En Ñuñoa, una casa que actualmente se utiliza para hospedaje, perteneció a una persona detenida y torturada durante la dictadura militar, además en la misma casa se habrían torturado en 1980 a dos estudiantes de periodismo de la Universidad Católica, Eduardo Jara y Cecilia Alzamora, donde uno de ellos falleció.

Misma situación pasa en el refugio las melosas de san José de Maipo, y el ex sanatorio naval de Los Maitenes en Limache, los que también fueron centros de tortura durante la dictadura de Pinochet, donde el primero es ocupado por Carabineros, mientras que el segundo por la Armada.

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Todo esto ocurre en completa impunidad, a 50 años de la dictadura militar que dejo a más de 40 mil víctimas, y a más de 3 mil muertos y desaparecidos. Para las activistas y organizaciones de reparación y justicia por los crímenes de dictadura, estos recintos deberían destinarse a la memoria de lo ocurrido, pero hipócritamente y con total descaro están siendo utilizados para la recreación de las mismas instituciones que cometieron estos crímenes y que actualmente se mantienen en impunidad.

Las organizaciones por justicia y reparación ante los crímenes de dictadura, junto a trabajadores, pobladores, diversidades y estudiantes tienen que enfrentar esta impunidad que hasta el día de hoy se mantiene, y que se viene perpetuando con los gobiernos de transición, y con el gobierno de Gabriel Boric, que mantiene a presos políticos y en impunidad a aquellos que violaron sistemáticamente DDHH en el estallido social. A esto se suma que el día de ayer se conmemoraron 50 años del asesinado de Juan Pablo Jiménez, dirigente sindical que lucho contra el subcontrato.

Frente a esto ponemos énfasis en que solo la fuerza y organización conjunta de amplios sectores podrá conquistar la justicia, reparación y castigo ante los crímenes cometidos hacia el pueblo trabajador.