Este 25 de marzo se cumple un año desde que el directorio del Fondo Monetario Internacional (FMI) apruebe el acuerdo de Facilidades Extendidas con la Argentina, que permitió en gran medida validar la fraudulenta deuda macrista con el organismo por U$S 45.000 millones.
Desde ese entonces la distribución del ingreso (de toda la riqueza generada en el país por el trabajo) continuó empeorándose en forma regresiva, es decir, en contra de los trabajadores y a favor de las patronales. El resultado: una transferencia histórica de U$S 20.250 millones desde los primeros a los segundos entre el primer y el tercer trimestre de ese año, según el estudio realizado por el Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas dirigido por los economistas Claudio Lozano y Ana Rameri.
El Frente de Todos aseguraba que era posible renegociar la fraudulenta deuda externa con los fondos privados y reestructurar el acuerdo del macrismo con el FMI y que con ello iba a terminar con el ajuste y mejorar la situación de la clase trabajadora. Se demostró, una vez más, su imposibilidad, porque bajo estas condiciones la única prioridad es asegurar la rentabilidad empresaria y eso va en contra de los intereses del pueblo trabajador.
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