Lacteos Vidal es una de esas famosas “PyMes” que utilizan los empresarios para hacer una campaña antiobrera. No es una megaempresa, queda en una localidad del interior y “sufre” una protesta obrera. Por eso cuando se desató el conflicto, Mauricio Macri, Patricia Bullrich y el Movimiento “Antibloqueos” lo tomó como bandera.
¿Cuál era el origen del reclamo? Los trabajadores de Lácteos Vidal empezaron a reclamar por falta de personal y de recategorizaciones, incumplimiento de las normas de seguridad e higiene, descuentos arbitrarios. A mediados de 2022 iniciaron una protesta en la planta de Carlos Casares. La mayoría de los trabajadores se sumaron a la protesta, a pesar de los aprietes de la familia Bada Vázquez, propietaria de la empresa.
Además convocaron al sindicato ATILRA, que llamó al paro y realizó piquetes junto a los obreros.
Lácteos Vidal, con la colaboración de la mediática abogada Florencia Arietto y el “Movimiento Antibloqueos”, presentó una denuncia por ocupación, despojo, daños, amenazas y cuánta figura antiobrera existiera en las leyes. Sabemos que el poder judicial suele fallar a favor de los trabajadores.
Contaron con el apoyo de medios como Clarín, La Nación e Infobae, que estigmatizaron la protesta y buscaron victimizar a la empresa que atacaba los derechos laborales.
Finalmente, el Juzgado desestimó las denuncias patronales. Según informó este viernes Infogremiales, “el juez de Garantías de Trenque Lauquen falló que «según surge de los términos de la denuncia, no existe despojo respecto del inmueble objeto de la contienda» (art. 181 CP) «sino que se presenta como una ocupación temporaria de un terreno baldío en el marco de una huelga gremial»”. Además la sentencia muestra que la acusación de amenazas era falsa: las denunciantes, parte de la patronal, dijeron que en realidad las habían “sufrido” los empleados, que las desmintieron. Muchos de ellos aclararon que estaban participando de las medidas de fuerza.
Un papelón para la campaña del Movimiento Empresarial Anti Bloqueos (MEAB) y la oposición de derecha. El fallo reconoce que el derecho de huelga y de protesta no son delito. Algo elemental pero, hay que reconocerlo, puesto en cuestión no solo por la derecha sino por gobiernos peronistas, incluido en las provincias que gobierna.
Pero Vidal y la derecha no pierden las mañas. En este momento la empresa vive otro conflicto, por encuadrar mal a 30 trabajadores. La empresa factura 33 millones por día pero se empeña en aumentar la precarización. O quizás por eso le va tan bien.
El Ministro de Trabajo bonaerense, Walter Correa, dijo que “se trabaja en profundidad” para resolver el conflicto. Parece que no hay mucho apuro para hacer que los empresarios respeten las leyes laborales. | 
