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La Izquierda Diario
18 de enero de 2025 Twitter Faceboock

MADRID
Elecciones a Rectorado en la Universidad Carlos III: polémica, corrupción y falta de democracia en la universidad
Contracorriente Madrid

Como cada cuatro años, se convocan elecciones a Rector en la Universidad Carlos III de Madrid. Esta vez, seis candidatos disputarán el puesto que actualmente ocupa Juan Romo, único candidato desde 2015. El actual periodo electoral está atravesado por acusaciones cruzadas de corrupción, que se suman a lo antidemocrático de las elecciones a rector, donde la participación estudiantil es mínima. ¡Por el voto nulo en las próximas elecciones!

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El 1 de marzo de 2023 se celebran elecciones a Rector en los diferentes campus que conforman la Universidad Carlos III de Madrid. Esta vez, nos encontramos con un panorama electoral complejo y escandaloso: seis son los candidatos que aspiran a ocupar el tan preciado puesto de Rector al mismo tiempo que llevan a cabo campañas electorales de difamación y críticas recíprocas. Durante estas semanas, estudiantes, trabajadores y docentes de la Universidad hemos estado recibiendo un sinfín de programa electorales y de apelaciones a participar en este (dicen) democrático proceso electivo. Pero que no nos engañen: como hemos podido ver en elecciones tanto de esta universidad como de otras, el papel que ocupamos la mayoría de plantilla y estudiantes de la universidad en este tipo de procesos es mínimo.

Al igual que en el Claustro, en las elecciones a Rectorado, o cualquiera de las instituciones “representativas” que conforman hoy las universidad públicas, les estudiantes nos vemos con una infrarrepresentación, contando nuestro voto solo un 20% (sumando estudiantes de grado y posgrado), mientras que el de los doctores vale un 54%. Asimismo, el peso de voto del personas de administración y servicios es solo un 8%. El voto de un catedrático puede llegar a valer como el de 100 estudiantes. Además, el Claustro es consultivo y el Rectorado tiene poderes por encima del mismo.

Las dos últimas candidaturas fueron cooptadas por un único candidato, el cual ocupa actualmente el puesto: Juan Romo. Tanto en las elecciones de 2015 como en las de 2019, esta persona obtuvo más votos en blanco que a favor (no pudiendo perder al ser el único candidato), y la participación fue llevada a cabo básicamente por los cuerpos docentes universitarios y demás profesores, doctores, eméritos, visitantes, etc. Mientras tanto, tanto los estudiantes de grado y posgrado como el personal de administración y servicio, participamos mínimamente. Esto no es casualidad, en un contexto en el que la mayor parte de la comunidad universitaria tiene un pequeño porcentaje de los votos frente al voto de los catedráticos, el motivo de la desmovilización estudiantil al voto es evidente.

Esta inacción se puede ver en los resultados de las dos últimas elecciones: en las de 2015, Juan Romo fue elegido 771 votos a favor, 804 en blanco y 221 nulos; mientras que en las de 2019, siendo también el único candidato, fue elegido con solo 579 votos a favor y 1293 votos en blanco. De estos últimos, 687 votos en blanco pertenecían al sector estudiantil (estudiantes de grado y posgrado), y 393 al personal de administración y servicios.

En otras palabras, los cuerpos que formamos la mayoría universitaria, somos los que menos votamos en las elecciones a rectorado, porque este organismo no representa nuestros intereses sino los de una casta universitaria que gobierna para las grandes empresas como el banco Santander y que entra y sale de sus consejos de administración. Actualmente, se escuchan diversas voces de catedráticos y personas universitario que acusa la apatía de los estudiantes en relación con este tipo de procesos electorales. A pesar de esto, la realidad, aunque no se pueda descartar la desmovilización estudiantil con sus diversos motivos, es que nuestro voto no cuenta nada en comparación con los votos de catedráticos y rectores.

Por su parte, el Consejo Social, el organismo que realmente dirige las universidades, está compuesto por el rector, algunos catedráticos, un solo estudiante y, lo más alarmante, representantes de empresas. De hecho, en la Carlos III, el presidente del Consejo es Matías Rodríguez Inciarte, vicepresidente y consejero del Banco Santander. A través de estas posiciones, las empresas y bancos intervienen en la universidad eligiendo qué estudiamos, cómo se distribuyen las becas y qué cobran los trabajadores.

Un pequeño detalle de este régimen antidemocrático es que al Consejo Social no lo vota nadie. Y en cuanto al rectorado, si ya existe una infrarrepresentación de las mayorías universitarias en las elecciones, nos encontramos sectores que ni siquiera pueden acceder a la votación, como el personal de servicios de la cafetería o de limpieza. Estos puestos, que son normalmente ocupados por la parte de la clase obrera más precaria de toda la universidad, no tienen ni voz ni voto en cuanto a la elección de la persona que, a través de las resoluciones del Consejo Social y de los presupuestos anuales del centro, decide acerca de su salario.

Además de soportar este tipo de procesos antidemocráticos y las críticas de inactividad que lanzan sobre las espaldas de las estudiantes tenemos que lidiar con múltiples escándalos que esta campaña ha traído consigo y que muestran el carácter de la casta universitaria. Uno de los candidatos, Jesús Javier Sánchez Barricarte, ha acusado directamente al actual rector de haber recibido fondos de manera ilícita por unos supuestos cursos que nunca llevó a cabo, además de acusar a profesores de haber llegado al puesto que ocupan por enchufismos y favoritismos.

Pese a que no podemos saber la veracidad del testimonio de Sánchez Barricarte, sabemos que los enchufes y favoritismos en la universidad forman parte de su funcionamiento habitual. Además, la solución no está en votar a oteo candidato que no sea Romo. El mismo candidato que lo acusa es un conocido ultra derechista que ha defendido que “el aborto debilita los derechos de la mujer”. Otro ejemplo de cómo habitualmente se consolidan en las capas mas altas y poderosas de la universidad una casta ultra derechista y rancia que dirige con discursos reaccionarios.

Los rectores y decanos son también quienes permiten que furgones policiales y antidisturbios entren a sus anchas en las universidades cuando el estudiantado protesta, como sucedió en la Complutense con la movilización estudiantil en contra del nombramiento de Ayuso como Alumni Ilustre o con la movilización en contra de la presencia del embajador del estado genocida de Israel. En el caso de la UC3M, la represión que vivimos las estudiantes es diaria: la actividad política de las asociaciones se ve continuamente interrumpida porque el servicio de seguridad, siguiendo órdenes del rectorado, reprime la movilización y la agitación de las actividades organizadas por estudiantes: charlas, asambleas, carteles, pancartas.

Para nosotras, esta base antidemocrática que suponen todas las instituciones y figuras de autoridad para las Universidades Públicas no puede ser arreglada con uno u otro rector, ya sea más progresista o menos. Las campañas electorales son momentos en los que vemos especialmente la falsedad y falta de democracia en la universidad, los falsos discursos de afecto al estudiantado o a las asociaciones universitarias.

Los y las estudiantes que luchamos cada día por construir centros públicos democráticos que valgan la pena para la sociedad en su conjunto sabemos de primera manos que un cambio de rector sirve para bien poco más que para perpetuar la obstaculización la propia autonomía de estudiantes y trabajadores. Es por este motivo, que la única opción es el voto nulo en las próximas elecciones a rector.

La lucha de los estudiantes debe ser por una universidad dirigida en asambleas de estudiantes y trabajadores centros autoorganizados, que sirvan como punta de lanza de los procesos de lucha, como la actual lucha por la sanidad pública. Solo este tipo de universidad podría ser capaz de ponerse al servicio de los problemas sociales, como la crisis climática. Una universidad así habría sido clave en un momento como la pandemia de COVID-19, donde todos los recursos de investigación deberían haberse puesto al servicio de desarrollar tratamientos.

Unas universidades gobernadas por trabajadores y estudiantes dejarían de ser máquinas de formación de futuros trabajadores explotados. En suma, centros radicalmente democráticos, públicos, con gratuidad de tasas, al que todos y todas podamos acceder con independencia de nuestras circunstancias materiales. Luchamos porque esta educación sea realmente de calidad y sin empresas. Queremos pasar de la crítica de la universidad de clases a la crítica de la sociedad de clases, como reivindicaron los estudiantes en mayo del 68.

 
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