han realizado paralizaciones y manifestaciones. Así las cosas, si el Presidente estima existe un peligro grave o inminente contra el país, podrá decretar la militarización de dichos lugares de trabajo con la excusa de la protección de infraestructura crítica.

Esta ley no pudo ser aprobada durante el gobierno de Piñera. De hecho, Gabriel Boric votó en contra y argumentó que “militares entrenados para controlar ´muchedumbres´ por Fuerzas Especiales de Carabineros que han cometido graves violaciones a derechos humanos. ¿Qué podría salir mal? Es nuestro deber rechazar que el Presidente esté facultado para sacar arbitrariamente militares a la calle”. Ahora lo que no pudo hacer Piñera, lo hace ell gobierno progresista de Gabriel Boric. Y para esto contó con los votos del Partido Comunista y del Frente Amplio.

¿Qué podrán hacer los militares en las zonas fronterizas?

El decreto establece una serie de prerrogativas para las Fuerzas Armadas. A su vez, se establecen ciertos “principios” que debería seguir la acción de los militares y un protocolo de uso de la fuerza.

El documento publicado por La Tercera habla sobre el control de identidad y registro. "Las Fuerzas podrán controlar la identidad de cualquier persona que se hallare al interior de las áreas de zonas fronterizas y proceder al registro de sus vestimentas, equipaje o vehículo, en los términos señalados en los artículos 85 y 86 del Código Procesal Penal". De acuerdo a la Contraloría, dicho control se realizará en el caso que existan indicios de algún delito o intento de cometerlo. El control de identidad que pueden realizar Carabineros ha contado con la misma limitación, pero todos sabemos que eso no es obstáculo para ejercer dicho control de manera totalmente arbitraria e indiscriminada.

Los militares también podrán revisar vestimentas, registrar pertenencias, vehículos, etc. Así también, podrán realizar detenciones en los casos de los artículos 129 y 130 del Código Procesal Penal.

Partido Comunista apoya la medida

El Partido Comunista se sumó a la medida. El diputado Boris Barrera, jefe del Comité del PC, planteó que el decreto cumple con sus expectativas, “diciendo que toda acción de las FF.AA. se base en el resguardo de los Derechos Humanos (...) Espero que cumpla su objetivo en torno a la dificultad que tenemos del resguardo a la frontera, y espero que se pueda usar de buena manera”.

La derecha, si bien destacó que es un avance en la dirección de su agenda, criticó los protocolos de uso de la fuerza por considerarlos muy restrictivos y presionará para que prácticamente no exista ningún tipo de limitación legal ni reglamentaria a la acción represiva. Pero como ha quedado demostrado durante todos estos meses, la derecha ladra y exige, el gobierno cede dándole un cariz de “derechos humanos” al aumento de la represión y la militarización.

El aumento de la delincuencia, la degradación y crisis social es un hecho, sobre todo luego de los efectos de la pandemia, el aumento de la carestía de la vida producto de la guerra en Ucrania y la recesión económica. Apelar al aumento de la militarización y de medidas punitivas es presentado como la solución por todos los partidos del régimen, pero en ningún país medidas como estas han solucionado el problema. De hecho, muchas veces las termina agravando. Por ejemplo, la "guerra contra la droga" impulsada por el gobierno de Nixon en 1971 se ha mantenido durante 50 años y en junio del 2011, la Comisión Global de Políticas de Drogas declaró que "la guerra mundial contra las drogas ha fracasado, con consecuencias devastadoras para las personas y las sociedades de todo el mundo". Hoy no hay ningún analista serio que pueda negar esta realidad. Pese a la militarización, en diversos países el narco, o lo que la prensa llama "crimen organizado", sigue más fuerte y presente que nunca, con influencia en los círculos de poder, las policías y las fuerzas armadas. De hecho, en Chile ya hemos visto casos de Carabineros implicados en robo y venta ilegal de armamento.

La militarización, a diferencia de lo que quieren presentar, no representa una solución inmediata y eficaz. Se utiliza como excusa como fortalecer las medidas coercitivas que luego serán utilizadas contra los trabajadores y el pueblo. Un ejemplo claro es la aprobación de la ley de infraestructura crítica. ¿Qué tiene que ver la lucha contra el narcotráfico con el resguardo militar de hospitales, el metro, transporte, los servicios de agua, gas y electicidad? Obviamente este tipo de medidas están pensado para enfrentar procesos de lucha de clase, como fue la rebelión de octubre de 2019. Que no nos engañen.