Este jueves comenzaron a escucharse los testigos citados para investigar el pedido de juicio político impulsado por la comisión de diputados en el Congreso Nacional. En primer lugar declaró el juez Sebastián Ramos, quien archivó la causa abierta para investigar la relación entre la Corte y el gobierno porteño a partir de los mensajes cruzados entre Silvio Robles y Marcelo D’Alessandro, a pedido del fiscal Carlos Stornelli. El juez Ramos negó tener vínculos con el ministro de Seguridad porteño, pero minutos después se difundió en internet una conversación -de tan desconocida procedencia como los chats de Lago Escondido- donde supuestamente le estaría agradeciendo la entrega de automóviles nuevos.
En segundo lugar fue el turno del juez Alejo Ramos Padilla, quien recibió la denuncia del gobernador Axel Kicillof en base a la misma relación entre Robles y D’Alessandro, pero a diferencia de Ramos, sostuvo que debía investigarse la denuncia sobre los mensajes cruzados, aunque se declaró incompetente. En su exposición, Ramos Padilla expuso múltiples mecanismos judiciales que detectó también en otras causas que tuvo conocimiento, así como en su experiencia personal, de escuchas ilegales, y el espionaje ligado al armado de causas judiciales.
Entre los presentes, Myriam Bregman, diputada nacional por el PTS en el Frente de Izquierda Unidad, tomó la palabra para exponer desde su propio conocimiento como abogada en múltiples causas: “En unos días vamos a ir a juicio oral el 14, 15 y 16 de marzo contra un agente de Los Plumas de la Federal -algunos los conocerán por la serie IOSI- se llama Américo Balbuena y en ese juicio, del cual soy abogada, desde el año 2013 (para que vean cómo actúa el poder judicial) diez años para ir a juicio, cuando está completamente comprobado que se infiltró en decenas de organizaciones. El fiscal es Stornelli, qué ha hecho Stornelli en ese juicio: actuar de abogado defensor de la Federal. Buscar a ver si las querellas cometían un error, buscar a ver qué pasaba para que la causa se trabe y no llegue a esa instancia.”
También mencionado en la declaración que realizó el juez Ramos Padilla, el fiscal Stornelli será citado por la comisión de juicio político a declarar como testigo. Sin embargo, el entramado entre Poder Judicial y espionaje ilegal para el armado de causas es profundo, como continuó denunciando Bregman en otras causas de persecución a trabajadores y sectores populares (un tema que no se habla en la comisión):
“Proyecto X noviembre del 2011: duerme en Comodoro Py. Allanamientos pedidos por quien habla, que demostraron que había una base de inteligencia ilegal en la Gendarmería. Previo se había demostrado por una acción del CELS que había una base de inteligencia ilegal de la armada y comandada por Godoy. Desde el 2011 duerme en Tribunales a pesar de que hay sobrada prueba de que era un espionaje absolutamente ilegal que comienza con una orden judicial. Aquí había varios jueces de la jurisdicción Federal de San Martín que ordenaban a la Gendarmería, en este caso específicamente, actuar sobre cortes de la autopista Panamericana. Se le decía identifique a quienes actúan, esa identificación implicaba que infiltraban personas, que mandaban a los locales partidarios. Es decir, era utilizada una orden judicial que (tampoco la comparto por supuesto) para avanzar sobre el uso de inteligencia absolutamente ilegal.
Este escandaloso espionaje de la cual la justicia no está exenta; pasan los gobiernos los servicios de inteligencia quedan, dijo Víctor Basterra cuando era liberado, pero la justicia es parte de este andamiaje.”
Para finalizar, a raíz de la mención de si hay presos políticos en el país, destacó la necesidad de “reclamar la absolución y absoluto cese la persecución a los compañeros Arakaki y Ruiz” por haber participado de las movilizaciones de diciembre de 2017 contra la reforma previsional, “por las cuales nosotros también nos iniciaron cinco causas penales.”
Ramos Padilla por su parte, y en coincidencia con los mecanismos expuestos por Bregman, concluyó que “La Agencia Federal de Inteligencia y los servicios de inteligencia fueron avanzando en sus actividades. Estamos hablando de un funcionamiento irregular de todo el Poder Judicial. Esto se agrava día a día. Si no le ponemos un límite a esta relación entre los servicios de inteligencia y el Poder Judicial, el manejo de escuchas ilegales, los abusos de autoridad, vamos a tener una República en la que se van a perder los derechos individuales”. |
